Prensa AN
(Caracas, 22 de octubre de 2019).- La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que “rechazan las pretensiones del régimen usurpador de Nicolás Maduro de otorgar minas de oro a las gobernaciones” adeptas y a los “mal llamados protectores de los estados”, argumentando que estos recursos pertenecen al pueblo venezolano y con esta acción se engrosara la corrupción que ha caracterizado al modelo económico socialista del régimen usurpador, además de ser un acto inconstitucional y violatorio de la Ley de Minas.
El acuerdo señala que esta decisión que tiene por objeto abrir una fuente nueva de recursos para gobernadores y protectores de los estados, solo continuará haciendo daño a economía nacional y a la ecología del estado Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, porque el régimen no tiene límites, control, ni principios de eficiencia y trasparencia.
El texto aprobado considera una burla que se anuncie que estos ingresos por concepto de explotación minera serán invertidos en salud, educación, transporte y alimentación, luego del derroche petrolero que tiene sumido al país en la peor crisis de sus historias debido a la pésima administración de los recursos.
Los diputados advierten a las empresas nacionales y extranjeras que aspiren participar en estos proyectos ilegales que, al cese de la usurpación, no serán reconocidas las concesiones ni los contratos otorgados por régimen para desarrollo actividad minera.
Finaliza el acuerdo haciendo un llamado al pueblo venezolano a participar en manifestaciones pacíficas de calle con miembros de la AN para logar conjuntamente con la presión internacional para el cambio político en Venezuela
Kilos de sangre en manos de un régimen hambreador
Inicio el debate sobre este polémico anuncio del pasado 17 de octubre el diputado por el estado Bolívar, Richard Yasser, quien en nombre de su bancada rechazó contundentemente “la decisión del usurpador de instalar en Bolívar 24 minas más para extraer el oro de los venezolanos”, señalando que el estado minero más importante de Venezuela está siendo devastado por esta actividad
Precisó que del Arco Minero se sacan más de 2000 mil kilos de oro mensuales, para enriquecer a grandes mafias, que llevan muerte al pueblo de Guayana. “Son kilos de sangre en manos del régimen hambreador”, que no han traído ningún progreso al pueblo de Guayana, porque volvieron enfermedades erradicadas, además de estar ya sometidos por la FARC, el ELN, los sindicatos y el sistema.
William Dávila, diputado por el estado Mérida, esgrimió su rechazo a la decisión del régimen señalando que con ella se busca destruir totalmente la voluntad soberana del pueblo, pues crearon figuras ilegales como la de los “protectores” en los estados donde ganó la oposición, a quienes les transfieren recursos, desconociendo la soberanía de la mayoría voto contra ellos.
Cuestionó que ahora se pretenda crear una corporación para adjudicar las minas. “Allí veremos una gran corrupción porque además no conocen de descentralización, ya que su única arma es la politiquería barata”. Aseveró que solo los mueven motivaciones electoralistas para quitarles a los gobernadores electos las competencias que les corresponde en el desarrollo económico y social del país.
Cajas chicas para la corrupcion
El diputado Manuel González consideró lamentable que el Estado pretenda entregar las minas a gobernadores, cuando no conocen de esta actividad, advirtiendo que la convertirán en cajas chica de corrupción, como pasa hoy con la explotación de los minerales. Rechazó que se pueden entreguen estas concesiones mineras, “tranquilamente sin pasar por la AN que debe aprobar estos convenios con gobernadores”.
Deyalitza Aray recordó que el régimen de Maduro maneja los intereses la nación como bodega particular olvidándose estos mecanismos requieren planificación y control apegándose a los esquemas legales que amerita un acto de tanta trascendencia económica
Enfatizó que así como destruyeron y arruinaron PDVSA, ahora hablan de diversificar la economía con estos actos ilegales. Sin embargo fue tajante al señalar cuando llegue el gobierno democrático investigaran parar hacer que devuelvan el dinero robado a los venezolanos y no permitirán que vuelva un gobierno como
Por su parte, el diputado el estado Bolívar, José Rafael Hernández, aseguró que no podrán quitarle a la AN su carácter contralor sobre cómo administraran este oro, por lo cual estarán vigilantes y “será ustedes responsables de que algunos gobernadores vayan presos por ladrones”.
Francisco Sucre calificó la intención de Maduro como un nuevo intento de terminar de tomar por asalto las ruinas de la institucionalidad en Venezuela, argumentando que pretender entregar a dedo las minas de oro contraviene 8 artículos de la constitución y varios de la ley de minas.
Señaló que buscan avanzar con un modelo fracasado llamado Socialismo Siglo 21, bajo el cual al país le han dejado de ingresar tras el desastre de corrupción socialista, 61 mil millones de dólares por venta de petróleo y de eso las regiones han debido recibir por situado casi 21 mil millones, “y ahora dicen que esta medida inconstitucional ayudara a las regiones”.
Un acuerdo no puede ilegalizar una decisión administrativa
Señalando que la AN no tiene facultades para establecer la ilegalidad de un acto administrativo, como lo es el otorgamiento de las minas, Juan Marín diputado del PSUV por Guárico, sentenció que ni siquiera estando fuera del desacato el órgano legislativo puede establecer la ilegalidad de la decisión a través de un acuerdo, recordándole a los parlamentarios que su función es solo de control.
Cuestionó a la oposición, acusándola de buscar boicotear la reconstrucción económica y social del país. “Tenemos fundamentos legales constitucionales y razones económicas para desarrollar alternativas innovadoras alterno al modelo rentista petrolero”.
Finalmente la diputada del PSUV por Cojedes, Nosliw Rodríguez , contrastó que la Asamblea ha negado todos los decretos de emergencia, además de pedir bloqueos y sanciones y cuando Maduro toma iniciativa para salir adelante,” como la de otorgar las minas a los estados la rechazan”
Señaló que Maduro busca recursos adicionales para que lleguen de manera directa a gobernaciones y a la población, además de tener la potestad de decidir quién explota esas minas.
