Caracas, martes 21 de julio de 2020*.- Súmate denunció y alertó a la plenaria, de la Asamblea Nacional, la sistemática acumulación de acciones ilegales e inconstitucionales que deterioran las condiciones electorales existentes en Venezuela.
Así lo informó el director de Súmate Francisco Castro ante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, de este martes 21 de julio vía online, con el fin de informar sobre el balance de los acontecimientos de las últimas semanas que enturbian los procesos electorales.
Destacó que el contenido de este balance es la prueba de que no se ha emitido ninguna señal de que se esté trabajando en lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto como mecanismo de expresión y cambio en democracia.
“Vienen días más difíciles en medio de la fase de crecimiento de los contagios por COVID-19. Ya observamos como sistemáticamente desmejoran las condiciones para lograr un proceso electoral justo, libre y transparente, esto podría ser mucho peor en el contexto de la pandemia, en su fase de expansión.
Considera que dar respuesta a todos estos problemas que afectan la integridad de los procesos electorales en todos sus aspectos es crucial, para motivar la participación ciudadana la credibilidad y la legitimación nacional e internacional. “Estas elecciones que se pretenden celebrara en diciembre, lejos de contribuir a la crisis política económica y social del país que vivimos, podrían empeorarla”.
Así mismo destacó que a pesar de la controversia sobre la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia, designaron las autoridades del CNE, a través, de la Sala Constitucional usurpando las competencias de la Asamblea Nacional.
“Luego el TSJ usurpa al CNE recién nombrado, designando su presidente, vicepresidente y los órganos subordinados. Además, designan como presidenta del CNE a la magistrada de la Sala Electoral Indira Alfonso, que en el 2015 impidió incorporar a este parlamento a los diputados de amazonas y al representante indígena por la región sur. La misma que fue responsable de imponer la el desacato a la Asamblea Nacional en enero de 2016”.
Apuntó que de forma ilegal se emprendió desde el TSJ un proceso político para intervenir los partidos de oposición y el CNE no se ha pronunciado al respecto. “Cuando la democratización de las estructuras internas de los Partidos Políticos es su responsabilidad”.
También cuestiono que el CNE el pasado 1 de julio convocó a elecciones parlamentarias y publican el cronograma electoral 10 días después de la convocatoria, cuando la Ley Orgánica de Procesos Electorales, exige que se publique el mismo día que se anuncia el llamado a elecciones. “Este es un principio fundamental de transparencia”.
Por otra parte, Castro rechazó que el CNE emitió unas normas especiales que violan la Constitución, que prohíbe expresamente cambiar normas electorales 6 meses antes de una elección. “Prohíbe cambiar la composición del parlamento o modificar el Sistema Federal de Gobierno como se pretende hacer, introduciendo una lista nacional de 48 diputados” explicó el director de Súmate.
Reveló que el análisis que realizó Súmate a las normas especiales les permitió concluir que los cambios al sistema de transformación de votos empeoran los procesos de 2010 y 2015. En ese sentido expuso que el efecto combinado de las modificaciones y el aumento de la cantidad de diputados diluye el peso de los representantes en el nuevo parlamento.
“El sistema no solo es injusto en cuanto a la asignación de proporcionalidad, sino que facilita que un partido puede tener la mayoría de los escaños del parlamento sin ganar la mayoría de los votos totales. No solo esto, sino que en algunos escenarios es posible que se logre el 80 por ciento de representación, con el 40 por ciento de los votos”, indicó Castro.
Dijo que el sistema es contrario al pluralismo político, perjudica las minorías, desmotiva la participación de los partidos regionales y estimula la polarización de la política frete a las coaliciones electorales.
Por otra parte, afirmó que la opacidad del CNE ha generado incertidumbre en la población indígena en la elección de sus representantes. Afirmó que el cambio en las normas afecta el peso de la representación indígena que la ha contraído en casi el 70 por ciento la influencia total de los diputados por los pueblos originarios en la composición de la Cámara.
Explicó que cuando faltan 8 meses y medio para la elección no hay información transparente sobre licitación de nuevas máquinas. “El sistema que utilizarán o los mecanismos de auditoria, en un contexto en el que se generaron amplísimos debates sobre la confiabilidad del sistema automatizado, después de las denuncias de Smartmatic, de aumentos de votos en la Constituyente o el fraude en las actas de la elección a la gobernación del Estado Bolívar”.
En cuanto al proceso de actualización en el Registro Electoral, destacó que hay más de 2, 6 ciudadanos dentro de Venezuela por inscribirse y más de 1, 6 millones que deben actualizar su residencia y su centro de votación. “Esto hacerlo en 13 días en más de 500 máquinas que rotarían en unos 800 puntos, en todo el país y en un contexto de pandemia, es matemáticamente imposible. No se garantiza el derecho a la participación a la totalidad estos de más 4 millones de ciudadanos”.
Dijo que el análisis técnico del operativo de inscripción y actualización, refleja que el 4,5 por ciento de los municipios y el 58 por ciento de las parroquias del país no contaran con puntos de registro electoral.
“El 25 poco ciento de los ciudadanos no tendrán acceso en su parroquia a este operativo, los puntos de actualización e inscripción del registro se encuentran distribuidas por entidades de manera desproporcionada, Ciudades que aglutinan 55 por ciento de la población solo se le asignas el 37 por ciento de los puntos, mientras que en poblaciones rurales y centros poblados medianos y pequeños que contienen el 20 por ciento de la población se asignan más del 45 por ciento de puntos”, explicó Castro.
Indicó que el CNE solo asigna 15 días para la campana electoral, además el ente comicial no se ha pronunciado para rechazar las declaraciones del jefe del Plan República encargado de procesos sensibles en la organización del proceso electoral.
Finamente advirtió que no hay garantía de que luego de las elecciones el CNE proclame los resultados e imponga como poder público independiente el resultado electoral. “En 5 años el CNE no se pronuncio sobre la grave intromisión del TSJ en la proclamación de los diputados de Amazonas y en el 2017 no hizo nada para hacer valer los resultados de la gobernación de Bolívar y la del Zulia”.
