Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
La legítima Asamblea Nacional rechazó este martes el inconstitucional procedimiento para renovar a los rectores del Poder Electoral –tras la renuncia masiva de sus integrantes el pasado 14 de junio– y, al respecto, aseguró que no estamos ante un problema jurídico sino ante un hecho político que el régimen pretende resolver de manera arbitraria, pero al que, con contundencia, hay que darle una respuesta política.
El diputado Richard Blanco (Fracción 16J), abrió el debate para manifestar la necesidad de contribuir con la libertad y la democracia en nuestro país, sistema que, a pesar de sus debilidades, siempre es perfectible. Al reconocer que el régimen de Maduro quiere entorpecer los ejercicios democráticos que la oposición venezolana se ha planteado, Blanco insistió en que el 22 de octubre, debemos escoger al candidato que permita “dar la estocada final” y conducir al país por la senda que lleve al restablecimiento de la institucionalidad.
También celebró que esa elección primaria se haga de manera manual y no con la intervención del CNE y pidió a sus colegas impedir que una institución ilegítima como la AN que dirige Jorge Rodríguez, designe un CNE con fichas que respondan a los intereses del partido de gobierno y no de los venezolanos. Y desde el exilio, requirió llegar hasta el final, para realizar unas elecciones “donde se cuide el voto, esencial dentro de la democracia”.
Finalmente insistió en que “queremos más y mejores democracias para nuestros países, más y mejores políticos que administren la hacienda pública para beneficiar a los venezolanos”. Y que esta es una de las últimas oportunidades que le queda a Venezuela para evitar que el régimen siga pasando el poder “de mano en mano, de generación en generación, de amigo en amigo”.
González: Dar respuesta política a un asunto político
Por su parte, el diputado Macario González (Voluntad Popular), advirtió que no tiene expectativas en cuanto a que lo debatido en la sesión impida la violación de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), porque estamos en presencia de un hecho político y no de un problema jurídico. “El régimen funciona bajo el principio del ‘porque me da la gana’. No le extrañe a nadie que, preguntados sobre por qué violan las leyes y la Constitución de esa manera, en un tono más auténtico con su naturaleza respondan ‘porque nos da la gana’”, sentenció.
Al respecto, rechazó que el régimen celebre cada atropello y violación de los Derechos Humanos, y les tenga sin cuidado incumplir con el artículo 296 de la Carta Magna –que establece que los integrantes del CNE duran siete años en sus funciones–, y los artículos 31 y 32 de la LOPE –que determinan las causales de remoción de algunos rectores del ente comicial–.
Tras insistir en que este problema es político y no jurídico, el parlamentario enfatizó en la necesidad de darle una respuesta política: “no tenerle miedo al CNE que surja de esta propuesta y participar masivamente en los procesos electorales para los cuales estamos convocados, la elección primaria del 22 de octubre de 2023 y las elecciones presidenciales de 2024”.
Finalmente, González expresó su respeto y consideración por los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón por las acciones que adelantaron para recuperar la confianza en el voto; y alertó al país ante la designación de “un CNE espanta votos, que solo cumpla la orden de garantizar la abstención. Es lo único que les queda para mantenerse en el poder”.
