ACUERDO SOBRE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS HUMANITARIOS EN VENEZUELA

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho,

ACUERDO SOBRE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS HUMANITARIOS EN VENEZUELA Y SU EJECUCIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS HUMANITARIOS

CONSIDERANDO

Que en los meses de enero y febrero de 2016, marzo de 2017, febrero y septiembre de 2018, y enero y febrero del presente año, este Parlamento ha evaluado la situación de crisis social y humanitaria imperante en Venezuela, y por lo tanto, ha declarado en su seno la crisis humanitaria en materia alimentaria, de salud, de educación, migratoria, y por las características de la crisis, la aprobación de la Declaración de Emergencia Humanitaria Compleja;

CONSIDERANDO

Que en los meses de enero y febrero de 2019 la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo para la Autorización del Ingreso de Ayuda Humanitaria que permitiera atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano, y este intento de proteger a la población vulnerable fue bloqueado a través del uso de la fuerza de organismos de seguridad y grupos irregulares del régimen usurpador de Nicolás Maduro, y producto de ello resultaron quemados tres camiones que contenían alimentos e insumos nutricionales, 295 personas resultaron heridas, y tres indígenas asesinados, demostrando nuevamente la voluntad del régimen en impedir que la crisis sea solucionada;

CONSIDERANDO

Que en vista del agravamiento de la crisis, y la imperante realidad transversal en la población de ausencia parcial o total en el acceso a los servicios básicos, de alimentos, de insumos médicos, el empeoramiento en la infraestructura del sector salud y educación, y otras condiciones de calidad de vida del ciudadano venezolano, se aprobó en el mes de junio el Acuerdo que alerta el riesgo de catástrofe humanitaria en Venezuela;

CONSIDERANDO

Que las organizaciones y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos han sido objeto de constante hostigamiento y abusos por parte del régimen de Nicolás Maduro, impidiendo que realicen sus labores de denuncia y visibilización e incluso, en el despliegue de sus operaciones para atender la población vulnerable han sido atacados físicamente por grupos irregulares vinculados con el régimen;

CONSIDERANDO

Que ha sido señalado en informes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, que 7 millones de personas requieren Ayuda Humanitaria; 6,7 millones de venezolanos están bajo inseguridad alimentaria y riesgo nutricional debido a los altos costos de los alimentos en el país; 4,3 millones de venezolanos han emigrado producto de la emergencia humanitaria; 6,9 millones de venezolanos se encuentran sin acceso a medicamentos por el desabastecimiento de insumos y recursos médicos y los altos precios de estos; 94% de la población venezolana no cuenta con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria; y se reportó un promedio de 6.8 horas sin servicio eléctrico por día en cada hospital tipo IV del país;

CONSIDERANDO

Que la situación de colapso del sector educativo repercute principalmente en los niños y jóvenes de nuestro país, y en los venezolanos que se dedican a la noble profesión de la docencia, y que las condiciones salariales, de infraestructura, de transporte y económicas, están generando un alarmante aumento en los niveles de deserción escolar, de ausencia de docentes, el colapso educativo es uno de los elementos que agudiza la crisis porque coloca en relieve el rostro infantil, juvenil y el gran sacrificio docente. Según datos de Funda Redes el 89% de la infraestructura escolar no tienen condiciones para el desarrollo de las actividades académicas; la ausencia de docentes alcanza la cifra de 81% que no puede acudir a sus actividades por falta de transporte o escasez de efectivo; el 98% de nuestros docentes están renunciando por razones económicas; la ausencia escolar de niños, niñas y adolescentes alcanza la cifra del 97% y un 89% ha desertado definitivamente, para nombrar sólo algunos datos de la tragedia que vivimos en materia educativa en todos los niveles desde el preescolar hasta el universitario;

CONSIDERANDO

Que las Comisiones Permanentes de Desarrollo Social Integral, la Sub-Comisión de Salud, la Sub-Comisión de Educación, la Comisión Permanente de Familia, han desarrollado informes documentando el impacto y la agudización de la crisis social, así como la inacción por parte de organismos del Estado;

CONSIDERANDO

Que según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la situación sanitaria del país se considera grave, el sistema de salud ha colapsado, pues los hospitales carecen de personal, servicios básicos, como agua y electricidad para garantizar su debido funcionamiento, y más grave aún, que el régimen de Nicolás Maduro se ha negado a reconocer la magnitud de la crisis venezolana y que esto ha impedido adoptar las medidas apropiadas para atenderla y solucionarla;

