Caracas, 27 de abril de 2023.
- La legítima Asamblea Nacional rechazó este jueves la muerte, en circunstancias extrañas, de quien fuera presidente de Cartones de Venezuela, Leoner Azuaje, mientras permanecía bajo custodia de funcionarios de un cuerpo de seguridad del Estado en las instalaciones del Sebin en El Helicoide; al tiempo que exigió la aplicación del Protocolo de Minnesota para garantizar una investigación imparcial y transparente del hecho.
Azuaje fue detenido el pasado 18 de abril por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción, por su presunta vinculación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. A dos días de su detención, el Fiscal General Tarek William Saab, informó a través de su cuenta en Twitter, el supuesto suicidio de Azuaje en el sitio de reclusión, para cuya investigación designó a dos fiscales del Ministerio Público.
Palacios: En Venezuela no hay lucha contra la corrupción
El debate lo inició el diputado Guillermo Palacios (Un Nuevo Tiempo), quien manifestó que hace algunos días, el Fiscal de la Corte Penal Internacional hizo pública la transcripción de diferentes testimonios de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en el país. En este sentido, no dudó en señalar que aquí se han violentado, de manera sistemática los Derechos Humanos, por razones políticas, sociales y de intereses grupales.
El uso de la tortura y tratos crueles e inhumanos, dijo, es empleado por el régimen para presentar “resultados” a la opinión pública; citando el caso del diputado Juan Requesens, quien “fue drogado y torturado para extraerle confesiones de hechos sobre los cuales no tenía conocimiento”.
Sobre el caso de Leoner Azuaje, el parlamentario cuestionó que pretendan hacer pasar su deceso como “un suicidio con una sábana, cuando de los exámenes médicos forenses se derivan graves signos de tortura”, calificando de “burdas” las manipulaciones hechas por algunos voceros gubernamentales. Y aseguró que su detención no responde a una presunta lucha contra la corrupción sino al hecho de que el hoy occiso formaba parte de un grupo interno del aparato político del PSUV, el de Tareck El Aissami. Finalmente, reiteró su preocupación por el uso del poder judicial en Venezuela para facilitar la violación de DDHH.
Cordero: El Estado obligado a resguardar la vida de sus ciudadanos
Por su parte, el diputado Héctor Cordero (Encuentro Ciudadano), reiteró la necesidad de defender los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, sin distinción alguna. Acerca de la aprehensión de Azuaje, dijo que fue detenido y acusado por presuntos hechos de corrupción y por “atentar contra el pueblo de Venezuela, al enriquecerse con los recursos que son de todos los venezolanos”.
Sin embargo, manifestó que Azuaje fue acusado “quizás por quienes difícilmente tienen moral para hacerlo, porque han sido permisivos y gestores de este tipo de delitos que ha desangrado a la República, confirmando lo que la opinión pública nacional y foránea han calificado como un ‘ajuste de cuentas’”.
A pesar de las investigaciones que se adelantaban por su presunta participación en una trama de corrupción, Cordero no justifica que Azuaje “haya perdido la vida bajo custodia de un Estado que está obligado a resguardarla”. Por ello, exigió “una investigación seria de los hechos”, por parte de una comisión de especialistas forenses que determinen las causas reales del fallecimiento y si efectivamente hubo o no torturas o tratos inhumanos que haya provocado su muerte. Para el parlamentario, la defensa de los derechos de cualquier venezolano, sea un preso común o un preso político civil o militar, debe ser la norma.
Castro de Forero: Protocolo de Minnesota
Finalmente, la diputada Yajaira Castro de Forero (Primero Justicia), dijo al respecto que “nuevamente se cierne la duda en los venezolanos y los familiares de Azuaje, por las circunstancias de su muerte y la poca información que se ha suministrado”. Y recordó que esta no es la primera vez que en el país muere un preso bajo custodia de los organismos de seguridad del Estado, citando los casos del concejal Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo –ambos torturados–, con el agravante de que, en el primero de ellos, se quiso simular un suicidio.
La también defensora de los DDHH aprovechó para denunciar que muchos de los más de 300 políticos que hay en el país, “han sufrido graves torturas”, reveladas en las audiencias, pero finalmente descartadas por los jueces. Suplicios que llenan expedientes en organismos nacionales e instancias internacionales, entre ellas la Corte Penal Internacional.
Como en Venezuela no hay un gobierno democrático, respetuoso de los DDHH, ni un poder judicial independiente, Castro explicó que en el caso Azuaje “aplica el Protocolo de Minnesota, procedimiento recomendado por la ONU que sirve de ayuda para que la investigación y documentación recopilada cumpla con los requisitos pertinentes para que sirva de evidencia ante órganos de justicia”. Y este procede en las siguientes circunstancias: 1) cuando la muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes; 2) cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes; o 3) cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.
