Los diputados de la Legítima Asamblea Nacional (AN), repudiaron y denunciaron las agresiones sufridas contra estudiantes de la facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminólogas de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, por un grupo de colectivos violentos adeptos a la dictadura cuando protestaban por la presencia de Diosdado Cabello y altos funcionarios chavistas, el pasado 3 de noviembre, en esa ciudad.
Además, exigieron respeto a la autonomía universitaria y se solidarizan con las estudiantes agredidas: Elizabeth Castillo, Lesly Sánchez, Katherine Barrera y Angélica Ángel. Dos de las cuatro estudiantes requirieron atención médica, denunció la Comisión de la ULA contra la violencia de género y la libertad académica en las universidades.
En ese sentido, se abrió el debate en la sesión celebrada este martes por la Comisión Delegada de la AN, donde la diputada por Voluntad Popular (VP) Ligia Delfin, denunció que la dictadura reiteradamente viola la autonomía universitaria, los derechos civiles y humanos. Contó que el ataque contra las estudiantes indefensas ocurrió luego de que estas desplegaran una pancarta que decía “Régimen asesino de Universidad”, ante la visita de Cabello, a quien acusó de ser uno de los principales autores de la destrucción de la nación. Responsabilizó a Diosdado Cabello y al Gobernador del estado Mérida por la integridad de las cuatro mujeres estudiantes quienes han sido asediadas y amenazadas.
Para la diputada por Encuentro Ciudadano (EC) Mildred Carrero, los actos violentos cometidos por los colectivos paramilitares del régimen de Nicolás Maduro y sus acólitos, constituyen el patrón de persecución, “tratos crueles y torturas inhumanas, ejecutadas en perjuicio de la ciudadanía venezolana”, lo cual, a su juicio, el régimen sigue avanzando en estos métodos de hostigamiento, sin importarles la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional (CPI).
El diputado por Acción Democrática (AD), Williams Dávila, tildó de “barbarie” este acto de agresión y señaló que este ataque de extrema gravedad se ejecuta dentro de “un contexto político de discriminación sobre la base de creencias política y violencia de género”. A su vez, acusó al régimen de “estimular y legitimar” el feminicidio y la violencia contra las mujeres. En virtud de esto, pidió elevar estas denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH); oficina del Fiscal de la CPI; Comisión Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y demás instancias en materia de derechos de la mujer.
