Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Dinorat Menessini C/Foto: Arles Arcia
(Caracas, miércoles 09 de octubre de 2019=.-El diputado Alfonso Marquina, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, informó este miércoles que el índice inflacionario para el mes de septiembre se ubicó en 23,5%, mientras que la acumulada enero - septiembre es de 3.326%.
En cuanto a la interanual que, corresponde desde octubre del año 2018 hasta septiembre 2019, ya está en 50.000%, indicó.
El parlamentario detalló que la inflación por rubro es mayor en el sector de medicina y de alimentos y de bebidas no alcohólicas.
“En el mes de septiembre la inflación en el rubro de medicina se ubicó en 46,2% mientras que en el sector de alimento y de bebida no alcohólica es de 42,6%”.
Aseveró que el país tiene una economía dolarizada, porque al subir el dólar los precios de los productos se alzan, en este sentido dijo que más del 90% de los venezolanos destinan todo su ingreso para medio comer y otros a la compra de medicinas.
“En Venezuela el gobierno que tenemos está sometiendo al pueblo a pasar hambre, producto de una galopante hiperinflación lo que lleva al deterioro de la calidad de vida y la capacidad de compra de sueldos y salarios”.
El representante del estado Lara añadió que las importaciones públicas han bajado drásticamente debido a la caída de la producción petrolera porque la empresa estatal Petróleos de Venezuela “fue liquidada por la corrupción de Rafael Ramírez y el gobierno de Nicolás Maduro”.
“Hace 20 años Venezuela producía más del 70% de lo que consumíamos, es decir, nosotros éramos capaces de autoabastecernos en el rubro de alimentos en más de un 70%, mientras que el otro 30%, que no producíamos, se importaba con las mismas divisas de excedentes de producción por bienes agrícolas”.
Sobre el pago del capital del bono Pdvsa 2020, señaló que en los próximos días esta por vencerse, agregando que el presidente (e) Juan Guiadó, en conjunto con la Asamblea Nacional, tienen un compromiso de proteger los activos de la República y a su vez horrar aquellas deudas que legal y constitucionalmente fueron contraídas.
“Esas conversaciones están avanzadas, pero además de lograr una licencia o una orden ejecutiva que los proteja, también se está buscando un consenso con esos acreedores para evitar caer en las manos de los fondos buitres”, apuntó Marquina.
