Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
28 de agosto de 2024.- La Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, recibió este miércoles el informe de revisión y seguimiento al proceso electoral de Venezuela del pasado 28 de julio, elaborado por los observadores internacionales que presenciaron el evento, entre ellos el Centro Carter, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la ONG colombiana Dejusticia.
Jennie Lincoln, jefa de la Misión Técnica Electoral del Centro Carter en Venezuela para las elecciones del 28 de julio; Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE); y Catalina Botero, fundadora de la ONG colombiana Dejusticia y directora de la Cátedra Unesco de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes, fueron invitadas por los congresistas para exponer ante esta instancia del vecino país, las incidencias que documentaron antes, durante y después de la jornada electoral.
Centro Carter: el problema se generó por la falta de transparencia del CNE al no publicar los datos de las actas de las 30.026 mesas
La jefa de la misión de observación electoral del Centro Carter Jennie Lincoln, recordó que el 30 de julio esta instancia emitió un informe en el que evidencian que la elección presidencial de Venezuela no contó con los estándares internacionales de integridad electoral y, por tanto, no podía ser considerada democrática. “Eso fue un anuncio duro”, dijo; sin embargo aclaró que los observadores “observan e informan, no proclaman ni declaran resultados de ninguna elección, solo ofrecen información para que los responsables de declarar tengan información clara”.
Entre las denuncias recogidas están el hecho de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es un organismo imparcial, por cuanto la mayoría de sus rectores fueron designados por el oficialismo; problemas con el Registro Electoral; cambios de centros de votación; cambios de nombres de centros de votación para confundir al electorado; dificultades en el registro de candidatos; dificultades para llevar a cabo la campaña electoral; limitaciones para acceder a los medios de comunicación; abuso de recursos del Estado, entre otros. “Hubo un contexto muy difícil para hacer la elección. Pero a pesar de esto, los candidatos se pudieron registrar y la gente participó”, explicó Lincoln.
Reconoció que el sistema de votación de Venezuela es realmente efectivo porque tiene un sistema de voto electrónico con dos comprobantes que funciona: las actas y los votos. Los resultados que emitieron las máquinas se pueden comprobar en las actas y en los votos. A su parecer, el problema se generó por la falta de transparencia del CNE al no entregar ni publicar los datos de las actas de las 30.026 mesas, que pudieron indicar con exactitud lo que pasó el 28 de julio. “En Venezuela no hay ganador hasta que el CNE pueda proclamar, basándose en los votos de las 30.026 mesas”, sentenció; al tiempo de agregar que en democracia “no hay espacio para la venganza ni la represión. Es obligación del CNE compartir la información de su sistema que es excelente. El CNE sabe cuáles son los datos oficiales. El PSUV tiene sus actas y sabe los resultados. La oposición tiene sus actas y sabe los resultados. Entonces, hasta que tengamos todos los datos en la mano no hay conclusión”.
Misión de Observación Electoral (MOE): “El problema no está en el sistema automático de votación sino en la gobernabilidad política del proceso”
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), aclaró que en el Acuerdo de Barbados –que permitió llegar a la elección presidencial del 28 de julio– estaba prevista la invitación de terceras partes no venezolanas para definir las reglas de convivencia de cara al proceso electoral. “Así que la presencia, no solo de observadores internacionales sino también de gobiernos que buscan la negociación como Colombia, hace parte integral de ese proceso electoral”, explicó.
A medida que ha visto cómo opera el sistema automatizado electrónico de voto en Venezuela, Barrios se ha interesado en su funcionamiento porque lo considera robusto, pues este posee tres candados: un código QR, el código hash y el acta 1 (actas idénticas que se imprimen y entregan a cada testigo). Además, la máquina nunca está conectada a Internet, sino a un sistema cifrado punto a punto telefónico, a la vieja usanza, para garantizar la seguridad; también hay un pendrive de respaldo y otro respaldo dentro de la máquina. “El problema –sentenció– no está en el sistema automático de votación sino en la gobernabilidad política del proceso electoral y eso es lo que debemos tener claro”. El caso Venezuela, manifestó, deja muchas lecciones para Colombia.
