Prensa AN
La plenaria del parlamento, en su primera sesión de este año, bajo la presidencia del diputado Juan Guaidó, aprobó el acuerdo en rechazo a los contratos de servicios suscritos por PDVSA, que permiten a empresas privadas actuar en actividades primarias de hidrocarburos.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos las actividades primarías serán realizadas directamente por el Estado mediante empresas de su exclusiva propiedad o a través de empresas mixtas denominadas operadoras , "no obstante el gobierno continua entregando riquezas petroleras bajo falsa denominación de contratos de servicios", denunció el diputado Jorge Millán (Unidad - Distrito Capital) proponente del acuerdo.
Precisó el parlamentario, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, que el gobierno pretende suscribir contratos de servicios para actividades primarias de exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento inicial de los yacimientos de hidrocarburos , sin informar la Asamblea Nacional, ni solicitar su aprobación como lo establece la Constitución.
En este sentido señaló que PDVSA forma parte de la administración pública y los recursos generados por ella son de la República, por lo que los daños causados son contra el patrimonio de la nación.
Destacó que es deber de la AN alertar de estos ilícitos en concesiones irregulares, lo que se ha vuelto practica de un gobierno que viola los derechos humanos como una forma de obtener recursos para mantenerse en el poder.
El acuerdo aprobado por el pleno exige al Ejecutivo que a través del Ministerio de Petróleo informe a la AN, para su discusión y aprobación, sobre los contratos de servicio con empresas privadas que realicen actividades primarias.
De igual forma declara nulo los contratos de servicios donde intervengan empresas privadas que no sean aprobados por la Asamblea.
Recuerda a las empresas privadas que realicen actividades no autorizadas por la AN, que violan la constitución y la ley.
Por ello se acordó notificar a las empresas con las cuales el gobierno ha anunciado de forma pública que ha suscrito acuerdos de contratos de servicio, de la ilegalidad en la que están incurriendo y el riesgo porque sus inversiones no serán reconocidas por un nuevo gobierno.
