Prensa AN
(Caracas, 12-11-19).- La Asamblea Nacional (AN) advirtió que no serán reconocidos los contratos, autorizaciones y concesiones para explotación y comercialización del oro venezolano suscritos con el Poder Ejecutivo a partir del 10 de enero de 2019.
Asimismo, el Parlamento responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por las actividades de explotación y comercialización de este mineral perteneciente a la nación y acordó la creación de una comisión mixta para que, de manera conjunta con la Junta Administradora del Banco Central de Venezuela y la Procuraduría Especial de la Nación, investigue a fondo la situación.
El acuerdo se suscribió este martes durante el debate sobre la extracción y la economía ilegal de oro venezolano, en el cual el diputado Elías Matta precisó que Venezuela produce 60 toneladas de oro, unos 2.908 millones de dólares. Se preguntó en dónde está ese dinero que se está fugando del país. “Se lo llevan todo hacía Turquía y otros países, es un contrabando, un gran negocio para un pequeño grupo. Hemos trabajado este tema y estamos reduciendo muchas normas en una sola ley. Para ordenar esto proponemos una nueva ley de minas que ordene al sector y garantice la explotación responsable de la minería en Venezuela”.
Por su parte, el diputado José Prat informó de las afectaciones generadas por la explotación minera y la extracción ilegal. Habló de las reservas de oro del país, que hasta hace cinco años mantenía a Venezuela entre los primeros 15 países con mayores reservas. “Es una especie de buhonería la que se está haciendo con el oro. En Uganda aparecieron toneladas de oro venezolano cuyo destino final sería Turquía. En Aruba apareció otra cantidad que iba rumbo a Dubai, con empresas internacionales que comercializan oro de sangre (explotado en zonas en conflicto para financiar crímenes, promover guerras y violación de derechos humanos) que se extrae del estado Bolívar”.
Denuncian ecocidio y genocidio
Seguidamente, el diputado Freddy Valera indicó que el tema afecta fundamentalmente a la zona de Guayana. “Ese Arco Minero que resolvería los problemas económicos del país, y de la propia región, se convirtió en un fiasco que hace mucho daño a Bolívar, no solamente por el ecocidio, sino por la gran afectación de los bolivarenses que golpea a los parques nacionales, a las grandes reservas de agua y pone en peligro el sistema de represas, por su carácter depredador y criminal”.
Dijo que en el pasado la alternativa minera de Guayana estaba enfocada en otros minerales como el hierro, el aluminio y la bauxita. Pero la gestión de este gobierno la dejó en cero. Acusó a José Salamat Khan y Kliver Ostos por proyectar el Arco Minero, así como a Alex Saab, el de las bolsas de Clap, “Aparecen en el oro de Guayana también el general Juan Coraspe Carvajal, Victor Cano, Ricardo Forero Higuera y Eduardo Rivas, asentado en Guayana y que hace poco fue diputado del Legislativo regional, que se volvió un potentado de la noche a la mañana”.
También el diputado Manuel González expresó su punto de vista reconociendo a los mineros artesanales, quienes –a su juicio- han sido desalojados, desaparecidos y presos por el Gobierno. Han sido despojados de su territorio dejando hambre, pobreza y tristeza en el territorio. “Ocho años sin agua porque han sido contaminados los ríos con mercurio. Bolívar tiene grandes riquezas, pero no ha gozado de ninguna inversión social. Solo el exterminio de las comunidades indígenas. Las empresas colocadas por el gobierno están acabando con la zona”.
Rechazó, en nombre de los pueblos del sur, las acciones del régimen con la puesta del Arco Minero, que solamente los beneficia a ellos y a los chinos. “Es lamentable lo que pasa. Son nuestras minas y las defenderemos”.
El diputado del PSUV, Ángel Parica, también se expresó. “En los tiempos de la IV República eran los garimpeiros los que se hacían del oro en el país. Ahora se desarrolla una alianza minera con el pequeño minero. Pero un acuerdo, que esta AN en desacato aprobó el 5 de noviembre, propicia la ilegalidad y empeora la situación del minero”. Propuso que se nombre una comisión para trabajar sobre la situación.
Posteriormente habló el diputado indígena Rommel Guzamana lamentando lo que pasa en Venezuela en materia de minería. “Atacan a los propios venezolanos, permitiendo que los ilegales y la Fuerza Armada nos ataquen. Dejan que la guerrilla haga de las suyas en la región”- denunció.
Finalizó el debate el diputado Gregorio Graterol manifestando que en el país se violan hasta los derechos humanos ambientales. Informó que la Comisión de Ambiente, que preside, recibe semanalmente denuncias de ciudadanos que procuran las normas ambientales en beneficio del pueblo. “Pero no es solamente por el Arco Minero en el sur del país, sino por muchos arquitos en toda la nación que son otorgados por ministerios, alcaldías y gobernaciones sobre parques nacionales”.
En su opinión, además del genocidio de los pueblos indígenas se está perpetrando el crimen ecológico más importante conocido en el mundo. “Incansablemente hemos trabajado para derogar y desconocer las normas que el régimen usurpador adelanta para promover la minería ilegal. En Venezuela y el mundo no existe la minería ecológica. Tienen un ministerio de desarrollo ecológico y a la par entregan 112 mil kilómetros cuadrados de Bolívar y Amazonas en detrimento de los derechos ambientales de todos los venezolanos”-culminó.