ONG Dejusticia: “Los Estados no tienen el derecho de violar los derechos humanos de sus poblaciones”
En tanto Catalina Botero, fundadora de la ONG colombiana Dejusticia y directora de la Cátedra Unesco de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes, aclaró que hablar de derechos humanos en terceros países no es una injerencia y no viola el principio de no intervención. Esto “porque los Estados no tienen el derecho de violar los derechos humanos de sus poblaciones; y eso es lo que establece el derecho internacional de los DDHH. Eso lo sabemos quienes durante décadas hemos denunciando la violación de DDHH en Colombia”. Por eso pidió “no salir con esa excusa” para desentenderse de lo que está ocurriendo en Venezuela. Botero reconoció el valor de las ONG de DDHH en Venezuela, de la oposición, de los periodistas y de los líderes estudiantiles que están siendo amenazados y criminalizados públicamente.
Basándose en informes elaborados por comisiones internacionales (entre ellas la de Determinación de Hechos de la ONU y la del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU), Botero indicó que en Venezuela existe un patrón de violación grave y sistemática de DDHH de las cuales son directamente responsables las autoridades de ese país. En el contexto postelectoral, dijo, ha habido detenciones arbitrarias reconocidas incluso por el propio gobierno venezolano, citando declaraciones de Maduro según las cuales había más de 2 mil personas detenidas que “recibirían el máximo castigo”. También denunció las detenciones masivas y selectivas, así como las desapariciones forzadas, entre ellas la del diputado venezolano Freddy Superlano.
Congresista Peraza: “El caso de Venezuela tiene que hacernos reflexionar”
La congresista Jennifer Peraza dijo que el papel de Colombia es estratégico para ofrecer y proponer soluciones a la crisis que vive Venezuela. “La postura que adopte el gobierno (de Gustavo Petro) o la que tengan algunos de ustedes sobre lo que está pasando en Venezuela, da luces a Colombia sobre cuál es el futuro e incluso el modelo al cual aspiramos”, aseveró.
En Venezuela, dijo, ocurre lo mismo que han rechazado en Colombia (los falsos positivos, la violencia desatada contra las marchas, excesos de la fuerza pública, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento y la violencia política). “Debemos pronunciarnos en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo contrario es un doble rasero. El gobierno de Maduro no le ha ofrecido a su pueblo una garantía plena de derechos y por eso temen perder el poder por la vía democrática. Hoy hay líderes de izquierda de América Latina que están pidiendo que se repitan las elecciones cuando hay más de 2 mil personas encarceladas. El caso de Venezuela tiene que hacernos reflexionar”, dijo.
Congresista Lozada: “Un verdadero demócrata no debe tener doble rasero”
Por su parte, el congresista Juan Carlos Lozada señaló que basta con escuchar a las panelistas para darse cuenta de la magnitud del fraude. “Con uno de los sistemas más seguros del mundo no le quedó más que entrar en la plena flagrancia de la trampa y no presentar los resultados porque les son claramente desfavorables. Hace un mes el gobierno de Petro tenía la razón al exigirle al gobierno de Venezuela mostrar todas las actas, mesa por mesa. Pero seguir haciéndolo después de un mes es francamente penoso. Ya no se trata de que presenten las actas o que repitan las elecciones. Esas son disculpas del gobierno nacional para no tener que decir de frente que en Venezuela hay un fraude descomunal que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos de ese país”.
