Caracas, martes 05 de mayo de 2020.-La diputada María Beatriz Martínez, integrante de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, señaló este martes en Sesión ordinaria, que lo ocurrido en el Centro Penitenciario Los Llanos (CEPELLA) en el estado Portuguesa el 01 de mayo del presente año, fue una masacre.
Indicó que bajo ningún aspecto, se puede caer en la falsedad y en la mentira que se ha intentado imponer sobre una supuesta fuga de presos que fue frustrada.
De igual forma, aseveró que hay una gran incertidumbre sobre cuantos y quienes fueron los “asesinados” y mucho menos los heridos, porque no existe un listado oficial.
Martínez señaló que el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC),
Douglas Rico ha estado desde el primer día en el lugar de los acontecimientos y no ha hecho algún pronunciamiento oficial, así como tampoco el gobernador de esa entidad, Rafael Calles.
La parlamentaria aclaró, que en el CEPELLA había una protesta porque los reclusos tenían hambre y no les estaban llegando los alimentos que les llevaban sus familiares.
Para resolver la situación, estaban mediando tanto el director del penal como el responsable de la seguridad, General de Brigada, Chacón Paz, “Estos funcionarios estaba mediando incluso, negociando con el “pran”, porque el CEPELLA forma parte del nicho de las mafias del pranato que lamentablemente se impone en el sistema penitenciario de Venezuela y esa realidad no puede ser obviada”.
Dijo que la verdad tiene que salir pero que hasta este momento no hay un pronunciamiento oficial, por el contrario, “lo que hay es un silencio cómplice, una autoría material de una masacre y una autoría intelectual que es responsable del asesinato constante y continuo de los privados de libertad”, alertó.
Martínez sostuvo que además del rechazo absoluto y contundente por parte del Parlamento Nacional sobre la masacre en el CEPELLA, le solicitó a la representación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Venezuela y al Comisionado para los Derechos Humanos, Humberto Prado, así como a los integrantes de la Comisión de Política Interior de la AN, determinar con claridad la verdad para establecer las responsabilidades. “La violación de los derechos humanos no prescriben y más temprano que tarde tienen que pagar”.
Centro penitenciario albergaba 2.500 reclusos y su capacidad es de 750
Entre tanto, la diputada Olivia Lozano informó que desde la Comisión de Política Interior están atinando todos los mecanismos para apoyar el legítimo reclamo de los familiares de los fallecidos.
Resaltó que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa, expresó que las personas responsables de lo ocurrido en el centro penitenciario CEPELLA, deben rendir cuenta a la justicia.
Olivia advirtió que la capacidad del referido centro es para 750 internos, pero había una hacinamiento de 2.500 reclusos. “Cómo no pueden ocurrir estos hechos, sin servicios, sin agua, sin comida y mucho menos atención judicial y social. Estamos comprometido hacer justicia”.
Al mismo tiempo, se refirió a las personas capturadas en las últimas horas comprometiéndose a actuar en búsqueda de los mecanismos de presión internacional que contribuyan a la justicia en un país carente de la misma.
“Podrán seguir mintiendo, pero es evidente que Maduro no tiene el control del país, por lo tanto, urge tener un gobierno de emergencia nacional para darle estabilidad a Venezuela”, dijo.
Por su parte la diputada Ana Mercedes Aponte, informó que los privados de libertad iniciaron una protesta exigiendo la entrega de los paquetes y la comida que sus familiares le hacían llegar a través de los funcionarios de seguridad del recinto penitenciario encargados de recibirlos, pero los mismo fueron retenidos por estos.
“La protesta fue justa, pero cual fue la respuesta del régimen, acribillarlos, masacrarlos, asesinar a esos ciudadanos venezolanos, en vez de resguardar su integridad física, la vida de estos ciudadanos”.
En este sentido la diputada Aponte consideró que hoy más que nunca urge la necesidad de la conformación de un gobierno de emergencia nacional para ayudar a solucionar los problemas carcelarios del país.
“Esta fue una masacre y demuestra el fracaso del régimen usurpador”
La parlamentaria Zandra Castillo, asevero que la duda embarga tanto a los habitantes del estado Portuguesa como a los familiares de los internos del penal porque no se sabe que ocurrió el viernes 01 de mayo, donde quedaron sin vida 50 privados de libertad, según información.
Sin embargo, la parlamentaria indicó que las imágenes, los videos y las pruebas hablan por sí solas, asegurando que el mal manejo de la política carcelaria y el hacinamiento en las cárceles no se pueden ocultar. “Esta fue una masacre y demuestra el fracaso del régimen usurpador”.
Expreso que la dictadura no cuenta con la capacidad de respuesta en los centros de salud para atender a los heridos, porque carecen de instalaciones dignas e insumos adecuados.
Dijo que la Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación y pidió abrir una investigación de manera exhaustiva sobre lo ocurrido.
Denuncio que las versiones dadas por algunos funcionarios adscritos al referido centro penitenciario no son reales.
Para finalizar, tomó la palabra el parlamentario, Denncis Pazos, resaltando que el venezolano no puede acostumbrarse a una noticia donde se informa el fallecimiento de 50 privados de libertad porque presuntamente se querían escapar por la puerta principal del recinto penitenciario luego de un motín, señaló.
“Eso no ocurre ni en las películas de Hollywood ni en ninguna parte, por lo tanto nosotros queremos que aquí haya justicia y no quede la impunidad como está acostumbrada esta revolución.
Indicó que la gestión de la Ministra Iris Varela, ha violado los derechos de los privados de libertad.
