Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Caracas, 12 de abril de 2025.- La crisis económica que atraviesa el país es producto de la apropiación indebida, por parte de quienes ostentan el poder, de los recursos de todos los venezolanos. Así lo denunció la legítima Asamblea Nacional, durante el debate suscitado en torno al irregular comportamiento de la economía, cuyos efectos dramáticos se ven a diario en la población.
Diputado Caridad: “La crisis económica de Venezuela tiene nombres y apellidos”
El diputado Ángel Caridad dio inicio al debate responsabilizando al régimen de Nicolás Maduro de promover la “apropiación indebida y el saqueo sistemático de los recursos del país”, situación que “ha sumido a la nación en la más absoluta pobreza, con más del 80% de su población en situación de vulnerabilidad, millones de migrantes forzados y una economía colapsada”, dijo, al asegurar que esto no es producto de bloqueos ni de sanciones.
“Esta crisis tiene nombres y apellidos. El régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en un botín, utilizando a discreción los recursos del Estado, sin transparencia, sin control institucional ni rendición de cuentas. Se han aprobado presupuestos sin control legislativo, entregado contratos multimillonarios sin licitación y desviado fondos públicos hacia redes de corrupción nacionales e internacionales. Además, empresas del Estado como PDVSA han sido saqueadas, quebradas y usadas como caja chica de una élite que se enriquece mientras el pueblo pasa hambre”, enfatizó Caridad.
A su parecer, la dolarización de facto, la destrucción del salario, la pérdida del poder adquisitivo, la hiperinflación y el colapso de los servicios públicos, son consecuencia directa de esa mala gestión, la corrupción estructural y el secuestro institucional. “Y lo más grave es que los recursos que pertenecen a todos los venezolanos han sido usados para sostener una estructura de represión, control social y propaganda, en lugar de atender la salud, la educación y el desarrollo económico”. Por ello, insistió en que la AN legítima tiene la obligación de seguir denunciando, documentando y combatiendo estos crímenes contra la economía nacional; “y exigir justicia, impulsar mecanismos internacionales de recuperación de activos y fortalecer alianzas con factores democráticos del mundo que respalden el rescate de la institucionalidad y la reconstrucción económica de Venezuela”.
Diputada Murillo: “Persiste la falta de información y hay total opacidad en el manejo del erario”
Por su parte, la diputada María Concepción Murillo señaló que la profundización de la crisis económica durante los últimos meses surge tras el desconocimiento, por parte del Consejo Nacional Electoral y del resto de los poderes públicos, de los resultados del pasado 28 de julio, situación que ha generado una presión importante sobre el orden constitucional, electoral, democrático y económico. Al igual que su colega Caridad, la diputada Murillo precisó que persiste la falta de información y hay total opacidad en el manejo del erario. “El acceso a las leyes de presupuesto nacional y de endeudamiento público, así como a los informes de PDVSA se interrumpió en 2016. Sólo se dispone de resúmenes parciales de cuentas nacionales y de balanza de pago hasta el primer trimestre de 2019”.
Asimismo, expuso que la implementación de medidas como la ley de Extinción de Dominio permite declarar extinguido, de forma expedita, el derecho de dominio sobre bienes que hayan sido adquiridos mediante corrupción, delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, la calificó como “una ley verdugo, un instrumento de persecución política que pretende ser aplicado en ausencia de un sistema de contrapesos institucionales y de ausencia del Estado de Derecho”. A esto sumó el recién aprobado decreto de Emergencia Económica que, dijo, no marcará diferencia alguna con lo que el país ha experimentado en los últimos 25 años. “El régimen pretende nuevamente abusar y desviar los escasos recursos de los venezolanos. Este instrumento autoriza al régimen a adoptar medidas como suspender la aplicación y cobro de impuestos en todos los niveles de la administración, en detrimento de los diferentes niveles políticos territoriales; a suspender la aplicación de las exenciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación; a concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas; y a redireccionar los recursos disponibles de la gestión de institutos públicos y demás organismos. Por supuesto, dentro de este ámbito de desinformación, podrá autorizar contrataciones que considere necesarias y erogaciones con cargo al Tesoro que no estén previstas en el presupuesto anual”, explicó la diputada.
También rechazó el hecho de que, con dicho decreto, el régimen pueda dictar normas que autoricen operaciones de crédito público y reprogramaciones que no estén previstas en la ley de endeudamiento. “Esto no puede más que empeorar el pronóstico y exacerbar el temor en la población de una nueva devaluación del bolívar. Luego de 25 años de mala gestión y uso indebido de los recursos del pueblo, pretenden concentrar aún más los pocos recursos que quedan. Los resultados serán más que evidentes: más pobreza, más hiperinflación, más migración forzada y de una economía devastada”, dijo finalmente.
Diputado García propone comisión amplia para recuperar dinero de la corrupción
Finalmente, el diputado Ismael García reiteró que la crisis económica que vive el país es producto de la corrupción y no solo de las sanciones impuestas a la industria petrolera. “Quienes administran la hacienda pública y la han administrado, recibieron durante los primeros 14 años un billón 500 mil millones de dólares. Es una cifra que se dice fácil, pero es demasiado grande. Después de la Segunda Guerra Mundial, la recuperación de la Europa Oriental se hizo con 240 mil millones de dólares”, dijo, al preguntarse qué hicieron por el país quienes hoy siguen ostentando el poder. “100 mil millones de dólares supuestamente fueron invertidos en el sistema eléctrico y se los robaron”, enumeró al recordar la debacle del Sistema Eléctrico Nacional.
Asimismo, señaló que las administraciones Chávez – Maduro acabaron con el sistema de salud público y con el sistema educativo y la muestra está en el deterioro de todas las instalaciones hospitalarias y en los planteles educativos, sin contar con los depauperados sueldos y salarios. “Un maestro o un profesor universitario gana 200 dólares y la gente se sorprende, dice que es mentira. Todo el país lo fueron acabando y lo acabó la corrupción y los corruptos que hoy están en el poder”, acotó. Se preguntó dónde está Tarek El Aissami que, según Nicolás Maduro, se robó 27 mil millones de dólares, y dónde está el dinero estafado, pues allí hubo un daño patrimonial.
De igual manera, denunció que este régimen se robó los resultados de la elección del 28 de julio, así como se robó los sueños de millones de venezolanos que migraron buscando oportunidades y calidad de vida. “Hablar de corrupción en Venezuela es hablar de todos y cada uno de ellos. La mayoría está solicitada por corrupción o por narcotráfico por la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida o un gran jurado de Nueva York. La corrupción es la causante de la crisis en Venezuela. La tarea que tenemos por delante es rescatar al país para que haya un cambio. La presión internacional debe continuar y Venezuela tiene que ser libre. Hoy Venezuela está pegada contra las cuerdas y vienen momentos mucho más complejos, pero Venezuela va a ser libre”. Por ello propuso que cuando se formalice el cambio, lo primero que tendrán que hacer el presidente de la República, Edmundo González Urrutia y el parlamento, es designar una comisión amplia que recupere todos esos capitales y que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