De igual manera criticó las “gravísimas violaciones a los DDHH”, que comparó con las vividas en Colombia durante el gobierno de Iván Duque en el paro nacional. “Da mucha tristeza que ese gran tema que es el de los DDHH en el que todos debemos coincidir, no esté la defensa plena de los derechos políticos de una democracia. Un verdadero demócrata no debe tener doble rasero. Es momento de exigirle a Petro y su gobierno que deje de sacar disculpas para llamar por su nombre a lo que está pasando en Venezuela: una plena dictadura, un fraude descomunal y un gobierno represor, violador de los DDHH”.
Congresista Correa sugiere a presidente Petro hacer una manifestación más contundente
En tanto la congresista Piedad Correa manifestó “dolor de Patria por nuestros vecinos”. Para ella el informe electoral muestra la grave violación de los DDHH que no solo afecta a los venezolanos sino también a Colombia, que se ve imposibilitado de responder a sus requerimientos y velar por sus garantías. Y tras ver todas las violaciones a los DDHH postelectorales, pidió al gobierno de Gustavo Petro revisar el informe presentado hoy “para que haga una manifestación mucho más contundente como lo han hecho otros países, que no han dudado en ningún momento en pedirle a la dictadura que salga del poder y apruebe la transición”.
Congresista Juvinao pide comunicación conjunta para no reconocer los resultados electorales hasta tanto se haga la auditoría internacional
Finalmente la congresista Catherine Juvinao, dejó claro que los derechos políticos y electorales son derechos humanos. “No hay exclusión y en este caso los derechos políticos y electorales de los venezolanos están imbricados en una gravísima violación de los derechos humanos en el marco de esas elecciones. Hago un llamado a que entendamos la profundidad y la complejidad de este debate”. También apeló a la generosidad y a la empatía de sus colegas de izquierda para criticar las violaciones a los DDHH en Venezuela. “Escuchamos historias sobre desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, abusos de las fuerzas militares, asesinatos de jóvenes en medio de las protestas y sobre el fraude electoral ¿Les suena? Esa es la narrativa que durante décadas ha tenido la izquierda colombiana en contra de los gobiernos de derecha. Entendamos que esto ya no se trata de izquierda ni de derecha, esto se trata de una dictadura, de la violación de DDHH”.
Por tal razón, pidió tanto la derecha democrática del mundo como la izquierda democrática del mundo rechazar esto al unísono. “Pido al Congreso de Colombia y al gobierno del Presidente Petro que, ojalá, como corporación, podamos elevar la voz en una comunicación conjunta en la cual nos dispongamos a no reconocer los resultados electorales hasta tanto se haga la auditoría internacional. Y le digo al Presidente Petro: ni procede la repetición de las elecciones ni procede la conformación de un Frente Nacional. No es posible que el Presidente Petro le pida a Venezuela algo por lo cual él se alzó en armas. Le recuerdo al país que el M-19 surgió después del fraude en las elecciones de 1970”.
Diputada Gaby Arellano: Actas publicadas en Resultados con Venezuela cumplen con los requerimientos de seguridad
La diputada venezolana en el exilio Gaby Arellano, también estuvo presente durante la sesión de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, en la cual tuvieron un derecho de palabra veedores internacionales que observaron las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. “Tanto la representante del Centro Carter como la directora de la MOE, que hicieron un peritaje a las actas que están colgadas en la página web de Resultados con Venezuela, certifican que las actas expuestas en esta plataforma digital cumplen con todos los requerimientos de seguridad emitidos por el CNE en cada una de las mesas electorales”, indicó.
Asimismo, señaló que tanto la directora de la MOE como las representantes del Centro Carter y Dejusticia, dejaron claro que en el proceso del 28 de julio hubo una alta participación ciudadana; y que, transcurrido un mes, se refleja una violación a la Constitución y a ley orgánica electoral por parte de las autoridades electorales venezolanas, acompañada de una violación sistemática de los DDHH a manos del Estado, traducida en la detención arbitraria de más de 1.700 ciudadanos, hoy privados de su libertad, y en la amenaza a cientos de miles más que formaron parte de las estructuras que acompañan a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
