Caracas - Venezuela
julio 15 2024 / 12:13 a. m.

Parlamento pide declarar la emergencia en el sistema de justicia venezolano

Fecha: 05/10/2023

Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.

Caracas, 05 de octubre de 2023.- La legítima Asamblea Nacional aprobó este jueves un acuerdo en el que exige la verdad de los hechos ocurridos en la cárcel de Tocorón, así como declarar la emergencia en el sistema de justicia venezolano (Tribunal Supremo de Justicia, tribunales, sistema penitenciario y cuerpos de investigación), tras la operación Cacique Guaicaipuro puesta en práctica por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 20 de septiembre en el Centro Penitenciario ubicado en el estado Aragua, el cual era controlaba por quien ha sido denominado el líder del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero Flores.

Diputado Dávila: “Reflejo del fracaso de la política penitenciaria”

El diputado Williams Dávila (Acción Democrática), presidente de la comisión permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, abrió el debate para referirse a la intervención del Centro Penitenciario de Tocorón por parte de 11.000 militares y funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, de la cual se sabe, dijo, la detención de 50 militares presuntamente involucrados en la difusión de información que llevó a que los altos jefes del Tren de Aragua se fugaran a través de los túneles que habían construido.

De acuerdo con lo dicho por voceros del régimen actualmente están en la búsqueda, persecución y captura de los delincuentes fugados, “pero no precisan la cantidad y si pertenecen al Tren de Aragua. Para nadie es un secreto que ‘El Niño’ Guerrero no solo controlaba el penal, sino que con la reciente diáspora estableció el control en algunos países de América del Sur y América Central, constituyendo una red con inmensos recursos económicos para operar e invertir en su propia red de información e inteligencia criminal”, expuso Dávila.

Para Dávila, en Tocorón existían infraestructuras de toda índole, construidas bajo la mirada de las autoridades penales civiles y militares, contraviniendo lo que establece la normativa que regula el régimen penitenciario en el país, entre ellas el artículo 272 de la Constitución Nacional. Esto refleja, “el fracaso de la política penitenciaria, la violación sistemática de los derechos humanos y la existencia de pranes que controlan todos los centros penitenciarios, del que Tocorón no es la excepción”. Y no dudó en señalar que Maduro ordenó la toma efectista de Tocorón, por la presión recibida de los presidentes de Chile y de Colombia y de la alcaldesa de Bogotá, quienes lo exhortaron a tomar medidas contra el crimen organizado, por las actividades internacionales del Tren de Aragua.

El acuerdo condena y repudia el fracaso de la política penitenciaria y la connivencia de militares, civiles y policiales en las cárceles del país. “Igualmente, esto pone en evidencia la desintegración estatal y social que se ejemplariza en la consumación de la conformación del Tren de Aragua; en la gobernanza de una organización del crimen trasnacional; y en el asentamiento de un sustituto violento del Estado en comunidades donde la infraestructura democrática y las políticas de convivencia han sido suplantadas por grupos violentos y por la misma ideologización y división social que ha acabado con la participación ciudadana”, agregó. Finalmente el acuerdo “solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su atención a la situación que enfrentan los niños y las mujeres dentro de este sistema y requiere a las Naciones Unidas su cooperación efectiva para diseñar una política penitenciaria en los términos del artículo 272 de la Constitución. Exigimos información precisa y clara del paradero de ‘El Niño’ Guerrero y otros altos jefes de esta banda criminal”.

Diputado Veloz: “Tocorón debe producir en el venezolano la necesidad de un profundo cambio político”

Por su parte, el diputado Rafael Veloz (Voluntad Popular), insistió en que la Asamblea Nacional debe ir más allá del hecho de denunciar la opacidad del régimen en lo que respecta el manejo del sistema penitenciario. “Tocorón era el centro de operaciones de la banda delictiva, pero también un centro turístico y recreacional para el disfrute de los criminales. Además allí residían 200 mujeres con sus hijos ¿Qué pasa con esos niños (que viven) con esa violencia y el tráfico de drogas? Había un depósito de armas de guerra. Si esas armas tienen serial ¿no es posible detectar el origen y conectarlo con quienes las suministraron? Sin duda, los principales responsables son el ministro de Interior, Justicia y Paz y la ministra para el Régimen Penitenciario; pero también hay que mencionar al sistema de justicia venezolano que está totalmente colapsado”, agregó.

Para el diputado Veloz, Tocorón significó “la revolución del crimen organizado en América Latina”, al producirse una expansión para instalarse en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, donde han cometido delitos de extorsión, sicariato, prostitución y tráfico de personas, entre otros. Al respecto, recordó que en 2021, “el Tren de Aragua le dijo a Maduro: ‘aquí mandamos nosotros, usted manda en Miraflores’. Esto constituye la declaración de un Estado fallido por la vía de los hechos. Venezuela es un Estado fallido, pero principalmente el sistema de justicia es un Estado fallido, porque cuando el propio Estado perpetra actividades ilícitas, pierde su esencia”, enfatizó.

Según Veloz, lo que ocurrió en Tocorón debe producir en la conciencia del venezolano la necesidad de un profundo cambio político. Y dentro de las recomendaciones que propuso están adelantar una investigación exhaustiva e independiente de lo ocurrido en Tocorón; exigir al régimen que sea transparente y suministre la información veraz y precisa de los hechos; determinar responsabilidades y llevar a los tribunales a quienes estén incursos en la comisión de delitos de violación de los derechos humanos; procurar medidas de protección de los derechos humanos; e instar a los organismos internacionales a actuar, porque este sistema delictivo traspasa las fronteras del país. “El cambio debe producirse con una urgente declaratoria de emergencia de todo el sistema de justicia (TSJ, tribunales, sistema penitenciario y cuerpos de investigación)”, finalizó.

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