ACUERDO EN RECHAZO A LA REPRESIÓNCONTRA EL PUEBLO DE NICARAGUA

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Como vocera del Pueblo Libre, Soberano y Democrático

ACUERDO EN RECHAZO A LA REPRESIÓN
CONTRA EL PUEBLO DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

Que hay gobernantes autócratas que ganan elecciones violando las condiciones de competencia electoral justa y mediante la venta de una esperanza de bienestar y progreso a las grandes mayorías empobrecidas, pero que una vez a la cabeza del Estado, buscan someter al resto de los poderes para concentrar la autoridad en sus manos y perpetuarse, a costa de las Libertades, tanto individuales como colectivas, sin ejercer un diálogo social constructivo en busca de acuerdos duraderos;

CONSIDERANDO

Que uno de los países donde se manifiesta este fenómeno de creciente autoritarismo es la hermana República de Nicaragua y su pueblo, que desde el 2016  el Poder Ejecutivo ha tomado medidas  en contra del Estado de Derecho, la Constitucionalidad, la División de Poderes y el respeto a los Derechos Humanos, como lo fue, la destitución, realizada por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de 28 diputados (16 principales y 12 suplentes) electos por el hermano pueblo centroamericano, con la finalidad de minimizar la capacidad de influencia de la Oposición Política;

CONSIDERANDO

Que el día 18 de abril de 2018, los estudiantes y el pueblo nicaragüense salieron a las calles a protestar en defensa de sus derechos a la Protección y Seguridad Social ante la decisión del régimen de Daniel Ortega de poner en vigencia el decreto presidencial 3-2018 publicado en Diario Oficial  que aumenta la cuota que aportan los trabajadores de un 6.25%  a un 7%, y obliga a los jubilados a pagar un 5% de sus pensiones para servicios de salud, reduce de un 80% a un 70% la pensión que se entrega a los jubilados basados en su último salario cotizado e incrementa de un 19% a un 22% el aporte de los empresarios al seguro social; siendo violatorio a los principios internacionales que refieren a la no posibilidad de desmejorar los derechos y beneficios alcanzados a nivel laboral, tanto  en lo particular y social como en  lo general, todo desarrollado en un contexto de búsqueda de lesionar los intereses del empresariado bajo la procura de la Justicia Social y la Igualdad que son banderas del “Socialismo del Siglo XXI”, que ha sido un modelo que no hace otra cosa que alterar la paz, y cercenar el bienestar y el progreso de los pueblos donde se aplica; 

CONSIDERANDO

Que para la fecha de hoy, martes 24 de abril de 2018, se registran decenas de fallecidos y cientos de heridos durante las manifestaciones, siendo la mayoría de ellos, jóvenes estudiantes en ejercicio de su derecho a la protesta legítima, así como un profesional de la comunicación social, sin saber con claridad quiénes perpetraron tales crímenes (fuerzas de seguridad del Estado, o bien fuerzas irregulares armadas –colectivos- que actúan en defensa del régimen). Esto, sin lugar a dudas hace de Nicaragua y del resto de los Estados, donde se permite la acción de estos “grupos armados”, Estados crecientemente fallidos y Gobiernos Forajidos; dado que se pierde la capacidad del ejercicio del Monopolio Legítimo de la Violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y todo bajo el resguardo de un gobierno que se aferra al poder;

CONSIDERANDO

Que el régimen de Daniel Ortega también ha cercenado el Derecho a la Libertad de Expresión e Información, al hostigar y presionar a medios de comunicación independientes para que “no cumplan con su legítima función de cubrir e informar los sucesos que ocurren en las calles”, hasta el punto de sacarlos del aire en TV sí no obedecen, al fin de “promover la hegemonía comunicacional del régimen y que su verdad sea la única que pueda ser contada”. Del mismo modo, no se protege a los profesionales de la comunicación, quienes son despojados de cámaras, equipos o bien son golpeados y hasta asesinados durante el cumplimiento de su deber. Tal fue el caso del periodista Ángel Gahona de la cadena Bluefields;

CONSIDERANDO

Que el régimen de Daniel Ortega se pone en contra de la voluntad popular que es la soberanía en cualquier régimen democrático, ya que su único interés es un permanencia en el poder, violando derechos y poniendo en peligro el bienestar de los nicaragüenses, mientras que sectores de la sociedad civil (estudiantes, empresarios y la Iglesia Católica) y los partidos políticos actúan coordinadamente en rechazo a la violencia y en defensa de la Institucionalidad del Estado; tales actuaciones hacen que el Presidente  Ortega vaya perdiendo su legitimidad por vía de un ejercicio ilegal y abusivo de sus atribuciones como Presidente de Nicaragua, que al  cerrarse sistemáticamente a la posibilidad de un  diálogo afectan a la paz social;

CONSIDERANDO

Que los sucesos acaecidos en Nicaragua responden a “un modelo autoritario” que observa rasgos comunes, primero en el régimen Cubano y luego en de Venezuela que fue llevada por  Hugo Chávez y Nicolás Maduro Moros, donde el único interés es la materialización y profundización de la Revolución Socialista, aún a costa de la muerte de ciudadanos inocentes, heridos, lesión estructural de fábricas y comercios, atropellos, violaciones a los Derechos Humanos, cercenamiento de la Libertad de Expresión, Información y Pensamiento, generando con esto un quiebre en las capacidades del Estado para establecer un orden, acudiendo al apoyo de grupos irregulares adeptos al régimen; todo ello para someter y transformar a los ciudadanos y convertirlos en súbditos pasivos y sumisos al poder de estos tiranos del siglo XXI, lo cual requiere una acción global de todos los que defendemos la Democracia, para restituir el orden y el imperio de la ley, a favor del bienestar y el progreso de las grandes mayorías.

ACUERDA

PRIMERO: Manifestar nuestra mayor solidaridad con el pueblo de Nicaragua, principalmente con los familiares y amigos de las decenas de fallecidos y más de cuatrocientos (400) heridos que se registran a la fecha producto de las manifestaciones en el país centroamericano.

SEGUNDO: Denunciar la violación de los Derechos Humanos en la represión acaecida en las manifestaciones ocurridas en Nicaragua, ante la Opinión Pública y los Organismos Internacionales a nivel regional, tales como: Organización de Estados Americanos (OEA) y Parlamentos regionales; así como a nivel global, como es el caso de: la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo, así como en la Unión Interparlamentaria Mundial.

TERCERO: Instar a todos los pueblos americanos y a escala global a asumir una actitud principista y de férrea defensa de la Democracia, la libertad y los Derechos Humanos a la luz de compromisos internacionales firmados y validados como la Carta Democrática Interamericana de la OEA, la Cláusula Democrática de MERCOSUR y lo establecido en el Mercado Común Centroamericano

CUARTO: Declarar el compromiso inquebrantable de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la defensa de la voluntad popular, que es la única autoridad que en Democracia puede elevar o puede relevar a sus gobernantes a través del voto Universal, Directo y Secreto, y a rechazar cualquier abuso o desvío de poder en su ejercicio; dado que este es un fenómeno susceptible de reproducirse en nuestro continente.

QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.