Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Caracas, 17 de octubre de 2023.- La legítima Asamblea Nacional aprobó este martes un proyecto de Acuerdo rechazando la aprobación de extradición, por parte del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro, de las diputadas Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, directivas de este parlamento; y llamando a la promoción internacional de los derechos humanos de las parlamentarias.
Diputado Palacios: “Solicitudes de extradición no tienen asidero legal”
El debate lo abrió el diputado Guillermo Palacios (Un Nuevo Tiempo), quien denunció el acoso al que han sido sometidas las tres parlamentarias por parte de funcionarios del régimen –y cuyas pruebas dijo, son visibles–, obligándolas a salir del país. “Nuestras diputadas son profesionales de alto nivel que han dedicado parte de su vida al trabajo social y político en diferentes posiciones de representación popular que les ha correspondido ejercer, siendo objeto de la represión del régimen, tanto en lo institucional como en lo personal y familiar”. En este sentido, aseguró que, las acusaciones que hoy pesan sobre ellas “no tiene fundamento constitucional ni asidero legal, porque el elemento primario para iniciar un juicio de carácter penal es que exista un delito y, en este caso, ninguna de las diputadas objeto de esta solicitud, ha incurrido en hechos que puedan calificarse como delictivos”. Además le dijo que sus actuaciones están siendo valoradas positivamente tanto en Venezuela como fuera del país.
A su parecer, las instrucciones del régimen son perseguirlas y enjuiciarlas sin fundamento alguno, montando expedientes que fueron reconocidos en el último informe de la Misión para la Determinación de los Hechos sobre los Crímenes de Estado cometidos en Venezuela. “Y para ello se han valido del ataque y allanamiento de hogares de familiares, inhabilitaciones, congelación de cuentas, expropiaciones de bienes y medidas de captura para infligir miedo y terror en el pueblo venezolano que acudirá a la elección primaria del 22 de octubre”, indicó; aseverando que ninguna de ellas ha sido señalada de cometer hechos de corrupción, a diferencia de los jerarcas del régimen que –enumeró– “han sido acusados en otros países por corrupción, narcotráfico, terrorismo, comisión de delitos de lesa humanidad, homicidios, hipoteca de nuestros activos e instrumentación de organizaciones parapoliciales y paramilitares como los colectivos; así como sus alianzas con las FARC y el Tren de Aragua”, denunció.
Diputado Dávila: “Se estructuró una nueva institucionalidad para acabar con la disidencia”
Por su parte, el diputado Williams Dávila (Acción Democrática), subrayó que “los Estados totalitarios no se detienen hasta que los liderazgos son destruidos en una sociedad. Esa persistencia de persecución y odio se mantiene con Maduro, aunque inició con Chávez, cuando la institucionalidad se descontextualizó y se estructuró una nueva institucionalidad sobre la base de una estrategia para acabar con la disidencia”. El proyecto de acuerdo que se presenta este martes es precisamente para rechazar esa solicitud de extradición hecha por la Sala Penal del TSJ a los gobiernos de España y Estados Unidos, donde residen las parlamentarias exiliadas. “Esta estrategia intentada por instituciones cooptadas por el régimen, busca influenciar a los gobiernos extranjeros y a la opinión pública en general para criminalizar a quienes ejercen el derecho legítimo de oposición”, esencial en toda democracia.
Asimismo, Dávila recordó que desde 2016 el TSJ declaró en desacato la Asamblea Nacional electa legítimamente en 2015, simplemente porque la oposición obtuvo las dos terceras partes y ello representaba el ejercicio de las funciones legislativas de control, de representación y de actos políticos, inherentes a cualquier parlamento del mundo. Desde entonces vino la persecución sistemática de los diputados, muchos de los cuales están en el exilio. “No solamente es la violación de derechos civiles y políticos, sino también de otros derechos como el de la salud, a una educación integral y sana, etc.”. El acuerdo, además del rechazo a la decisión del TSJ, propone advertir a la comunidad internacional (Unión Interparlamentaria, Unión Europea, Parlatino, Parlasur, Alto Comisionado para los DDHH de la ONU), acerca de la estrategia política que desarrolla el régimen de Maduro contra todos los diputados de la AN electa en 2015.
