Durante el debate de sesiones de la Asamblea Nacional sobre el saqueo del “oro de sangre” por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro, el diputado Francisco Sucre, señaló que el oro que está siendo vendido hoy es financiado por la corrupción y contraviene la legislación nacional.
“Hoy tenemos que alzar nuestra voz y decirles a estas empresas, a los gobiernos fronterizos de Venezuela que ese oro que está siendo vendido ilegalmente por la dictadura está financiando la corrupción y contraviniendo legislación nacional en materia de extracción de este precioso mineral. Los minerales que tenemos en el estado Bolívar no pueden estar manchados de sangre”
Recordó que este es el quinto acuerdo que se presenta en el Parlamento en relación al desastre ecológico que se ha creado con la explotación del Arco Minero del Orinoco y que fue declarado nulo con la aprobación de la Ley de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético e Hidroeléctrico del Sur del Orinoco en la Amazonia Venezolana.
El parlamentario rechazó que más del 50% de las 500 mil personas que trabajan en las minas en el Sur del estado Bolívar sean menores de edad y además repudió el incremento de abusos sexuales de niñas y adolescentes, así como la destrucción de casi 3.000 kilómetros cuadrados de bosque, todo desde que se aprobó el decreto del Arco Minero del Orinoco, en el año 2016.
“Vemos cómo se están destruyendo bosques que están en áreas protegidas comprometiendo la soberanía energética de Venezuela y la cuenca del Río Caroní que es nuestra principal fuente hidroeléctrica”.
El diputado Francisco Sucre, recordó el artículo 127 de la Constitución Nacional donde se establece la preservación de los recursos naturales de la nación, a través del desarrollo de un ambiente sano. “Asumimos con responsabilidad institucional, seguir enfrentando lo que está sucediendo que es el ecocidio más grande del planeta en el Arco Minero del Orinoco y que ha avanzado inclusive a nuestros parques nacionales”
Finalmente aseveró que urge conformar el Gobierno de Emergencia Nacional el cual tiene entre sus prioridades garantizar la viabilidad energética de la nación y revertir el ecocidio. “La minería no puede seguir siendo sinónimo de muerte, pranes, guerrillas, crimen organizado. La minería debe ser sinónimo de progreso, desarrollo y seguridad energética para el futuro de todos los venezolanos”
