Parlamento venezolano, este martes, en sesión, respaldó el segundo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), autorizando remitir el referido documento ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que inicie una investigación al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, la parlamentaria Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz, sostuvo que, “ahora corresponde que la Corte Penal Internacional proceda de inmediato y ordene abrir una investigación por el caso Venezuela I”, siendo demostrado que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad ordenados por la máxima autoridad que usurpa el poder y cuyos delitos, “no pueden ser juzgados porque no hay justicia en el país”.
Destacó que este segundo informe emitido por la ONU constata que la dictadura aplica “torturas nazis” contra quienes son injustificadamente privados de su libertad y reveló que el documento fue remitido la Unión Interparlamentaria (UIP) y demás instancias internacionales para que tengan una información clara, precisa y actualizada de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país.
Manifestó que este informe se refiere a la “complicidad directa, absoluta y completa de crímenes de lesa humanidad por parte de jueces y fiscales del Ministerio Público”, así como también, el resto de operadores del sistema de justicia y funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen, por tanto, aseguró que “no pueden eludir su responsabilidad frente a la historia y la justicia internacional”.
Solórzano acusó al fiscal del régimen Tareck William Saab de ocultar y manipular pruebas para favorecer a la dictadura criminal y responsables directos de delitos que están siendo investigados.
200 casos
El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, reveló que el informe detalla casi 200 casos correspondientes a desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, tratos crueles inhumanos, presentación de pruebas falsificadas y manipuladas, coacción para obtener declaraciones de los detenidos, entre otras prácticas recurrentes que se han convertido en una política de Estado del régimen.
Señaló que el informe relata “con mucho detalle cómo la justicia venezolana es parte de la violación sistemática de los derechos humanos”.
Aseveró que con la investigación realizada por la Misión de la ONU, queda demostrado que las instancias del sistema judicial venezolano “han negado la verdad, han negado la reparación a las víctimas, han negado a la justicia, han sido un factor determinante en la violación de los derechos humanos” y en consecuencia, alertó que “no hay una disposición para cambiar esa práctica”.
Pizarro agradeció a las víctimas, familiares de las víctimas, organizaciones no gubernamentales que ofrecieron su testimonio con valentía y sin miedo.
En el debate, el legislador Williams Dávila, denunció que “el régimen no cumple ninguna obligación emanada del derecho internacional humanitario ni del derecho internacional de los derechos humanos”, frente los delitos de lesa humanidad comprobados y relatados en los informes emitidos por la Misión de la ONU y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Medidas humanitarias para presos políticos
El diputado Franco Casella, vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, exhortó al régimen venezolano a respetar el derecho a la vida, la integridad y la salud de todos los presos políticos y exigió medidas humanitarias “extraordinarias” a favor de los presos políticos para “recibir atención médica oportuna y así poder salvar sus vidas en libertad”.
Abogó por una amnistía general para recobrar el curso democrático e institucional del Estado de Derecho y propuso que en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional, se exija una evaluación independiente inmediata con respecto a la atención urgente de casos de gravedad sobre los presos políticos.
“Algunos presos políticos están padeciendo enfermedades graves y no se les permite recibir atención médica especializada. Muchas de esas patologías fueron causadas como consecuencia de los tratos crueles y las torturas recibidas”, denunció Casella, recordando que la excarcelación del general de división Pedro Naranjo, quien padece un tumor cerebral produjo por la presión nacional e internacional.
Testimonios
Con la venía del presidente Juan Guaidó, se otorgó el derecho de palabra a tres familiares de presos políticos. Primeramente, intervino Loredana Hernández, hija del general de brigada de la GN, Héctor Hernández Da Costa, denunció que su padre está gravemente delicado de salud y padece pérdida de la visión; prostatitis tipo 2; arritmia cardiaca; tiene una válvula en su corazón, y es diabético. Subrayó que Da Costa, tiene medidas cautelares de la OEA y de liberación por parte de la ONU, “la cual no ha sido cumplida hasta los momentos”
Seguidamente, Kenny Molina, esposa del preso político civil Javier Tarazona, directivo de la ONG Fundaredes, pidió a la ONU, CDH y a la comunidad internacional, que intercedan por los presos políticos y denunció que Tarazona, su hermano Rafael y Omar García, miembros de su equipo presentan un cuadro complejo de salud que se incrementa debido a las condiciones infrahumanas que se encuentra en reclusión.
Para concluir las intervenciones, Molly de la Sotta, hermana del Capitán Navío Luis de la Sotta, recordó que el caso de su hermano es el número 13 del informe de la Misión Independiente sobre la determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, determinó que Luis Sotta había sido detenido arbitrariamente, sufrido desaparición forzosa a corto plazo, tortura, tratos crueles e inhumanos y concluyó solicitando su libertad. Sin embargo, desde hace un año de ese exhortó, el capitán Sotta sigue en confinamiento; le prohíben recibir luz del sol; tiene restricciones de llamadas telefónicas, visitas de familiares, abogados y sin atención médica.
