Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Caracas, 20 de febrero de 2024.- La legítima Asamblea Nacional rechazó este martes la decisión del régimen de suspender las actividades y expulsar a la delegación de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, que venía documentando el expediente sobre violación de los derechos fundamentales en Venezuela.
El diputado Ángel Caridad, considera que el régimen de Maduro está destruyendo lo que queda de institucionalidad en Venezuela, al ordenar la salida del país de los oficiales de la Comisión de DDHH “por considerar que han instrumentalizado su trabajo en contra del Ejecutivo”, una vez que la Misión de la ONU manifestó su preocupación por la detención arbitraria de la activista venezolana, Rocío San Miguel, acusada de terrorismo. “Recientemente la Misión de la ONU habría informado a sus superiores sobre el aumento desproporcionado de la población que no tiene acceso a una sana y adecuada alimentación y que el programa de las bolsas de comida CLAP sólo servían como una maniobra política del PSUV”.
Aseguró Caridad que el régimen solo busca crear un plan para generar caos y evitar nuevas conversaciones en la Mesa de Barbados, a fin de incumplir los compromisos suscritos en octubre del año pasado. “Necesitan crear caos para evitar la participación de la candidata de la oposición democrática, María Corina Machado”.
Diputado Dávila: “Venezolanos quedan en una situación de indefensión constitucional”
Tras rechazar el cese de las funciones técnicas de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en Venezuela y la expulsión de sus oficiales; el diputado Williams Dávila, destacó el papel desempeñado por su máximo representante en la presentación de informes, documentos y posiciones contundentes y exhaustivas de la situación de DDHH en Venezuela, en los cuales se advierte además la gravedad de los patrones seguidos por el régimen y las políticas de criminalización, persecución y amenazas al espacio cívico y político.
Recordó que la Oficina Técnica “tiene los objetivos aceptados por el Estado venezolano” para evitar la repetición de la violación de DDHH, mediante una estrategia de alerta temprana; mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores de los DDHH; y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, cree que la medida de expulsión es una grave decisión y un paso adicional que da el Estado para desproteger a las víctimas de las violaciones de DDHH, actuales y potenciales; y a la sociedad civil en su conjunto. “Es una situación de indefensión constitucional. Ante las próximas elecciones presidenciales, el Estado incrementa las acciones represivas contra activistas sociales, políticos y civiles, reflejadas en su política denominada ‘Furia Bolivariana’ y en la inminente aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG”, enfatizó.
No dudó en señalar que la expulsión de los oficiales de la ONU es una violación de los Acuerdos de Barbados suscritos en octubre. Por ello pidió remitir el comunicado tanto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, como al secretario general de la ONU, António Guterres; al tiempo de ratificar el compromiso del parlamento venezolano con la vía electoral que nos lleve hacia una transición democrática.
Diputada Lozano: “El régimen no tiene interés genuino de respetar los derechos fundamentales de los venezolanos”
Finalmente, la diputada Olivia Lozano, manifestó que la salida del país de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, “confirma que el régimen no tiene interés genuino de respetar los derechos fundamentales de los venezolanos. Esto va en contravía del Acuerdo de Barbados, en lo que respecta a deponer comportamientos arbitrarios de persecución política, represión y encarcelamiento; evidente en la reciente detención, desaparición forzada y violación del debido proceso contra la activista de Derechos Humanos, Rocío San Miguel” y sus familiares.
En este sentido, Lozano arguyó que el mundo tiene el deber de prevenir y proteger a todos los ciudadanos del planeta, porque así lo establece la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 33 y siguientes; pero también su derecho a participar activamente en la defensa de los derechos del hombre y del orden público internacional, respetando su autonomía, cualidad y representación como órgano de control, vigilancia y tutela. “El retiro de las autoridades del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, simplemente es un signo de debilidad y displicencia de un régimen que persiste en actitudes totalitarias que no pueden ocultar en su reincidente criminalización y en la no intención de cooperar en acuerdos institucionales, sean electorales, civilistas, ciudadanos o ajustados a derecho”.
Asimismo dijo que ordenar el retiro de los representantes de la ONU es una afrenta a la justicia y a la condición diplomática. Pero también a la esperanza “de una nación que sigue a la deriva en términos humanitarios, políticos, económicos y sociales. Por ello, llamó a la comunidad internacional para que alce su voz en beneficio de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de violación de los derechos humanos, por la protección de su integridad y el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela. “Es hora de que prevalezca la paz, la justicia y la sensatez”, culminó.
