(París, Francia. 19 de agosto de 2019). Luego de las ponencias ante el Senado de Francia por parte del ex preso de conciencia Lorent Saleh, el abogado ante la Corte Penal Internacional, Juan Carlos Gutiérrez y la Embajadora de Venezuela en Francia, Enviada Especial del presidente interino Juan Guaidó, Isadora Zubillaga, dicha honorable institución, por impulso del Senador Olivier Cadic y su grupo, decidió promover una propuesta de resolución para fortalecer las sanciones adoptadas por el Consejo Europeo contra los responsables de violaciones de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela.
La propuesta, que será discutida una vez que el Senado reanude sus sesiones, va de conformidad con la Constitución de Francia, y busca apoyar a los Estados signatarios de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante 2014-2017.
Además, la proposición destaca el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, reportes de Amnistía Internacional de 2017 y 2018, el informe de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y DDHH en Venezuela y el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Grupo de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, remitido ante la Corte Penal Internacional.
Venezuela atraviesa una situación de deterioro en términos humanitarios, de democracia, derechos humanos, derechos sociales y económicos que ha despertado la atención del mundo. De acuerdo con Naciones Unidas, 94% de la población venezolana vive en la pobreza, lo que ha originado un éxodo masivo que se estima para 2020 en alrededor de 8 millones de venezolanos.
Por otra parte, según la ONG Cáritas Venezuela, 300.000 niños están en riesgo de morir de hambre. Adicionalmente, el país está experimentando un aumento de 70% en la mortalidad materna y 30% en la mortalidad infantil; mientras que 12% de los niños menores de 5 años presentan desnutrición.
También resaltan la violencia y la persecución como políticas de Estado. Amnistía Internacional señala que, entre 2016 y 2017, más de 6.515 personas fueron ejecutadas por la policía en el marco de la campaña de las OLP (Operación Liberación y Protección del Pueblo). Asimismo, desde 2014, 14.471 personas han sido detenidas por motivos políticos, de las cuales más de 850 siguen en prisión.
Solo en el primer trimestre de 2019, hubo 6.211 manifestaciones, unas 69 manifestaciones por día, con un número de víctimas elevado para ese mismo periodo: 51 manifestantes fueron asesinados por la policía o los grupos irregulares llamados colectivos.
A este contexto se suman las denuncias sobre corrupción, que de acuerdo con la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano da cuenta de 393.000 millones de euros en activos procedentes de corrupción surgidos en Venezuela durante 20 años de chavismo.
Cabe señalar que el pasado 18 de julio el Parlamento Europeo, en sesión plenaria, aprobó con 455 votos a favor una resolución sobre la situación en Venezuela en la que se reconoce y condena la profunda crisis humanitaria que se vive en el país, se respalda al gobierno interino del Presidente (E) de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y se señala al régimen de Nicolás Maduro como responsable de estos crímenes atroces que se cometen contra la población.
Por tal motivo, en dicha resolución se solicita al Consejo Europeo imponer nuevas sanciones a las autoridades “de facto” venezolanas responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, restringiendo los movimientos de dichas personas e inmovilizando sus activos y sus visados, así como los de sus parientes más cercanos.
En este sentido, y gracias a los esfuerzos emprendidos por alzar la voz sobre la situación de Venezuela, se ha logrado impulsar esta Propuesta de resolución en el Senado de Francia para reforzar las sanciones aplicadas por la Unión Europea, solicitar a las autoridades francesas que vigilen de los fondos de los sancionados y sus familias, además de posibles vínculos con el narcotráfico y terrorismo, y pedir al Estado francés que se una a los países signatarios del expediente remitido a la CPI, a fin de garantizar que los responsables de las violaciones de los DDHH sean condenados.
Proposición de Resolución:
