Caracas - Venezuela
octubre 28 2021 / 1:11 a. m.

AN legítima rechazó nueva medida del régimen de querer imponer una reforma judicial y penitenciaria

Fecha: 20/07/2021

Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.

El pleno de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional (AN), este martes, aprobó un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la nueva medida del régimen de querer imponer una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello, con el objeto de contrarrestar los efectos de las denuncias ante la Corte Penal Internacional.

El documento presentado por la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, así mismo, exige a la comunidad internacional seguir implementando medidas de presión sobre el régimen venezolano que permitan visibilizar las masivas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, a través de documentos, informes y medidas sancionatorias individuales.

Parcialidad judicial

El diputado Williams Dávila, presidente de la referida instancia legislativa, reiteró la denuncia sobre la parcialidad del sistema judicial y el deterioro de la independencia de los Poderes Públicos, que están sometidos al Poder Ejecutivo usurpador y los rigores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de la dictadura esgrimidas por la oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH de la ONU; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y la Comisión Internacional de Juristas de América Latina.

A su juicio la reforma judicial y penitenciaria propuesta por el régimen “es una respuesta política” que hace la dictadura de Nicolás Maduro ante las denuncias sobre los delitos de lesa humanidad que han sido emitidas por la Corte Penal Internacional y como parte de una estrategia que pretende demostrar que funciona el sistema judicial de forma independiente y parcial en Venezuela.

“La dictadura nombra esta comisión donde establece que tiene 60 días para presentar los resultados, comprometiéndose que resolverán las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos. En Venezuela hay 75 mil presos, de los cuales 40 mil están en esos calabozos bajo la figura de detenciones preventivas sin juicio”, comentó Dávila quien a su vez, señaló que el régimen no tiene la capacidad ni la voluntad para resolver el problema de hacinamiento y retardo procesal.

Denunció que el régimen convirtió las cárceles venezolanas en “centros de corrupción y negocios ilícitos y precisó que en el año 2020, se registraron 292 muertes de presos, de los cuales 194 fueron de desnutrición y tuberculosis y señaló que actualmente no poseen información precisa sobre los casos de contagios de COVID-19 en las cárceles.

En la sesión realizada vía online, el diputado Guillermo Palacios tildó de “payasada” esta sexta reforma del Poder Judicial que lleva adelante la dictadura en estos 20 años, pues según carecen de las características fundamentales de un Poder Judicial al servicio del Estado de Derecho como es ser: “Independiente y autónomo”. Por el contrario, vaticinó que será nuevamente un fracaso institucional, pero con intenciones totalitarias que busca controlar y poner al servicio de los intereses políticos de la dictadura.

Seguidamente, la diputada Tamara Adrián, denunció que después de 22 años, se padece las consecuencias de la desinstitucionalización del Poder Judicial que consistió que los jueces de carrera fueron sustituidos por jueces bajo la figura de libre nombramiento y remoción, por lo cual ocasionó paulatinamente el colapso del sistema judicial de manera indefectible” y aseguró que es una labor titánica y una necesidad urgente reconstruir el sistema administración de justicia.

Repartirse cuotas de poder

En este punto, de igual manera, se contó con la intervención de la parlamentaria María Beatriz Martínez, quien opinó que esta supuesta sexta reforma judicial gestada por el chavismo-madurismo, solo de sirve para “cortar cabezas, a los que no le son cómodos o no se cuadren en sus estructuras corruptas de mercaderes de la justicia” y añadió que con este anunció del régimen pretende “lavarse la cara y tratar de huir de todas las denuncias de delitos de lesa humanidad que se han presentado ante instancias internacionales”.

“¿Cómo es eso, qué es Maduro, el que dispone quién y qué debe ser reformado? en un poder que debe ser llamado a tener autonomía y cuya independencia está garantizada en la Constitución”, inquirió la parlamentaria quien aseguró que esta reforma profundizara la crisis, la persecución de la disidencia y el debacle del sistema judicial y penitenciario del país.

Martínez acusó a Cilia Flores y Diosdado Cabello de repartirse las cuotas y dependencias del poder judicial con este tipo de medida, recordando que ambos personeros de la dictadura han sido señalados de estar involucrados en actos de corrupción y narcotráfico por la justicia internacional.

Culminó, la legisladora Deyalita Aray, vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, aseveró que el sistema carcelario durante estos 20 años de dictadura se ha caracterizado por “tragedia, desastre, retardo procesal, enfermedad, violación de derechos humanos, hacinamiento, venganza contra la disidencia y muerte”, además afirmó el anunció de la reforma del Poder Judicial no permitirá que los “verdugos de los venezolanos” paguen por sus delitos.

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