ACUERDO EN RECHAZO A LAS PRETENSIONES DEL USURPADOR NICOLÁS MADURO MOROS DE OTORGAR MINAS DE ORO A LAS GOBERNACIONES

ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO EN RECHAZO A LAS PRETENSIONES DEL USURPADOR NICOLÁS MADURO MOROS DE OTORGAR MINAS DE ORO A LAS GOBERNACIONES

CONSIDERANDO

Que el pasado miércoles 17 de octubre de 2019, el usurpador de la Presidencia de la República, Nicolás Maduro Moros, dio órdenes de otorgar una mina de oro a cada gobernador de los estados subordinados a él y aquellos “protectores” de regiones nombrados por el mismo usurpador, con la finalidad de (…) “abrir una nueva fuente de recursos a gobernadores, gobernadoras, gobernaciones y protectores”, con la firme intención de continuar haciendo daño a la economía nacional, generando mayor impacto negativo a la sociedad y a la ecología en el área que compone el mal denominado Arco Minero, constituido por un territorio con una extensión de 12 millones de hectáreas aproximadamente, que ocupa los espacios de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas;

CONSIDERANDO

Que por lo que ha informado, el usurpador Nicolás Maduro Moros continúa desconociendo las disposiciones establecidas en los artículos 12, 311, 312, 313, 314 y 315 de la Constitución de la República, fracturando el principio de unidad del tesoro referente a los ingresos que competen a la República como propietaria única de los minerales habidos en el territorio nacional;

CONSIDERANDO

Que la gestión fiscal de este régimen desde que han sido gobierno, y ahora en usurpación, no ha tenido límites, ni control; no ha sido regida, ni ejecutada con base a los principios constitucionales de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal;

CONSIDERANDO

Que, al igual que anunciaron con los costosos proyectos de petróleo y gas que han fracasado por mala gestión y corrupción, hoy anuncian que toda esta riqueza también será de los gobernadores y protectores para la felicidad del pueblo, y que tales riquezas obtenidas serán invertidas en producción, salud y educación del pueblo, lo que constituye una burla más para nuestro país;

CONSIDERANDO

Que luego del derroche de las altas ganancias generadas por la explotación petrolera, Venezuela se encuentra sumergida en la peor crisis económica, social, educativa, de salud, seguridad, transporte y vialidad jamás vista en nuestro país, debido a la peor administración de los recursos por parte del régimen;

CONSIDERANDO

Que este régimen usurpador mantiene un descontrol en las áreas de explotación minera al sur del país, donde gobiernan las bandas organizadas y la guerrilla, sin que los órganos del Estado pongan orden a tal situación, generándose muerte y miseria en todas las ciudades, pueblos y caseríos aledaños a esas explotaciones irracionales, en contravención a los derechos consagrados en la Constitución y en la Ley de Minas vigente;

CONSIDERANDO

Que según el artículo 12 de la Constitución de la República, los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República;

CONSIDERANDO

Que el artículo 156 numeral 16 de la Constitución de la República dispone que es competencia del Poder Público Nacional, el régimen y administración de las minas, por tanto, el Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido, y en ese sentido, la ley de asignaciones especiales, que ha sido dejada a un lado por el gobierno usurpador, debió establecer, como se hizo en el pasado, un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los estados, en cuyo territorio se encuentren situadas las minas, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros estados;

CONSIDERANDO

Que en estos momentos aciagos de la Patria, la Administración Pública Nacional no existe, por la usurpación de la Presidencia de la República que mantiene Nicolás Maduro Moros;

CONSIDERANDO

Que por su inexistencia es imposible que la Administración Pública esté al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, incumpliéndose los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho establecidos en el artículo 141 de nuestra Constitución.

ACUERDA

PRIMERO. Rechazar contundentemente las pretensiones de este régimen usurpador de entregar a los gobernadores de los estados y a los mal llamados “protectores” la administración y disposición de las minas de oro y de otros minerales que pertenecen como un todo a la República, incumpliendo con las disposiciones constitucionales en beneficio del pueblo, que prohíben la entrega de nuestros recursos a mafias que quieran continuar desangrando las riquezas de nuestro país.

SEGUNDO. Exigir el cumplimiento y respeto al régimen presupuestario establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la existencia de una Ley de Presupuesto anual, así como el cumplimiento y pleno apego a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Minas y el restablecimiento de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, todas ellas vulneradas e incumplidas reiteradamente por este régimen oprobioso.

TERCERO. Responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro, a los gobernadores del régimen y a los ilegalmente denominados “protectores”, por todos los daños económicos, sociales y ambientales, que ocurrirán, así como de las muertes que a diario ocurren en las áreas de explotación ilegales de minería en el territorio nacional, lo que constituye un delito grave que atenta contra la humanidad.

CUARTO. Exigir al régimen de Nicolás Maduro Moros y a quienes detentan ilegalmente el Poder Ejecutivo Nacional el cese de la usurpación, para la instauración de un Gobierno Nacional legítimo y sólido, a través de elección libre, universal, directa y secreta, que pueda cumplir con su obligación legal de garantizar una explotación minera racional, eficiente y ecológicamente amigable, como actividad necesaria para apalancar el progreso y desarrollo integral del país, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, en la Ley de Minas vigente y en las demás leyes que regulan las actividades mineras y ambientales en nuestro país.

QUINTO. Advertir a las empresas nacionales y extranjeras que aspiren participar en tales proyectos ilegales auspiciados por el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, que luego del cese de la usurpación y una vez instaurado un nuevo Gobierno de amplitud, no serán reconocidas las autorizaciones, contratos o concesiones que hayan sido otorgados por el régimen usurpador, para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional.

SEXTO. Hacer un llamado al bravío pueblo venezolano a participar en manifestaciones pacíficas, activas y de calle, en compañía de los diputados y diputadas miembros esta originaria y legítima Asamblea Nacional; junto a la presión diplomática internacional, para lograr pronto el cese de la usurpación y, en consecuencia, un cambio político en Venezuela.

SÉPTIMO. Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintidos días del mes de octubre de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.