CONSIDERANDO

Que es un hecho público, notorio y comunicacional, que familiares directos del usurpador Nicolás Maduro y colaboradores del régimen se encuentran siendo investigados e imputados por actos de corrupción en materia alimentaria y de salud, y que han sido señalados como responsables de irregularidades en la distribución de alimentos y medicinas en el país;

CONSIDERANDO

Que el Plan de Respuesta Humanitaria diseñado por el Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, representa una solución temporal para atender a una parte de la población vulnerable, y que deben garantizarse todos los mecanismos logísticos y operativos para su implementación, y que aún así, esta no comprende una solución definitiva para atender la emergencia en su totalidad y de forma estructural;

CONSIDERANDO

Que la Emergencia Humanitaria Compleja tiene como causa originaria el establecimiento de un sistema político cuya gestión se ha enfocado en generar mecanismos de dependencia hacia el Estado para garantizar el dominio de la estructura de poder sobre la población, y que aunado a ello los niveles de corrupción exorbitantes, la destrucción del Estado de Derecho y de las instituciones, y la imposibilidad del sistema de generar soluciones democráticas, y por lo tanto, es necesario e imprescindible para solucionar las consecuencias de estas políticas públicas corrosivas, la disolución del sistema que atenta contra el bienestar de los venezolanos y la reinstitucionalización de Venezuela, a partir del rescate de la democracia, la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, y el establecimiento de una administración pública que esté al servicio de todos los venezolanos.

ACUERDA

PRIMERO. Instar a las organizaciones internacionales y nacionales a impedir que instituciones usurpadas por el régimen se hagan total o parcialmente con los recursos, insumos, bienes o servicios a ejecutar por parte de los programas humanitarios, por cuanto se ha demostrado que el régimen está constantemente vinculado con actos de corrupción, aunado a que dada la ausencia de Estado de Derecho y garantías democráticas, estos serían utilizados por las instituciones usurpadas como mecanismos de control social con fines políticos para lograr perpetuarse en el poder y no resolver las causas estructurales de la crisis; de igual manera, instar a la Comunidad Internacional y a las organizaciones internacionales y nacionales de asistencia humanitaria que coadyuven a garantizar que los recursos, insumos y servicios de atención humanitaria sean distribuidos y provistos de manera independiente, sin interferencia, de acuerdo a los principios de neutralidad, humanidad e imparcialidad.

SEGUNDO. Denunciar la dificultad para que organizaciones internacionales y nacionales de carácter humanitario tengan presencia en el territorio nacional, en especial en las zonas donde están ubicadas las personas con mayor vulnerabilidad socio-económica, limitándose el acceso a los programas de naturaleza humanitaria. Por lo que dichas organizaciones han reiterado a organismos internacionales la importancia de su protección y garantías dada la continua persecución política hacia dichos defensores, por parte de fuerzas seguridad y grupos afectos al régimen.

TERCERO. Condenar el uso de 50 millones de dólares para la compra de armamento y uniformes militares, pudiendo estos recursos ser invertidos en el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, con miras a adquirir medicamentos esenciales y suministros que permitan mejorar la situación actual de abastecimiento en nuestros hospitales.

CUARTO. Denunciar la ausencia de cifras oficiales, siendo la opacidad y el no acceso a la información factores limitantes para el adecuado diseño de planes acordes a la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, agravando aún más la situación que atraviesa el país.

QUINTO. Denunciar la rigidez en el proceso de nacionalización y realización de trámites administrativos en aduana y de importación para insumos humanitarios en general, como insumos hospitalarios, suplementos nutricionales terapéuticos y todos aquellos rubros que se puedan considerar humanitarios según los criterios de filosofía y legislación humanitaria internacional. Lo anterior, disminuye el impacto de los programas humanitarios.

SEXTO.  Denunciar la necesidad del cumplimiento de los mecanismos logísticos propios de las organizaciones humanitarias que permitan que el Plan de Respuesta Humanitaria del sistema ONU en Venezuela, garantice la neutralidad e independencia operativa en los mecanismos de distribución de la ayuda, para que estos no sean utilizados como propaganda política para

SEXTO.  Denunciar la necesidad del cumplimiento de los mecanismos logísticos propios de la organizaciones humanitarias que permitan que el Plan de Respuesta Humanitaria del sistema ONU en Venezuela, garantice la neutralidad e independencia operativa en los mecanismos de distribución de la ayuda, para que estos no sean utilizados como propaganda política para el régimen, ni como mecanismos de control social de la población.

SÉPTIMO. Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los diecisiete días del mes de septiembre de 2019. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.