Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Caracas, 25 de junio de 2024.- La legítima Asamblea Nacional denunció la nulidad, por inconstitucional, de los convenios suscritos entre Venezuela y Turquía que derivan de la política minera actual del estado venezolano al sur del Orinoco. A comienzos de junio, Nicolás Maduro anunció la firma de varios acuerdos con ese país transcontinental para el desarrollo de proyectos de gas, cobre y el sector petroquímico, así como la explotación del oro en el Arco Minero del Orinoco.
Diputado Sucre: “Por el contrabando de extracción del oro, Venezuela ha dejado de percibir en siete años $31.500 millones”
El diputado Francisco Sucre (Voluntad Popular), resaltó la importancia geoecológica y geoestratégica del Arco Minero para Venezuela, e indicó que la reciente firma de un acuerdo para dar en concesión a empresas de Turquía la explotación y comercialización del oro, es parte de una “desacertada política minera” que no se traducirá en desarrollo ni progreso para las poblaciones ubicadas al sur del país.
El decreto que constituyó el Arco Minero fue aprobado en 2016 y derivó en la creación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico que, según Sucre, a la fecha no ha presentado una sola memoria y cuenta, evidenciando la total opacidad en el manejo del tema. Este decreto también es inconstitucional porque fue firmado a espaldas del país sin la aprobación de la legítima AN, única institución autorizada para hacerlo por tratarse de un contrato de interés público. “El área del Arco Minero comprende el 13% de territorio nacional y casi la mitad del territorio del estado Bolívar (46%). Se estima que 80% del oro que de allí se extrae sale por los caminos verdes a través del contrabando de extracción”, apuntó.
Asimismo, informó que la explotación irracional del oro ha afectado, en los últimos siete años, más de mil hectáreas –equivalentes a 13 mil campos de fútbol juntos– del área de influencia del Parque Nacional Canaima. A ello se suma la contaminación de los ríos Orinoco, Caroní, Caura, Yuruari y Cuyuní. “No podemos seguir explotando esta riqueza que tenemos los venezolanos. Son las reservas de oro más grande de todo el hemisferio occidental y las segundas reservas más grandes del mundo después de las de Australia. Estamos hablando de 8.900 toneladas de reservas de oro en el Arco Minero, de las cuales 115.000 están probadas. Esto equivale a $680.000 millones que pudiesen ser transformados en desarrollo para nuestro país”. Por el contrabando de extracción del oro, dijo, Venezuela ha dejado de percibir en siete años $31.500 millones.
El parlamentario recordó que en diciembre de 2018, la legítima Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y Biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana, en cuyas disposiciones finales se estableció la nulidad del decreto de creación del Arco Minero; y advirtió que actualmente está en riesgo la cuenca del río Caroní, principal fuente de generación de energía hidroeléctrica del país. Como Asamblea Nacional, solicitó, elevar su voz de rechazo y hacer un alerta nacional e internacional, ante la nulidad de estos contratos. “Deben ser revisados para privilegiar el desarrollo sustentable del país y del estado Bolívar. De allí la necesidad de que Venezuela recupere el Estado de derecho y la solidez e independencia de sus poderes públicos”.
Diputada Hernández: “Convenios de esta naturaleza deben ser aprobados por la Asamblea Nacional”
Por su parte, la diputada María Gabriela Hernández (Primero Justicia), quien es presidente de la comisión permanente de Ambiente, dijo que entre las “promesas reencauchadas” de Nicolás Maduro, figura el anuncio “de un supuesto nuevo convenio entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y Turquía para la explotación ecológica –cosa que no existe– del oro venezolano en el Arco Minero del Orinoco, para ser refinado en Turquía”. Los detalles de esa negociación se desconocen.
Sin embargo, Hernández alertó lo siguiente: 1) Tanto antes como ahora, estos convenios o contratos de interés público nacional con Estados o sociedades extranjeras deben ser públicos y, además, aprobados por la Asamblea Nacional. Esto no ha ocurrido; 2) En 2018, una investigación periodística de RunRun.es detalló la salida del oro venezolano y resaltó que el metal noble exportado por el BCV ese año superaba ocho veces las toneladas que el organismo registró como producción interna. Esto hacía dudar si lo exportado entonces procedía de las propias reservas del instituto emisor –que deben respaldar nuestra moneda de curso legal, el bolívar–; o si provenían de la producción no reportada en el Arco Minero del Orinoco; y 3) A los compradores del metal (principalmente empresas de Emiratos Árabes Unidos y de Turquía) no les importa si ese oro dejó una huella de sangre por desplazamiento de pueblos indígenas; por condiciones laborales; explotación; esclavitud o procesos de destrucción del medio ambiente; y mucho menos la huella verde que sigue causando devastación ambiental en todo el sur del Orinoco.
Asimismo, la diputa mencionó el Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas correspondiente a 2022 –que se repitió en el de 2023–, el cual documentó el ataque a los pueblos indígenas por parte de cuerpos de seguridad del Estado, en la lucha por el control de las zonas mineras, lo que constituye una violación a los derechos humanos. Y aun cuando está vigente la Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y Biodiversidad al sur del Orinoco y la Amazonía venezolana –que protege a todos los parques nacionales, áreas naturales y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), a fin de resguardar los cauces de los ríos, responsables de mover las turbinas de las centrales hidroeléctricas que proporcionan energía al país– esta normativa no se cumple.
Por tal razón, advirtió a Turquía de que los convenios suscritos con Nicolás Maduro, son nulos por violar la Constitución vigente y la ley orgánica señalada; aclarando que el gobierno democrático que resulte de las elecciones del 28 de julio desconocerá los contratos y, en consecuencia, no procederá compensación pecuniaria alguna para que, quienes a sabiendas de lo írrita de esa contratación, la llevaron adelante.
