Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Caracas, 10 de marzo de 2025.- La junta directiva de la legítima Asamblea Nacional anunció que recurrirá a instancias internacionales para solicitar que los abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra los presos políticos en Venezuela sean calificados como delitos de lesa humanidad.
La presidenta del parlamento venezolano, diputada Dinorah Figuera, informó que las denuncias de violación a los derechos humanos de sus colegas diputados Dignora Hernández, Freddy Superlano, Biaggio Pillieri, Williams Dávila, Omar González y Américo De Grazia, ya han sido expuestas ante la Unión Parlamentaria, instancia que, en el pasado, ha avalado tales pronunciamientos.
Tras manifestar su apoyo y solidaridad con los presos de conciencia y sus familiares, la presidenta de la AN, rechazó que estén tras las rejas solo por adversar al régimen de Maduro. “Esta legítima Asamblea Nacional ha sido sistemáticamente objeto de criminalización y persecución”, dijo, al recordar que muchos parlamentarios están presos, otros son víctimas de persecución y unos más han tenido que salir al exilio.
Hizo mención especial del diputado Omar González, quien permanece en calidad de refugiado en la embajada de Argentina en Caracas -junto a otros luchadores por la democracia-, bajo el acoso de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, sin servicios básicos y sin protección internacional. Esto representa una violación a los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales en materia de refugiados en delegaciones diplomáticas.
Figuera enfatizó que hoy, a los presos políticos venezolanos le son violados los derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia. Además, son incomunicados de sus familiares, se les limita el acceso a una buena alimentación y a recibir atención médica oportuna.
Por todas estas razones “condenamos y denunciamos el abuso de poder, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos los presos políticos; y no descansaremos en acudir a las instancias internacionales para que estas agresiones sean consideradas como delitos de lesa humanidad”, concluyó.
Por su parte, el segundo vicepresidente de la AN, Marco Aurelio Quiñones, ratificó el compromiso de la instancia legislativa con la libertad de los más de dos mil presos políticos actualmente retenidos por la dictadura en Venezuela. “Tenemos una especial responsabilidad con los diputados miembros de este cuerpo, secuestrados por el régimen; y con sus familias, quienes han sufrido la tortura progresiva de no poderlos visitar”, dijo, al recordar las condiciones inhumanas en que se encuentran los privados de libertad.
El diputado Quiñones rechazó el hecho de que a quienes se oponen a los que usurpan el poder en nuestro país, se les estén violando todos sus derechos fundamentales. De allí que “seguiremos elevando la voz en los distintos foros mundiales de defensa de los DDHH, hasta que no quede un solo preso por razones políticas en nuestro país”.
