(Caracas, 02/06/2020).- La plenaria de la Asamblea Nacional condena y denuncia los actos de persecución e intimidación emprendida por el régimen de Nicolás Maduro en contra del Procurador Especial, de los miembros de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela y de cualquier otro funcionario del Gobierno interino, “que en el marco de sus competencias y funciones en representación de Venezuela, ejerza la defensa y protección de los activos y bienes de la nación”.
El Acuerdo aprobado se manifiesta frente a la política de persecución emprendida por el régimen de Nicolás Maduro, a través del secuestrado sistema de justicia venezolano, como parte de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que ha venido incurriendo en un vano intento por detener el proceso de transición en Venezuela.
La resolución ratifica la defensa del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, el cual será ejercida por el Gobierno del Presidente encargado Juan Guaidó, en cumplimiento de las decisiones dictadas por esta Asamblea Nacional, por medio del Acuerdo aprobado el pasado 20 de mayo de 2020.
De igual forma, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz, alertó a la comunidad internacional y autoridades en materia de DD.HH que la dictadura “pretende socavar las resoluciones de diversos juicios que se están llevando a cabo en este momento sobre Venezuela”.
Reiteró que los funcionarios designados legítimamente por el Gobierno Interino de Venezuela, son víctimas de gravísimos acosos y persecución política constante, por parte por parte de la “satrapía madurista y sus cómplices”.
Señaló que la seguridad física de los funcionarios elegidos por el presidente encargado Juan Guaidó y plenamente autorizados por la Asamblea Nacional legítima, para proteger los recursos de todos los venezolanos que se encuentran en otras latitudes y así evitar que los personeros de la dictadura se apoderen ilícitamente del dinero del estado, ha estado comprometida en diversos ataques por parte de colectivos y las fuerzas de seguridad de la dictadura.
Durante su intervención recordó las recientes acciones ejecutadas por el gobierno encargado para proteger las reservas de oro que pertenecen a la República de Venezuela, depositadas en el Banco de Inglaterra y que el régimen quiso recuperar, pero su proceder fue infructuoso, ya que dicha institución financiera argumentó que no reconoce la autoridad de la actual dirección del BCV y la ilegitimidad de Nicolás Maduro.
Exaltó la “gestión impecable” del Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández y las autoridades del BCV designados por el presidente Guaidó, a favor de la defensa y resguardo de los intereses de la República y aclaró que dichos recursos están congelados hasta que se logré instalar el Gobierno de Emergencia Nacional, los cuales afirmó, que serán empleados en la recuperación y progreso de Venezuela.
Por otra parte, Solórzano rechazó la arremetida contra el procurador especial, José Ignacio Hernández, y el presidente ad hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil, a quienes el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron ilegalmente sus residencias en la ciudad de Caracas.
“Los funcionarios del Gobierno interino junto a los diputados de las fuerzas políticas democráticas del país, hemos decidido dedicar nuestras vidas, tiempo, espíritu y corazón por la lucha en rescatar la democracia y libertad en Venezuela”, destacó.