Diputada Barboza: “La persecución es una política de Estado”
Mientras que la diputada Desireé Barboza (Voluntad Popular), elevó su voz para rechazar la aprobación de solicitud de extradición, por parte del TSJ del régimen, de las diputadas Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, con quienes se solidarizó. “Esta decisión del TSJ es un nuevo ataque de persecución en contra de los dirigentes de oposición venezolanos. El régimen persigue a estas mujeres que actualmente dirigen la Asamblea Nacional legítima y que han dedicado su vida por el rescate de la democracia y la libertad en nuestro país”, pero que también han defendido de manera incansable, los intereses nacionales.
“Acusadas injustamente de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir, acusaciones infundadas que forman parte de una estrategia más amplia del régimen para silenciar a toda la oposición”. De acuerdo con lo dicho por Barboza, la persecución “es una política de Estado”, que durante años se ha traducido en persecución, acusaciones y encarcelamiento de cientos de dirigentes políticos en su afán de acallarlos. No obstante, aseguró que no lograrán callar las voces de quienes a diario luchan por una Venezuela de oportunidades para todos y donde se respeten los derechos humanos. “El régimen, a través del TSJ, agregó, está creando una falsa narrativa para embaucar a los gobiernos extranjeros y criminalizar a quienes ejercen sus derechos políticos”, pero quienes tienen la responsabilidad de defender los activos en el exterior para evitar que los despilfarren.
Diputada Hernández: “Sentencia del TSJ en Sala Penal es amoral y anormal”
Finalmente, la diputada María Gabriela Hernández (Primero Justicia), pidió a los venezolanos no sorprenderse por la “amoral y anormal sentencia del TSJ en Sala Penal” que atribuye a las tres diputadas de la directiva los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir, solicitando su extradición a los países a donde ellas acudieron y pidieron asilo político años atrás. Pero, recordó Hernández, que precisamente la persecución política de la disidencia fue la razón que llevó a los gobiernos de esos países a otorgarles el asilo. La parlamentaria reveló que el contenido de la sentencia del TSJ es “siniestro” porque les atribuyen el delito de traición a la patria (que implica actuaciones que atentan contra la independencia de la República, confabulación para destruir la forma republicana, solicitud de la intervención extranjera en los asuntos de la República, la revelación de secretos militares o políticos concernientes a la seguridad o la entrega de recursos a un país extranjero). Entonces se preguntó si “¿traición a la patria o es aquello que atentó contra la independencia de la República cuando se confabularon para entregar el Esequibo; no es el proceder de estos magistrados que se confabularon con el PSUV y el régimen para judicializar la disidencia política en contravención de la independencia de los poderes; la entrega de recursos a los países extranjeros cuando zarpan buques cargados de combustible y petróleo a Cuba? ¿Quién comete traición a la patria?”.
En lo que respecta al delito de asociación para delinquir, Hernández explicó que es cuando se agrupan personas con la intención de cometer delitos y obtener beneficio de ello. “Cuando Tareck El Aissami, ex ministro del régimen y ex presidente de PDVSA robó a la nación, junto a altos funcionarios del régimen y del PSUV, una cifra cercana a los $26.000 millones por exportaciones petroleras no cobradas, eso es asociación para delinquir y traición a la patria. Porque mientras El Aissami actuaba así, los maestros venezolanos recibían un no por respuesta a su legítima petición de un salario justo y digno”.
El otro delito imputado es el de legitimación de capitales que es el proceso que se lleva a cabo para disimular o esconder el origen o procedimiento de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita. “Le pregunto a los venezolanos: acaso nosotros conocemos el origen de los ingresos de las arcas de la República, de la venta del oro que se expolia al sur del país; conocemos cuánto oro y demás minerales están sacando por las pistas clandestinas ubicadas en Parques Nacionales y territorios de Bolívar, Amazonas y Apure”. Finalmente dijo que espera que el proceso de primaria de este 22 de octubre y la elección presidencial de 2024 “sea luz para todos los venezolanos, sin distingo alguno y marque el retorno de la democracia, la libertad y la justicia”.
Diputada Vásquez: “Aquí seguimos firmes e indeclinables en esta lucha”
Para cerrar, la segunda vicepresidenta de la AN, diputada Auristela Vásquez, manifestó que el régimen de Nicolás Maduro “es especialista en persecución política y se ha ensañado contra este parlamento y su directiva”. Sin embargo les aclaró que “aquí seguimos firmes e indeclinables en esta lucha, empeñadas nosotras, junto a todos ustedes, en el rescate de la democracia y la libertad, para devolverle la paz y la prosperidad a Venezuela”.
