Caracas - Venezuela
agosto 11 2022 / 8:03 a. m.

AN responsabiliza a Nicolás Maduro de todas las actividades ilícitas de explotación y contrabando del oro en el sur de Venezuela

Fecha: 28/04/2020

Periodista: Mayra Alejandra Sierra C. /Prensa AN

Caracas, 28/04/2020.- La Asamblea Nacional declara como “oro de sangre” a todo el material aurífero que está siendo extraído ilegalmente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro; además queda prohibida su venta, comercialización, circulación en todo el territorio nacional, así como también, su importación en contradicción al ordenamiento jurídico.

Así queda establecido en el Proyecto de Acuerdo aprobado por unanimidad durante la sesión ordinaria realizada por vía telemática, este martes, donde también ratifica a la comunidad internacional de esta declaratoria del oro de sangre a fin de alertar sobre ilicitud de los negocios realizados al respecto.

El parlamento responsabiliza a Nicolás Maduro sobre todas las actividades ilícitas de explotación y contrabando del oro y demás materiales pertenecientes a la República que han sido desarrollados por la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) por el Ministerio de la Defensa y las empresas ilegales de grupos delictivos y bandas organizadas y guerrilleras que han tomado ilegalmente las áreas de explotación de minerales estratégicos bajo el auspicio y complicidad de su régimen destructor.

De igual forma, acusa al régimen de Nicolás Maduro ante los organismos de defensa de los derechos humanos por la manifiesta y declarada persecución contra los pueblos indígenas y otras comunidades que habitan en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro que ha generado el desplazamiento forzoso, muerte de sus habitantes y destrucción de sus asentamientos de su economía y desarrollo social.

Oro de sangre

El diputado Rachid Yasbek reveló que más de 3.000 kilos de oro mensuales se extrae de tierras guayanesas y la Amazonia venezolana, que arroja como ganancia 150 millones de dólares mensuales, al régimen usurpador criminal de los cuales ese dinero no es usado para beneficio del pueblo venezolano.

Seguidamente, el diputado Francisco Sucre, advirtió a los gobiernos fronterizos y al mercado internacional del oro, que éste mineral está siendo vendido ilegalmente por la dictadura para financiar la corrupción transgrediendo la legislación nacional, en materia de la extracción ilegal de minerales venezolanos.

“Los minerales que yacen en Ciudad Bolívar, no pueden estar manchados de sangre. No puede continuar con éste ecocidio catalogado como el más grande del planeta, a través de la explotación del Arco Minero, pues compromete la viabilidad energética de Venezuela, la cuenca del río Caroní, principal fuente de generación hidroeléctrica del país”, alertó.

Indicó que 500 mil personas, trabajan las minas en el Sur del estado Bolívar, de los cuales, 50% son menores de edad, al mismo tiempo, denunció el crecimiento exponencial del tráfico sexual de niñas y adolescentes en edades comprendidas de 12, 14 y 16 años.

Recordó que es el quinto acuerdo que se presenta en este periodo legislativo de la AN, en relación el desastre ecológico específicamente, “a la creación de un ecosistema ilegal” establecido por el régimen de Nicolás Maduro, a raíz de la destrucción de 3.000 kilómetros cuadros de vegetación, y la explotación del Arco Minero del Orinoco, declarado nulo por ésta cámara legislativa venezolana.

Sucre destacó entre los textos legales aprobados por la plenaria para la protección del ecosistema natural venezolana, la Ley de la Reserva natural del Sur del Orinoco, Bioversidad y la Protección de la Generación Hidroeléctrica en el país.

Instó a conformar el Gobierno de Emergencia Nacional y aseguró que dentro de sus prioridades será revertir la situación de las mafias del oro y la devastación de la vegetación, fauna y flora del país, ya que la minería debe ser sinónimo de progreso, desarrollo y seguridad energética para el futuro de todos los venezolanos.

Crimen ecológico

Entre tanto, el diputado José Ricardo Salazar calificó como “crimen ecológico” lo que ocurre en Guayana con la explotación de “oro de sangre”, proveniente del delito, caracterizado por una inexistente política minera, basado en un modelo criminal que auspicia paramilitares y guerrilleros del ELN y Farc para que se encarguen de las funciones del Estado venezolano, bajo anuencia de las autoridades militares que les permite cometer múltiples actividades ilícitas en la zona.

Culpó a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de la aniquilación de Corporación Venezolana de Guayana a través de la fundación de empresas como Minerven desarrolló la explotación de “oro de mina y beta” en los anteriores periodos democráticos.

A su vez, denunció que el poco combustible que llega al Estado, está reservado a los altos jerarcas del régimen y grupos criminales, quienes son dueños de las minas conocidas en la zona con el eufemismo: “Las alianzas”.

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