Caracas viernes 18 de diciembre de 2020.-La Asamblea Nacional aprobó en Sesión extraordinaria llevada a cabo este viernes vía online y presencial, un Acuerdo para presentar ante la Corte Penal Internacional una comunicación acompañada de la recopilación de información relevante que coadyuve a la superación del examen preliminar para que se dé inicio a la investigación correspondiente. Todo ello, como componente esencial durante la evaluación de admisibilidad que realiza la Fiscalía.
Asimismo, el texto señala velar por el interés superior del pueblo venezolano en aras de continuar promoviendo la protección universal e indivisible de los derechos humanos.
El documento exhorta a los parlamentos del mundo a impulsar el mecanismo de justicia universal para sancionar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad ante la falta de disposición por parte de las autoridades competentes en el país.
El Acuerdo insta a los parlamentos del mundo a impulsar el mecanismo de justicia universal para sancionar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad ante la falta de disposición por parte de las autoridades competentes en el país.
La diputada por el estado Miranda, Delsa Solórzano quien presentó el referido Acuerdo, aseveró que la Asamblea Nacional presidida por el Presidente (e) Juan Guaidó la han pretendido extinguir y ahorcar desde el momento que fue electa en el año 2015 bajo un legítimo proceso electoral y en ese sentido, dijo que eso constituye una violación a los derechos humanos, pero a su vez indicó, que cuando esa violación de derechos humanos se hace en contra de un grupo político o una población determinada por pensar diferente constituye un crimen de lesa humanidad previsto en el Estatuto de Roma.
Asimismo, aseveró que otro crimen de lesa humanidad es cuando se somete a una población al chantaje, como por ejemplo “el que no vota, no come”, constituyendo este último en un crimen de exterminio, resaltó.
“También es un crimen de lesa humanidad cuando el Estado asesina a sangre fría a su gente porque simplemente se atrevieron a levantar su voz, cuando se tortura y se comenten tratos crueles, inhumanos o degradantes, de igual forma cuando hay prisión política. En Venezuela hay cerca de 400 prisioneros de conciencia a la fecha de hoy, el catálogo de crímenes de lesa humanidad que se comenten en Venezuela es tristemente cada vez más largo”, advirtió.
Afirmó que en el país no hay forma real de hacer justicia porque los órganos de administración de la misma están secuestrados por la usurpación que encabeza Nicolás Maduro.” Hoy no hay independencia del poder judicial y de ninguno de los organismos vinculados a la persecución criminal en Venezuela”.
Solórzano manifestó que por lo tanto, en este caso opera de manera clara desde todo punto de vista la investigación que por estos crímenes tiene que hacer la Corte Penal Internacional. Añadió que la Comisión Especial de Justicia y Paz encargada de los temas de transición la cual preside, en conjunto con diputados de la AN, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, se han dedicado a la investigación, documentación y a su vez, remitir a los organismos internacionales todos los expedientes de violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
Para finalizar su intervención, la parlamentaria aseveró que en Venezuela no hay posibilidad real de que se realicen las investigaciones correspondientes y se alcance la justicia, resaltó.
El diputado por el estado Mérida William Dávila tomo la palabra y resaltó la aprobación del Acuerdo, en este sentido dijo que el verdadero acusador es la humanidad, las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por órdenes de Maduro y funcionarios del Estado. “Eso no puede quedar impune, aquí tiene que existir justicia universal, lamentamos que no se haya avanzado lo suficiente y que la fiscal no decida la investigación formal para encausar a los responsables de los crímenes cometidos en el 2014 en Venezuela”.
Catalogó de lamentable que no se haya hecho referencia precisa de todos los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad como el asesinato y otros actos inhumanos y degradantes, evidentes en las prácticas de los funcionarios de los cuerpos policiales y dictatoriales represivos del país, organismos criminales como el FAES y el CICPC, resaltó.
Señaló que en las condiciones actuales no es posible que el régimen y su poder judicial inicien las investigaciones, impute los autores, los procesen y los castiguen, “esperemos que la Fiscalía Internacional tome en cuenta las expectativas de todo el pueblo venezolano y la comunidad internacional”.
