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(Caracas, 20 de mayo de 2019) El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano, informó este lunes que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) presidida por Rafael Ramírez a través de empresas registradas en Panamá y Suiza realizaban pagos de comisiones a testaferros vinculados con Raúl Morodo ex embajador español en Venezuela con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y su hijo Alejo Morodo, por tres millones de euros.
El parlamentario indicó que la referida información la pudieron recabar en horas de la mañana de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal la (UDEF) de la policía Nacional y la Fiscalía Anti Corrupción, a través de una orden del juez Santiago Pedraz, donde se investiga una unidad instrumental llamada Furnival Barristers Corporation, y un bufete madrileño también vinculado con el nombre de Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.
“Todo esto es un entramado de corrupción, producto de 20 años de robos y narcodictadura, pagados de comisiones por trabajos fantasma que se hacían, en este caso, por un monto de tres millones ochocientos mil euros".
Indicó que la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, ha venido haciendo un seguimiento sobre este caso y para ello, dicha instancia parlamentaria introdujo el 24 de abril del presente año un escrito dirigido a Alejando Luzón Cánovas, Fiscal Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde se le solicitaba la colaboración en investigación internacional sobre los procedimientos criminales instaurados contra la sociedad mercantil Duro Felguera, S.A. por delitos presuntamente cometidos en Venezuela por las contrataciones inconclusas de plantas eléctricas.
Superlano manifestó que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó una operación por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que incluye varios registros y ha desembocado en la detención de Alejo Morodo y otras tres personas.
La investigación, está liderada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y abarca a Raúl Morodo y su hijo Alejo por supuestamente blanquear fondos venezolanos facturando por servicios de asesoría legal. El magistrado acordó la operación a partir de una querella presentada por el Ministerio Fiscal hace unas semanas.
