Foto Arles Arcia
(Caracas, 12-6-2019).- La presidenta de la Comisión Permanente de política Interior de la Asamblea Nacional, diputada Dennis Fernández, anunció que esta instancia ha recibido numerosas denuncias sobre hechos violentos con saldo de muerte y heridos a nivel nacional por el problema de la gasolina, específicamente en los estados Mérida, Barinas, Zulia, Carabobo, Cojedes, Falcón y Táchira.
El señalamiento lo hizo luego de recibir al diputado William Dávila, quien denunció la muerte del joven Wildermar Paredes Moreno en el estado Mérida, presuntamente de manos de un funcionario de la Policía Bolivariana de Venezuela cuando el occiso hacía cola para el suministro de gasolina, en la estación de servicio Los Llanitos de Tabay, ubicado en el municipio Santos Marquina, estado Mérida.
La diputada manifestó que ya se está viendo en el país como se cobran vidas humanas en hechos violentos por la escasez de gasolina.
Indicó que harán la denuncia ante los organismos internacionales para que se siga visibilizando el grave atropello que se hace en Venezuela contra los derechos humanos y en este caso particular del derecho a la vida.
La parlamentaria considera que la reapertura de la frontera con Colombia ni agrava ni soluciona el problema de la gasolina ya que la fuga de esta obedece a quien tiene su control, “a diario se ven gandolas sacando grandes cantidades hacia el vecino país”.
La diputada dijo que la investigación del caso Mérida será efectuada por una comisión especial que se trasladará al sitio de los hechos.
Por su parte el diputado Dávila dijo que la muerte del joven Paredes constituye una violación de los derechos civiles y los derechos políticos que no puede seguir repitiéndose.
Manifestó que esta situación tan grave que se está confrontando va a traer una desestabilización social en todo el país porque la gente, en medio de las necesidades que tiene cuando van a poner gasolina, se encuentra con los abusos de personas y de los funcionarios.
Dijo que están solicitando que la Comisión de Política Interior de la AN abra una exhaustiva investigación sobre esta situación, en virtud de la falta de autonomía que existe tanto en el poder judicial como en la fiscalía.
