Mayra Alejandra Sierra C. /Prensa AN
(Caracas, 21/5/2020).- El diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur Rafael Veloz, integrante de la Subcomisión de Justicia de la Comisión Permanente de Política Interior, destacó que los trabajadores del Poder Judicial ratifican el respaldo al presidente encargado de Venezuela, y Juan Guaidó, “cuya finalidad es llevar al país a la normalización, al poder del voto, el poder del cambio y a la necesaria institucionalización” y a su vez, a la propuesta de Gobierno de Emergencia Nacional para restablecer la democracia y libertad del país.
En el foro denominado: “Análisis sobre la Suspensión de la Justicia en Pandemia”, el parlamentario invito a todos los abogados y trabajadores tribunalicios a trabajar en el Gobierno de Emergencia Nacional y recalcó que en el Estatuto de Transición se ha establecido para la administración de justicia la designación constitucional de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
Secuestrado acceso a la justicia
Comentó que el Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los sindicatos han expresado “dos elementos ante la Asamblea Nacional concernientes la administración de justicia “debe cumplir un rigor básico de flexibilización, en el entendido que el parlamento manifestó la usurpación del Poder Ejecutivo y Judicial por parte del régimen”.
Veloz, señaló que los empleados tribunalicios deben exigir que la flexiblización de la cuarenta incluya el ámbito judicial, “donde se le posibilite a los abogados a ejercer la profesión y a los venezolanos, el acceso a la justicia”.
Durante el encuentro virtual, recordó que también han acudido al parlamento a fin de “movilizar la conciencia y ejerza la presión debida para que los profesionales del derecho puedan ejercer su profesión”, a su vez, consideró “dramático” que el gremio de abogados en Venezuela padezcan los embates de la crisis económica.
Veloz alertó que magistrados, jueces y trabajadores del poder judicial no escapan de la profunda crisis socioeconómica y de emergencia compleja que existe en Venezuela, donde el 70% de los ciudadanos están en estado de pobreza y los servicios públicos básicos son inexistentes.
Para el parlamentario, el pasado 23 de diciembre del año 2015, se ejecutó la mayor perversión de actores de la administración de justicia con la designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes que conforman el TSJ ilegitimo, muchos de los cuales, afirmó están implicados en corrupción, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero”.
Por su parte, Emilio Negrín, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales, aseveró que la tutela de la justicia venezolana está “secuestrada” por el régimen usurpador que ha repercutido en una serie de hechos violatorios a la Constitución Nacional.
Denunció que los decretos emanados por el TSJ ilegítimo N° 001-2020, 002-2020, 003-2020 de este año 2020 en relación a la suspensión de actividades judiciales, cuyas atribuciones están expresadas en el artículo 267 de la Constitución, “se viola totalmente la normativa legal, quedando en desamparo la justicia y el ciudadano”.
Negrín propuso discutir una “Ley Especial” ante la AN, que permita reactivar “Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Poder Judicial, y la Comisión Judicial que permita el filtraje de los ingresos de personal en el TSJ y evaluar la situación del Poder Judicial venezolano y así a través de organismos internacionales podamos obtener ayudas necesarias para que los trabajadores tribunalicios puedan desempeñar su labor de la mejor manera posible”.
Por último, Jesús Vergara, Tesorero de la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela denunció que en estos tiempos de pandemia, la justicia venezolana está atravesando por una severa crisis “tanto su acceso como la naturaleza de la profesión del derecho”, porque sus salarios son indignos.
Hizo un llamado a los gremios de los funcionarios tribunalicios como abogados para establecer un mecanismo idóneo que permita la no paralización de la justicia como servicio público, “ya que no debe ser objeto de paralización porque atenta contra uno de los principios rectores de la carta fundamental como la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y el debido proceso”.
