Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Caracas, jueves 17 de septiembre de 2020.- La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el marco del inicio del nuevo año escolar y la paralización de la educación que plantea tomar en cuenta la declaración ofrecida por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres, sobre dar prioridad a la apertura de las escuelas una vez se tenga controlada la pandemia, porque un cierre prolongado plantea el riesgo de una “catástrofe generacional”, advirtiendo que las decisiones que se tomen tendrán un impacto en niños y jóvenes, y en el desarrollo de los países.
El acuerdo establece así mismo como condiciones mínimas para el inicio del año escolar seguridad social y niveles salariales de los docentes que les permitan costear la canasta básica familiar y reactivación de las pólizas de HCM con la adecuación de la cobertura a la realidad inflacionaria.
Además, advierten que se debe garantizar el cumplimiento de atención sanitaria, mecanismos de protección de Bioseguridad y alimentación a los estudiantes y docentes durante la jornada escolar.
Destaca que se debe definir un programa de enseñanza y adaptaciones curriculares adecuado al contexto de emergencia nacional, a la pandemia y a las modalidades educativas a implementar a través de un sistema semipresencial reforzado con mecanismos virtuales de interacción.
Establece como prioridad la dotación de dispositivos, plataformas tecnológicas y garantizar el acceso a internet de los docentes y las familias para la interacción pedagógica de las comunidades escolares. Además del acondicionamiento y dotación de la planta física, así como la logística para el funcionamiento básico de las escuelas en todas las modalidades, con suministro de agua, electricidad, internet, instalaciones sanitarias, material y logística de bioseguridad.
Así mismo garantizar el transporte a estudiantes y personal educativo, así como el cumplimiento del requerimiento presupuestario de las universidades autónomas con estricto respeto a la autonomía universitaria.
El documento señala la conformación de una Comisión de Alto Nivel coordinada por la Subcomisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social de esta Asamblea Nacional, con participación de la Comisión Plan País, expertos de los sectores de salud y educación, académicos, gremios docentes, padres y representantes, y estudiantes; en tiempo perentorio a determinar por el parlamento para elaborar los lineamientos de un Plan de Rescate de la Educación Venezolana.
En el documento responsabilizan a Nicolás Maduro Moros de la falta de condiciones mínimas de salubridad, tanto para educadores, estudiantes, personal administrativo y obreros, como condición esencial para iniciar el año escolar y garantizar el derecho humano a la educación de niños y jóvenes, sujetos activos del proceso de desarrollo. Por la falta de dotación de herramientas tecnológicas (computadoras, teléfonos, instrumentos de conectividad a internet), necesarios para que puedan desarrollarse las actividades pedagógicas de manera efectiva y eficiente.
La Asamblea Nacional deja claro su rechazo del desconocimiento de la realidad educativa nacional, el anuncio irresponsable del usurpador Maduro de cambiar la denominación de las escuelas y convertirlas en “centros de asistencia pedagógica” así dictaminar el eventual llamado a clases presenciales el próximo mes de octubre bajo el esquema 7X7 sin garantizar las medidas de bioseguridad ni las condiciones mínima.
Finalmente se plantea que una vez constituido un Gobierno de Emergencia Nacional se va a impulsar el inmediato acondicionamiento de los planteles educativos en todo el país, para que cuenten con planta física adecuada y servicios básicos esenciales, todo lo cual permitirá la eventual reapertura de dichos centros de educación.
La educación está al punto de una catástrofe generacional
La presidente de la Sub Comisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, la diputada por el estado Lara, Bolivia Suarez, presentó el acuerdo a la plenaria este jueves 17 de septiembre, vía online, el cual fue aprobado por unanimidad.
La iniciar el debate la diputada Bolivia manifestó que el País se encuentra en incertidumbre ante los improvisados y contradictorios anuncios del usurpador Nicolás Maduro de dar inicio al año escolar en el mes de octubre bajo la denominación de “centros de asistencia pedagógica” como si el problema educativo se resuelve cambiando el nombre a las escuelas y liceos.
“Anteriormente había anunciado que las clases iniciarían el 16 de septiembre, luego en enero del 2021, que convocaría una consulta nacional sobre el estado de la infraestructura educativa; Finalmente anunció el llamado a clases en el mes de octubre bajo el disfuncional esquema 7X7; obviando el tema salarial de los docentes y sin garantía de condiciones mínimas de infraestructura, tecnología y medidas de bioseguridad para el personal.”
Se preguntó la diputada Suarez, ¿Habrá dispositivo en la entrada de los planteles para la toma de temperatura, desinfección y lavado de manos? ¿habrá gel antibacterial o por lo menos agua y jabón? ¿Garantizaran dotación de mascarillas? ¿habrá luz, internet, computadoras y teléfonos inteligentes?
