Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Se requieren de políticas públicas claras y coherentes, así como un marco regulatorio del sector de energía integral para su reactivación y haya institucionalidad, gran parte del desastre de la Industria de Hidrocarburos es por la deformación del marco jurídico del modelo del Socialismo del Siglo XXI.
Así lo manifestó el diputado por el estado Zulia de la Asamblea Nacional legítima, Elías Matta, durante la reunión ordinaria de la Comisión de Energía y Petróleo del ente legislativo, que tuvo como invitado este miércoles al Doctor Cesar Matta García, Abogado, Magíster en Derecho y Política Petrolera, PhD en Derecho, profesor universitario y asesor sobre temas legales energéticos.
Al comienzo de la reunión el diputado Matta disertó sobre el cambio que ha sufrido el marco legal regulatorio de los hidrocarburos, y cómo ha afectado considerablemente a la industria petrolera venezolana, desde que comenzó el modelo del socialismo del siglo XXI a ejercer el poder.
Aseguró que el modelo del socialismo del siglo XXI cambió todo el marco regulatorio de los hidrocarburos, iniciado con la aprobación de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos Gaseosos por ley habilitante, luego se aprobó, una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que más tarde fue reformada por la Asamblea Nacional del PSUV.
Agregó que además se aprobaron la Ley de Mercado Interno y otra que reservó al Estado actividades conexas, que fueron las que llevaron a las expropiaciones de las empresas de la Costa Oriental del Lago y alguna matriz de Monagas.
“Todo un marco legal que instauró este modelo del Socialismo del Siglo XXI, factor decisivo del desastre que tenemos en la Industria petrolera en la actualidad. Un modelo contra el sector privado cuando se le otorgó todo el poder al Estado, además de la corrupción, la expulsión de trabajadores de primera línea, la falta de mantenimiento e inversión”, afirmó el diputado zuliano.
Orden y políticas públicas coherentes
Por su parte, durante su intervención el doctor Cesar Mata García, coincidió con el diputado Matta al señalar que la amplia gama de leyes que se han dictado sobre los hidrocarburos, destinadas a regular y controlar la actividad petrolera por parte del Estado, ha influido en la debacle de la industria de hidrocarburos.
Por otra parte, indicó que la actividad legislativa no solamente fue por el parlamento y la ley habilitante, sino que, además, el Tribunal Supremo de Justicia, cuando declaró en desacato a la Asamblea Nacional en el año 2017, había una agenda política en esa decisión y otra petrolera.
Considera que el ejercicio que se requiere hacer en el sector legislativo es poner orden, a través de una Ley Orgánica de Hidrocarburos como la que ha elaborado la Comisión de Energía y Petróleo de la AN legítima, porque ha habido una participación e injerencia de otros sectores del Estado.
Señaló que hay que tener políticas públicas coherentes en el sector energético, porque su continuidad y consistencia dependen significativamente de la discrecionalidad y objetividad de los funcionarios del Estado.
Indicó que los principales intereses que tienen los inversionistas para invertir en Venezuela, en comparación con otros países, es el marco regulatorio, saber si es atractivo, los impuestos, y los mecanismos de solución de controversias.
“La economía de un país se desarrolla a través de políticas públicas, que básicamente están fundamentadas en leyes que son las que brindan seguridad jurídica. De manera que no podemos ver las políticas públicas separadas. La regulación no puede ser contraria a un desarrollo sostenible”.
Habló sobre el reto que tiene Venezuela refiriéndose a estadísticas del 2021 de la Fundación Heritage, que en materia de libertad económica el país ocupa el puesto 177 de 178 , y el reporte de World Justice Project del Estado de Derecho para el 2021, Venezuela está en el último lugar en el 128 de 128.
“Este es el reto que tiene el país para generar confianza que requieren los inversionistas nacionales y extranjeros, para cumplir con el deseo de reactivar el sector energético integral, es decir hidrocarburo, petroquímica, gas, minería, servicio eléctrico.
Concluyó manifestando que no todo está en una ley, que las políticas públicas tienen que ser claras, que las leyes de energía son parte del ordenamiento jurídico. “Es importante determinar el equilibrio correcto entre la conducta regulatoria y la discrecionalidad de los funcionarios públicos, para que haya institucionalidad, que se ha visto afectada por una involución del Estado de Derecho”.
