10.03.2021.- El día hoy se llevó a cabo la actualización oral del informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) y su respectivo diálogo interactivo. En septiembre de 2020 se le extendió el mandato a la Misión por dos años más para que siguiera investigando sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, para así determinar a los responsables.
El Comisionado para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, aseguró: “Las conclusiones siguen siendo claras, aun cuando el régimen niegue el acceso de la misión al país, en Venezuela se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos a gran escala y por tanto son crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la mirada cómplice de quienes usurpan el poder”.
Durante su intervención la presidente de la Misión, Marta Valiñas, señaló que esta actualización presentada corresponde a un trabajo realizado desde septiembre de 2020 y se espera que la Misión siga recabando información para construir “un cuerpo de información creíble para presentar al Consejo de DDHH en septiembre de este año y en 2022”. Asimismo, en dicha actualización aseguran que los comicios parlamentarios que tuvieron lugar el 6 de diciembre del pasado año fueron evaluados como ni libres ni justos tanto a nivel nacional, como internacional, y estos han generado un clima más álgido de represión y persecución política en contra de todos los que sean denominados opositores al régimen.
Asimismo, la FFM manifestó su preocupación por el secuestro del diputado Gilberto Sojo por funcionarios de las FAES, considerado grupo de extermino y cuya resolución ha sido recomendada en distintas ocasiones por el Alto Comisionado, y sobre el caso del diputado Juan Requesens: “Nos preocupa que el juicio del Sr. Requesens se celebre injustificadamente a puerta cerrada, lo que va en contra de los principios de transparencia y justicia natural”.
Por otro lado la Misión también señaló el caso del indígena pemón, Salvador Franco, quien fue detenido arbitrariamente en diciembre de 2019 y en palabras de la FMM “murió en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso después de que un tribunal ordenara que se le proporcionara dicho tratamiento”. También mencionó los casos del capitán Luis de la Sotta y el coronel retirado Oswaldo García Palomo, quienes se encuentran en un estado “frágil” de salud, “en condiciones de detención terribles y presuntamente siguen sometidos a tortura u otros tratos crueles”. Respecto al caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, la Misión informó que el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto la sentencia contra los dos responsables de su muerte y mientras el régimen "sigue procesando solo a funcionarios de bajo rango por esta muerte".
Marta Valiñas también aseguró que desde la publicación de su informe en septiembre de 2020, la Misión ha identificado 36 nuevos casos de presuntas detenciones arbitrarias, 9 de ellas han afectado a periodistas y trabajadores de la prensa, quienes han sido detenidos, acosados, se les ha cerrado su trabajo, han allanado sus oficinas y se les han confiscado sus equipos. “Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas”, comenta Valiñas; quien igualmente asegura que están investigando el caso de Roland Carreño.
“El concepto de "enemigo interno" del Estado parece ser cada vez más amplio. La Misión de Investigación está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la focalización en personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos”, enfatizó Valiñas para luego referirse a la persecución, acoso y detenciones de trabajadores de organizaciones no gubernamentales como fue el caso de la ONG Azul Positivo.
Asimismo, durante su intervención Valiñas aseguró que la FFM ha identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde comienzos de año; entre ellas comentan lo sucedido entre el 7 y 9 de enero en el sector La Vega, en Caracas: “las FAES llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más mortíferas hasta la fecha”, aseguró la presidente Valiñas.
En su primer informe la Misión identificó a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y a los perpetradores de los delitos de lesa humanidad. Esta espera seguir profundizando con las investigaciones "aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando". Asimismo, la Misión mencionó sus esfuerzos de más de un año para contactar al régimen y realizar inspecciones en terreno y el régimen ha hecho caso omiso.
Por su parte, Pizarro aseguró: “Hay una realidad material de violación de derechos humanos en nuestro país que no puede ocultarse, el mundo sigue observando la situación de los venezolanos y la única manera de atacar las consecuencias es concentrándonos en la causa de origen, el régimen de Nicolás Maduro. Además, es de suma importancia que las víctimas y sus familiares sean reivindicadas y consigan la justicia que tanto merecen”. Asimismo, a través de sus redes sociales el Comisionado agradeció a todos los países que se pronunciaron a favor de la lucha de los venezolanos.
