Caracas, 29 de marzo de 2023.- La legítima Asamblea Nacional condenó este miércoles los hechos de corrupción cometidos por el socialismo del siglo XXI y exigió judicializar a todos aquellos funcionarios y personas naturales inmersas en el saqueo del erario público.
El debate lo inició el diputado Guillermo Palacios (Un Nuevo Tiempo), recientemente designado como presidente de la comisión encargada de elaborar el Expediente Rojo del chavismo.
Para él, la corrupción es, indudablemente, uno de los flagelos que ha carcomido las instituciones del Estado y producido la crisis humanitaria. “Corrupción e inflación son los signos característicos del régimen a través de las decisiones implementadas en 23 años, cuyas consecuencias son pagadas por los pobres”.
Indicó que Venezuela es uno de los países más corruptos del Hemisferio y así lo corroboran organismos nacionales e internacionales que han desenmascarado a élites que amasaron fortunas incalculables a partir de los negociados gubernamentales. Y también, dijo, lideramos la lista de los países con la tasa de inflación más alta, producto de la falta de producción interna, una política negativa monetaria y el gasto público desmesurado.
En este sentido, acusó al régimen del “descalabro económico” generado tras la puesta en marcha de lo que ellos llaman “transición al socialismo”, que no es más que un plan concebido para la destrucción.
Palacios denunció que frente a esta situación los poderes públicos “se han convertido en una lavadora de la corrupción del régimen”. Y prueba de ello es el más reciente desfalco de $3.000 millones en PDVSA. A su parecer, en Venezuela no hay Estado de Derecho, porque “los organismos de control de los recursos públicos están bajo el control y sumisión de quien ejerce la presidencia de la República. Allí no se hace nada sin el visto bueno de Miraflores”.
De hecho, dijo que la Asamblea Nacional legítima ha adelantado decenas de averiguaciones que han quedado en las gavetas de los despachos porque no hay disposición para investigar. Hoy más que nunca, dijo, se justifica de manera plena trabajar en la sistematización del Expediente Rojo del régimen.
Corrupción sin precedentes
El siguiente en tomar la palabra fue el diputado Rafael Veloz (Voluntad Popular), quien señaló que el escándalo de corrupción en la empresa estatal PDVSA ha sacudido a la colectividad venezolana y ratifica lo que por años se ha denunciado: “el país cayó en manos de una banda de delincuentes que durante 23 años se ha robado el dinero de todos los venezolanos”, hoy sumergidos en la miseria, hambre y muerte.
Sin duda, dijo, la corrupción del socialismo del siglo XXI no tiene precedentes en la historia republicana. “En Venezuela, salvo esta Asamblea Nacional electa en 2015, no existen instituciones independientes. Todas están usurpadas, porque los poderes públicos están subordinados a las órdenes de Miraflores. La corrupción y la impunidad crecen en paralelo en terreno fértil y sin ningún tipo de muro de contención”.
Veloz denunció a Maduro por pretender, a través de su enorme aparato comunicacional, hacer ver que la detención de más de 25 personas, hasta la fecha, forma parte de la lucha contra la corrupción. “Esto no es cierto. La realidad es que es una lucha entre grupos por el botín de PDVSA”.
El mismo régimen revela el desfalco de $23.000 millones procedentes de la venta de petróleo, pues el dinero no aparece reflejado en las arcas del Estado. Pero según el diputado Veloz, el escándalo explota porque de ese monto $3.000 millones estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Maduro.
“Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. La agencia Reuters informó la semana pasada que las cuentas por pagar a PDVSA ascienden a $21.000 millones, las cuales no serán canceladas. Reuters afirmó que de $25.270 millones por exportaciones de petróleo entre enero 2020 y marzo 2023, PDVSA sólo pudo confirmar el pago de $4.080 millones. Excluyendo los oscuros canjes con Cuba, con éxito sólo se cobró en ese lapso 16% de las exportaciones realizadas”. En esta última trama de corrupción hay militares, jueces, diputados, alcaldes involucrados, “toda una red de depredadores del erario público”.
En un país normal, enfatizó, la Asamblea Nacional ya habría abierto un antejuicio de mérito a Maduro por ese caso, pues por mandato constitucional a él corresponde administrar la hacienda pública. En consecuencia, tiene responsabilidad política en la trama de corrupción de PDVSA. “Pero Venezuela no es un país normal, porque no hay forma que se ejerza un proceso de esa naturaleza”.
Finalmente señaló que un presidente con moral, envuelto en semejante caso de corrupción, habría renunciado, “pero Maduro no lo hará”. Por ello insistió en la necesidad de profundizar la investigación para determinar la magnitud del saqueo en PDVSA.
Estado depredador
Para el diputado Luis Barragán (Encuentro Ciudadano), a nadie sorprende la corrupción generalizada de un régimen que únicamente se explica a través de ella. “No hay otra naturaleza, característica y alcance en el socialismo del siglo XXI que la generada por una continua descomposición ética, traducida en el asalto descarado del erario público bajo cualquier pretexto”.
No dudó en señalar que la dirección “depredadora” del régimen “ha convertido inexorablemente al Estado en depredador, algo más que forajido, algo más que fallido”.
