Alrededor de 1.168 asciende el número de empresas productivas expropiadas por el mandato de Hugo Chávez, las confiscó en diez años y las cuales durante el régimen de Nicolás Maduro, acabaron por ser desmanteladas e inoperativas que derivó en el declive de la economía venezolana, el descenso de la producción nacional y una caída en la inversión extranjera y nuevos comercios. La referida denuncia fue expuesta por los diputados de la legítima Asamblea Nacional (AN) este martes durante la sesión ordinaria de la Comisión Delegada, quienes hicieron énfasis en las cifras suministradas por Conindustria sobre las consecuencia de estas adquisiciones forzadas.
En el debate, la diputada Dinorah Figuera, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la AN, ratificó que el régimen de Hugo Chávez, inició este sistema de expropiaciones que originó pobreza; inseguridad jurídica; retiro y desaparición de industrias y empresas; migración y movilidad de trabajadores cualificados, quienes fueron sometidos a presiones, criminalización y estigmatización laboral y tildó de “engaño” el proceso de revolución productiva que implementó Chávez para trabajadores que querían convertirse en pequeños y grandes empresarios que ocasionó en el 2010 la desaparición y perdida de 500 mil empresas.
“La pérdida del aparato productivo de las empresas que fueron expropiadas ha traído como consecuencia esta situación de paralización del sistema productivo venezolano. En consecuencia, urge de parte de los actores de la vida pública nacional y en mi condición de presidenta de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, a convocar a dar un cambio estructural a este país cambiando de régimen dictatorial a un sistema democrático de libertades a través de elecciones libres”, manifestó Figuera.
Para el diputado José Luis Pirela, el deterioro y mal funcionamiento de las empresas confiscadas por la gestión de Chávez y Maduro, “es la implementación por la fuerza de un modelo económico, en contravía con las tendencias modernas de economía libre y de mercado que sustentan hoy el planeta de un modelo estatista y confiscatorio que convirtió al sector privado y al capital privado nacional e internacional en su enemigo”.
Precisó que en el año 2007, inició a implementarse el modelo cubano en Venezuela, siendo los sectores más afectados fueron el sector petrolero, agroindustrial, agropecuario, y eléctrico. Entre el año 2005 y 2010, se suma a las expropiaciones 170 desarrollos habitaciones y el año 2011, 179 edificaciones. Además, indicó que en el sector petrolero confiscaron centenares de empresas contratistas en todo el país y centralizaron todas las empresas regionales del sector eléctrico en el “elefante rojo”: Corpoelec; cuya empresa ha sido cuestionada por el deterioro del sistema eléctrico nacional en su transmisión, generación y distribución.
Posteriormente, el diputado José Ricardo Salazar, expresó preocupación por la destrucción económica que hay en Venezuela, indicando que se ubica en un 80% con respecto a la producción de las empresas de los sectores públicos y privados. Denunció que existe un cementerio de empresas inhabilitadas y arruinadas por culpa de los regímenes de Chávez y Maduro. En vista de ese panorama, afirmó que hasta que no haya un cambio político democrático, es muy difícil recuperar la economía y producción en la nación.
Cierra el debate, el Diputado Ricardo Aponte, quien aseveró que una de las causas de la crisis económica más determinante fue la frenética ola de expropiaciones de propiedades empresariales y predios privados que genero pasivos al Estado venezolano, sin representar mejoras de su productividad, “siendo un fracaso” y denunció que la industria siderúrgica cementera y minera están totalmente paralizadas; asimismo, las empresas que ofrecen servicios de electricidad y telecomunicaciones están en “estado ruinoso” por falta de inversiones.
En su intervención, mencionó algunas de las empresas emblemáticas que fueron expropiadas a sus legítimos dueños entre las cuales destacan: Alcasa; Lácteos Los Andes; Cantv; Conferry; Agropatria; Industrias Diana; Fama de América; Kimberly-Clark; y Sivensa.
“Las expropiaciones fueron una herramienta del régimen para hacerse del dominio de empresas nacionales y extranjeras que representaban según ellos: Un riesgo y una amenaza para su ejercicio del poder. Convirtiéndose en una acción recurrente que hizo que muchas empresas decidieron retirar sus capitales e inversiones en el país, impulsado el declive de la empresa privada y la casi anulación de la inversión extranjera”, fustigó Aponte.
