Williams Dávila Barrios, diputado y presidente de la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional, planteó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debería dictar medidas provisionales que permitan resguardar los intereses de Venezuela ante la demanda interpuesta por Guyana por el territorio Esequibo.
A juicio del parlamentario, las concesiones de exploración y explotación petroleras, mineras y gasíferas otorgadas por el vecino país a transnacionales violan el Acuerdo de Ginebra y además afectan la contaminación de la zona. Sobre este tema, Dávila -responsabilizando a la dictadura de Maduro por el silencio cómplice ante estos hechos- agregó que además se está afectando la Agenda global 20-30.
Rememorando que Hugo Chávez avaló estas negociaciones encabezadas por Guyana, el portavoz opositor reclamó que "mientras no haya pronunciamiento sobre la validez o nulidad del Laudo Arbitral de 1989, Guyana no puede ejercer derecho soberano".
Sobre la medida planteada, el dirigente refirió que "perfectamente se puede solicitar ante la incompetencia del régimen (de Maduro) que no ha acudido a ninguna de las audiencias (de la CIJ) y en consecuencia nadie está defendiendo los derechos soberanos de Venezuela. La Comisión Mixta considera vital estas medidas provisionales para evitar que se siga deteriorando el ambiente en detrimento de la zona".
En relación al mismo tema, el portavoz del legítimo Poder Legislativo recalcó, con criterio nacionalista, su llamado a las empresas con intereses en la zona en reclamación. Subrayó, cómo han mantenido siempre, que sus inversiones no van a estar seguras ante la inexistencia de marco jurídico: "Creemos que debe haber una negociación entre Guyana y Venezuela a los fines de lograr acuerdos que satisfagan a ambas partes sin ceder la soberanía venezolana".
Asimismo, y cuestionando que "el primero que ha violado el Acuerdo de Ginebra es Guyana, sin respuesta de un gobierno democrático", Dávila señaló que esta controversia no es por un pedazo de suelo que le compete a la República, sino en defensa del territorio y los recursos naturales que pertenecen a las generaciones futuras. "No somos un país caribeño, es defender nuestra salida al Atlántico, pese a que la Fachada Atlántica nunca ha estado en controversia", apuntó.
