Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
En el marco de los últimos acontecimientos sobre los graves actos de corrupción en el régimen de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional legítima, presidida por la diputada Dinorah Figuera, la primera vicepresidenta Marianela Fernández y la segunda vicepresidenta Auristela Vásquez, debatió en la sesión de la Comisión Delegada esta situación que demuestra lo que ha venido denunciando e investigando el Parlamento desde el año 2015.
El diputado Carlos Paparoni (Primero Justicia), abrió la discusión señalando que con los 3.000 millones de dólares que presuntamente fueron robados en hechos de corrupción de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), “se pudieron haber construido 12 mil centros de salud, o también 30 mil escuelas en todo el país, incluso se pudo haber incrementado el salario a todos los maestros y hoy estarían ganando cerca de 12 mil dólares anuales”. El parlamentario detalló que ese monto representa cerca de 175 días de producción petrolera, preguntando “¿Cómo es posible que hasta el día viernes nadie del régimen de Maduro se había dado cuenta que se perdieron 66 y medio millones de barriles?”.
Paparoni también recordó el papel político que ejercía el que hasta ayer fue ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y las vinculaciones que tiene con temas del financiamiento al terrorismo, especialmente al grupo Hezbolá. Así como las conexiones con el gobierno de Irán, explicando que “él también controlaba todo lo que tenía que ver con los criptoactivos, que se ha convertido en los últimos meses en el sistema favorito para lo que es la legitimación de capitales y el lavado de dinero; a esto le súmanos que tenía allegados muy cercanos en cargos como alcaldías, gobernaciones y otros puestos de poder”. Concluyendo con que estos hechos demuestran que Nicolás Maduro nunca ha luchado contra la corrupción y por el contrario lo que “hoy estamos viendo es el conflicto interno, un pase de factura de algo que está sucediendo dentro del chavismo”.
El siguiente en intervenir en el debate fue el diputado Hector Cordero (Encuentro Ciudadano), quien señaló que el “espectáculo” de los últimos días viene a “consolidar lo que hemos denunciando por años, las malas prácticas, la corrupción y el enriquecimiento indebido son el común denominador del régimen de Maduro”; agregando que los detenidos en estos y otros actos “siempre son de poca monta” y los “grandes jerarcas quedan intocables, ellos terminan entendiéndose y armando temas de complicidad para que ninguno sea afectado”. Por último, Cordero señaló la importancia de continuar investigando y consolidando estructuras para lograr la recuperación de las instituciones públicas y la democracia en Venezuela.
Por su parte, el parlamentario William Dávila (Acción Democrática), aseguró que la primera investigación judicial se inició en el año 2015 e involucró seis países y más de 15 cargos de corrupción en Venezuela, “60 personas entre funcionarios en el caso PDVSA y CITGO se aprovecharon ejerciendo tráfico de influencias para adquirir contratos que los beneficiaran”, señaló el diputado. Añadiendo que hay una estrategia discursiva de por medio, donde Nicolás Maduro culpa a las sanciones “pero los actos de corrupción son antes de estas y ahora dirán que la plata faltante se la llevaron estos corruptos y así lavarse la cara”.
El debate continúo con la participación del diputado Ismael García (Voluntad Popular), quien expresó que tras las investigaciones realizadas desde el Parlamento legítimo se registró una perdida de más de 550 mil millones de dólares en los últimos 20 años por hechos de corrupción, razón por la que el parlamentario señaló que es “hora de que los dirigentes del país cerremos filas antes estos actos porque el dinero que falta es para mejorar los problemas sociales del país”.
El diputado Guillermo Palacios (Un Nuevo Tiempo), finalizó la discusión expresando que los 3000 millones de dólares equivalen a la mitad de las reservas internacionales declaradas por el Banco Central de Venezuela (BCV) y representan el “1% aproximadamente de los fondos malversados entre 2006 y 2016 según el exministro de Hugo Chávez Frías, Héctor Navarro”. Recalcando la necesidad de mantener una serie de medidas anticorrupción que deben ser tomadas en cuenta en el proceso de cambio, en cuanto ocurra la transición política, para así impedir nuevamente un saqueo como el realizado por el régimen madurista.
Por último, la presidenta del legítimo Parlamento, Dinorah Figuera, resaltó ante esta situación la importancia de que la Asamblea Nacional y la Comisión Delegada siga asumiendo la responsabilidad de salvaguardar los activos de todos los venezolanos, proponiendo que la Comisión de Contraloría abra una investigación a fondo desde el escenario económico pero también el político, para así “preservar en la historia de como unos actores bajo el nombre del socialismo del Siglo XXI se enriquecieron ilícitamente a costillas de la crisis humanitaria de nuestro país”, pidiendo para concluir seguir alzando la voz para denunciar los “actos de corrupción que afectan la vida de cada uno de los venezolanos”.
