Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Caracas, martes 27 de abril 2021.- La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó este martes en sesión ordinaria llevada a cabo vía on line, un Acuerdo donde se instruye a la Comisión de Justicia y Paz para incluir como tipos penales en la legislación interna a otros graves delitos ambientales como variantes del crimen organizado y se gestione lo conducente para que Venezuela contribuya a la adopción del crimen de Ecocidio, como crimen de lesa Humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en apoyo a la propuesta de Vanuatu y Maldivias ante la Asamblea de Estados partes de las Naciones Unidas.
El Acuerdo fue propuesto por la presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Parlamento Nacional, diputada María Gabriela Hernández, quien indicó que el texto instruye al cuerpo diplomático y demás representantes del Gobierno Encargado, como primer punto, representar a Venezuela en las distintas cumbres y reuniones preparatorias donde se debata la Acción por el Clima y expongan los peligros en el que se encuentra nuestro patrimonio ambiental.
En segundo lugar, realizar las gestiones necesarias para que Venezuela pueda optar a los programas de asistencia y de financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental y la inserción en los modelos de economía verde o sustentable.
Asimismo, realizar las gestiones necesarias para formar parte de la Convención de Minamata sobre el Mercurio, el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y del Pacto de Leticia por la Amazonia.
De igual forma, alentar y promover en la comunidad científica y académica de Venezuela, organizaciones ambientales y de Derechos Humanos, en niños y jóvenes, y sociedad civil, la educación y acción por el clima, la organización por su preservación y defensa como patrimonio ambiental de los venezolanos de todas las generaciones.
A través del texto, solicitan instruir al Comisionado Presidencial contra Terrorismo y Crimen Organizado, Carlos Paparoni y al Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, para que se investigue, se instruya, se sancionen y se lleven a la Justicia de ser justiciables sus acciones a las personas naturales y jurídicas relacionadas con las empresas:
1- Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas, (CAMIMPEG, (CAMIMPEG) [decreto 2.231, Gaceta Oficial 40.845]), adscrita al Ministerio Popular para la Defensa.
2.- Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (Emasproforn), creada según Decreto N° 4.391 publicado en Gaceta Oficial Nº 42.032 del 22 de diciembre de 2020, la cual está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Asimismo, se investigue con todos los recursos de inteligencia disponibles, el comercio y uso de mercurio en territorio venezolano.