“Cuanta improvisación -dijo- Pretenden iniciar actividades escolares en instituciones carentes de servicios básicos, aun así, convocan a todo el personal, a padres y representantes y estudiantes; obviando el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad, sabiendo que la situación generada por la COVID-19 expone la vida de todos, con el agravante que los docentes ni siquiera cuentan con una póliza HCM acorde a la realidad inflacionaria del País; que les garantice atención médica oportuna y de calidad”.
Advirtió que la irresponsabilidad del régimen en el manejo de la pandemia lleva a niveles extremos la crisis del sistema educativo, colocándonos al punto de una catástrofe generacional tal como lo señala la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Ante esta situación estamos obligados a levantar nuestra voz de protesta y realizar propuestas, por eso apoyamos la iniciativa del pacto unitario por el derecho a una educación democrática y de calidad, para impulsar entre otras acciones: La aprobación de una ayuda humanitaria bono para nuestros maestros y personal de educación. Procurar la cooperación técnica, educativa y financiera internacional para hacer frente a la crisis educativa”.
Finalmente manifestó la diputada larense que este acuerdo permitirá generar propuestas y denunciar ante el país y al mundo la destrucción a que el usurpador Nicolás Maduro somete a la educación en Venezuela y ratificó que la única salida a esta crisis es la conformación de un gobierno de emergencia nacional que abra las puertas a la democracia y a la libertad.
Maduro robo la contratación colectiva de los docentes
La diputada por el estado Vargas Ana Mercedes Aponte, afirmó tajante que en Venezuela no hay condiciones para iniciar el año escolar, ni presencial, ni a distancia, porque las escuelas se encuentran deterioradas, no cuentan con los servicios básicos de agua y electricidad.
Por otra parte, aseguró que las familias no tienen acceso a internet y los que tienen el servicio es deficiente, en su mayoría no tienen computadoras, ni teléfonos inteligentes.” La luz se va a cada rato, muchos de los estudiantes vendieron sus Canaima para comprar comida”.
En cuanto a los docentes reveló que Maduro les robó su contratación colectiva, nunca la cumplió. “Adeuda desde el mes de mayo de 2018 a septiembre del 2020, 280 por ciento de aumento salarial y si a eso le sumamos la recurrencia estaríamos hablando de cerca de 700 por ciento que el régimen les adeuda a los docentes. Para la solución de estos y otros problemas del país urge un cambio político, a través de un Gobierno de Emergencia Nacional”.
Está agonizando la educación en Venezuela
La diputada Rosa Petip, por su parte dijo que la educación en Venezuela siendo un derecho fundamental garantizado en la Constitución Bolivariana, carece de políticas públicas adecuadas. La Asamblea Nacional a través de la Sub Comisión de Educación, acompañada por gremios, académicos, universidades, padres y representantes, sociedad civil organizada y estudiantes, viene alertando sobre la crisis humanitaria compleja en materia educativa, sobre las condiciones de infraestructura, dotación de recursos mobiliarios, tecnológicos, de aprendizaje, entre otros.
Señaló que se ha hecho énfasis en las condiciones insuficientes e indignas del salario de los educadores, los encargados de formar a los profesionales de Venezuela. “Se necesita un sacudón que le ponga un parado y se le diga ya basta Nicolás Maduro, hasta cuando seguimos así. Venezuela ya no aguanta más. Sus pilares están débiles, está agonizando la educación en Venezuela “.
Indicó que, ante esta situación precaria del sector educativo, ahora el régimen pretende irresponsablemente, sin tomar las medidas y las mínimas condiciones, convocar a clases presenciales atentando con la salud de los docentes estudiantes y padres y representantes, por la COVID-19 y menos aplicar el programa educativo a distancia, cuando fue un fracaso este plan para culminar el período escolar 2019-2020.
Sugirió que se inicie el año escolar en el mes de enero del 2021 y se dignifique la profesión docente y la de toda la administración pública con salarios dignos y justo. “Venezuela necesita un cambio ya que se inicia por su educación “.
Una nueva contratación colectiva
Por su parte la diputada por el estado Aragua Amelia Belisario presidenta de la Comisión de Medios de la AN, exigió calidad educativa, que se cumplan con todas las deudas que se han asumido con el magisterio.
Planteó la firma de una nueva contratación colectiva que se pueda velar con la seguridad social de los educadores, implementar el PAE al 100 por ciento de la población estudiantil, atender con urgencia los servicios tecnológicos tanto para los docentes, como para los escolares.
“Esta es la única forma de atender la educación a distancia esa es la responsabilidad del Estado, porque está en juego es el futuro de nuestros hijos y con eso no se juega. Las familias ahora tienen que subsidiar la responsabilidad del Estado, sin contar con los recursos y herramientas para atender la educación a distancia.
