Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Caracas, martes 21 de abril 2020.-La Asamblea Nacional en Sesión ordinaria este martes, aprobó un Acuerdo donde se declara la nulidad absoluta, desde su origen, de la Resolución del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico número 0010, de fecha 7 de abril del 2020 publicada en Gaceta Oficial 6526 de fecha 8 de Abril del 2020.
Asimismo oficiar a las Naciones Unidas, sobre el riesgo de destrucción que recae sobre un bien, Patrimonio Natural de la Humanidad como es El Parque Nacional Canaima.
De igual forma, el Acuerdo establece solicitar investigación y sanciones para el Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto Blanco; para el presidente de la Corporación Venezolana de Minas, M/G. Carlos Osorio; Viceministra de Exploración e Inversión Ecominera, Magaly Enríquez; para la Gerente de Encadenamiento e Industrialización de la Corporación Venezolana de Minas.
El texto indica oficiar a la Organización de Estados Americanos, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, Grupo de Lima, Comunidad Europea, tratado de París sobre Cambio Climático, sobre la amenaza de etnocidio y ecocidio que el régimen de Nicolás Maduro representa para los bienes naturales de la humanidad, pueblos ancestrales, la seguridad de los connacionales, la amenaza de desertificación de vastas zonas de territorio Venezolano que afectarán ineludiblemente el Amazonas, el clima y la vida de la región.
En este sentido, el diputado Carlos Andrés González quien inició el debate indicó, que la referida resolución traerá gravísimas consecuencias en cuanto al ambiente y a los ecosistemas situados en esos ríos, así como el desplazamiento de las comunidades indígenas, producto de la explotación de esa zona con grúas mecánicas.
Otro de las consecuencias expuestas por el parlamentario, es la sedimentación que desencadena ese tipo de actividad minera, ya que los sedimentos se depositaran al final en la represa del Gurí, trayendo como consecuencia la disminución de la energía hidroeléctrica que esta produce.
De igual forma, la navegación por el Delta del Orinoco será afecta por la sedimentación, por lo tanto, González solicitó la nulidad absoluta de la Resolución 0010 y condenó la decisión de Maduro en seguir explotando la Amazonía venezolana para seguirse beneficiando de sus riquezas en desmedro del ambiente.
Al finalizar su participación, el diputado solicitó ante la plenaria que se realicen las averiguaciones correspondientes al ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Alberto Pinto Blanco, por haber generado esta resolución contraria al interés nacional.
Régimen desarrolla actividades criminales en contra de los pueblos indígenas
En este mismo orden de idea, intervino el diputado Américo De Grazia desde el exilio, quien aseveró que es un saqueo lo que se está cometiendo al sur del Orinoco con el “Arco Minero de la Muerte”.
“Ese instrumento y adefesio jurídico creado por el usurpador Nicolás Maduro para saquear y apropiarse del oro, diamantes, coltán, torio y el uranio, con el fin de usarlo para financiar grupos terroristas, bandas armadas delincuenciales, con el propósito de inducir al holocausto a nuestros pueblos indígenas, que hoy levantan su voz desde el río Caura, desde el Alto Caroní, desde el Alto Paragua por la resolución 0010”.
De Grazia solicitó ante la AN, sea llevada a instancias internacionales todas las denuncias para que el mundo conozca la actividad criminal que desarrolla el régimen en contra de los pueblos indígenas, introduciendo elementos como el de los terroristas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Hezbolá, y Hamás, con grupos que han tomado por asalto, todos los sectores mineros que operan, el sur del Orinoco, la Amazonía venezolana y en el Delta del Orinoco, alertó.
Indicó que los 10 principales Parque Nacionales en Venezuela y más de 33 etnias indígenas, están siendo afectados por el holocausto que significa el “Arco Minero de la Muerte” condenándolos a enfermedades endémicas y a la recolonización, así como el pago de tributos en oro para poder acceder a servicios de transporte aéreo por ejemplo.
“Nuestra voz no cesara en este empeño por construir un referente distinto no solo para cambiar la jefatura de Estado sino también, para cambiar el modelo productivo en Venezuela que ya no pude seguir siendo extractivista, ni el petrominero, debemos hacer una reinvención, una reingeniería de la productividad de nuestros país” finalizó.
198 comunidades indígenas obligadas a dejar su forma de vida tradicional
La diputada Yolibel Guacaran denunció que en el estado Bolívar son más de 198 comunidades indígenas que se han visto obligadas a dejar su forma de vida tradicional producto de la explotación de la minería ilegal en sus zonas.
Aseveró que en se ha incrementado la prostitución y el esclavismo, así como el trabajo infantil y otros delitos de etnocidio.
Régimen de Maduro profundiza los crímenes de ecocidio
Para finalizar el debate, tomó la palabra, la presidenta de la Comisión de Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, Maria Gabriela Hernández, indicó que la Resolución 0010 lo que va a acarrear es la profundización de los crímenes de etnocidio y ecocidio que se suscitan al sur de Venezuela, por la minería ilegal y están amparados por la dictadura del usurpador Nicolás Maduro.
En tal sentido, la parlamentaria aprobó ante el Parlamento la nulidad absoluta de la referida Resolución y de igual forma, oficiar a las Nacionales Unidas sobre el riesgo de destrucción del Parque Nacional Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad, e informar a los países aliados a la democracia de la ejecución y la amenaza de la profundización de los crímenes de ecocidio que provoca la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