Recordó que en las dos últimas décadas han abundado las denuncias de corrupción en torno a PDVSA y cómo esta legítima AN ha elaborado informes que aportan pruebas irrefutables de los delitos que condujeron a la quiebra de la industria petrolera. “Las diferentes camarillas del poder seguirán disputándose lo que queda de PDVSA, los insumos hospitalarios, la banca estatal que engorda los paraísos fiscales y hace de los testaferros todo un estrato social novedoso, un gremio hábil y desleal”, agregó.
Lamentablemente, enfatizó, la corrupción administrativa se ha convertido y perfeccionado como el modelo anti republicano por excelencia. Por ello, desde la bancada legislativa de Encuentro Ciudadano reivindicó los valores de honradez personal, honestidad y austeridad republicana, como piezas claves para conquistar y sostener un régimen de libertades, “dándole una muy adecuada, precisa y justa dimensión al Estado”. “A nadie engañan con estas tensiones y reyertas recientes en el seno del mismo gobierno”, que no son más que “un enfermizo y perpetuo reacomodo”.
No rendirnos en la búsqueda de justicia
Finalmente el diputado Julio Montoya (Primero Justicia), deploró que Venezuela esté transitando un nuevo capítulo de corrupción.
La otrora poderosa PDVSA se convirtió, con el régimen, “en la caja de pandora de la delincuencia, de la criminalidad. PDVSA es tan buena, que en los 23 años infelices y tristes que hemos vivido la han quebrado casi cuatro veces”.
Montoya se tomó varios minutos para enumerar algunos de los casos de corrupción en los que está inmersa la industria petrolera.
1.- $1.200 millones desaparecidos en la operación Money Flight, donde fue involucrado Morgan Stanley a través de Francisco Convit, Carmelo Urdaneta, Gustavo Hernández, Mario Bonilla, José Amparan y Abraham Ortega.
2.- $4.500 millones de la trama del banco de Suiza, donde Charles Henry de Beaumont se puso de acuerdo con la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), para saquear los recursos de PDVSA.
3.- $4.803 millones que el Bandes y el Fonden se robaron a través del Banco Espírito Santo, en la figura de su expresidente, Ricardo Salcedo.
4.- $2.000 millones robados entre un grupo de brockers y Rafael Ramírez a través del Morgan Stanley.
5.- $4.500 millones desfalcados a través de operaciones ilegales de PDVSA con el Banco de Lisboa.
6.- $4.200 millones desfalcados a través del Banco de Andorra.
7.- $4.800 millones expoliados de la filial de PDVSA en Viena, a través de la empresa JBC que pactó con Rafael Ramírez, Irima Quiroz y Mariana Zerpa, entre otros.
8.- $2.000 millones asignados a Haití vía PetroCaribe.
9.- $2.000 millones de la Petrolífera del Orinoco a través de sus funcionarios.
10.- $119.000.000 del caso de Bariven.
11.- $1.475 millones robados a través del caso de la FBO.
“Hoy producto de las guerras internas del régimen, vemos un nuevo hecho del que los venezolanos no tenemos aún todo claro”, apuntó, al tiempo de agregar que en esta oportunidad se utilizaron las criptomedas para cobrar el petróleo, sin informar al Banco Central de Venezuela, ni al presupuesto de la República.
En consecuencia, esos recursos que debían asignarse a estados y municipios por concepto de situado constitucional, no llegaron nunca porque tampoco se informaba a los organismos de control. La trama de venta de petróleo en ultramar de un barco a otro y pagos en efectivo, permitió el desfalco milmillonario.
Doble condena para los culpables
Para concluir el debate, la presidenta de la Asamblea Nacional, diputada Dinorah Figuera, se sumó al coro de voces que denuncia la gran corrupción característica tanto del régimen de Maduro como de su antecesor Chávez, que “ha desembocado en una inmensa pobreza, en la vulneración de los venezolanos, esos que han ejercido la migración forzada”.
En este punto, hizo mención al doloroso hecho ocurrido en un centro de inmigración en México, donde el pasado lunes, 39 personas perdieron la vida tras desatarse un incendio luego de una protesta de quienes allí se encontraban. Entre los fallecidos hay 12 venezolanos.
Al respecto, Figuera responsabilizó al régimen de Maduro por forzar a millones de venezolanos a migrar, al negarles el Estado venezolano las oportunidades para vivir en armonía y en condiciones ideales. “Es una situación dramática. Mientras unos se enriquecen a diario con el erario público, otros son obligados a emigrar, atomizando a las familias venezolanas, frente a un gobierno que avala la impunidad”, puntualizó.
Figuera espera que la mayoría de ese patrimonio desfalcado, regrese a Venezuela. Pero también que se condenen los crímenes cometidos por el régimen, que calificó como de lesa humanidad.
“Cuando han robado más de $21.000 millones a expensas de los venezolanos, estas personas deben ser doblemente condenadas. En principio por hechos penales, pero también como violadores sistemáticos de los derechos humanos. Esta AN declaró hace mucho tiempo la crisis humanitaria compleja y hoy estamos viendo su agudización y el desplazamiento de más venezolanos”.
Finalmente dirigió sus palabras de condolencia para los familiares de las víctimas mortales en México, porque su dolor es el dolor de todos los venezolanos, y exigió al gobierno de ese país que haga justicia frente a lo que evidenciaron algunos videos, cuando los custodios del centro negaron a los inmigrantes el derecho a salir del recinto, una vez comenzó el incendio. “Esta es una situación de violación de derechos. Y traigo este punto a colación en este debate porque es una consecuencia de lo que se ha planteado: mientras más roban, más pobreza y más vulnerabilidad”.
