(Caracas, 9 de abril de 2019).- La Asamblea Nacional aprobó, durante la Sesión Ordinaria de este martes, el informe sobre la masacre perpetrada contra el pueblo Pemón, ocurrida entre el 20 al 25 de febrero del presente año, cuando intentaba ingresar la Ayuda Humanitaria al país, en Santa Elena de Uairen, estado Bolívar, donde hubo 7 fallecidos y 80 desaparecidos.
El documento fue presentado por la presidenta de la Comisión de Política Interior, Dennis Fernández, y realizado en conjunto con la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario.
La diputada Fernández denunció que en la zona actuaron “fuerzas irregulares” junto a efectivos de la Guardia Nacional, presuntos paramilitares, funcionarios del FAES y de la Dgcim. Recordó que los organismos de seguridad del Estado tienen el deber de proteger a la ciudadanía, y ello no ocurrió en este caso en el estado Bolívar.
Destacó que la comisión que preside se reunió con la comunidad Pemón, cuyos miembros le relataron lo allí vivido. “Algunos hablaron con miedo a nosotros, los diputados que estuvimos allí presente. Fuimos para que sepan que la Asamblea Nacional está con ellos, no están solos”.
Indicó que hubo una arremetida del presidente Maduro contra un pueblo inocente generando que aproximadamente 120 desplazados que huyeron para no ser masacrados.
Asimismo, y como consecuencia de esta situación, denunció que 651 estudiantes de primaria están a punto de perder el año por el cierre de frontera, mientras que “80 pemones permanecen desaparecidos”.
La parlamentaria exigió aplicar la justicia en este caso, y respetar la constitución y los derechos a los indígenas. Exhortó, además, al Ministerio de la Defensa resguardar las zonas indígenas de acuerdo a sus costumbres y retirar las fuerzas irregulares que están en la zona.
Igualmente refirió que alertan a la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo con la comunidad indígena en cuanto a la violación de sus derechos, y denunciar ante parlamentos indígenas el quebrantamiento de la constitución, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ante la Corte Penal Internacional (CPI), a cuyo organismo remitirán el informe correspondiente.
El diputado Omar González, dijo que dicha masacre “demuestra de lo que es capaz el usurpador Nicolás Maduro y su camarilla en el sentido de permitir que sus socios, los guerrilleros paramilitares, los chinos, los rusos puedan saquear nuestros recursos naturales. Él permitió tanquetas contra los pemones, usaron armas de guerra que dejó saldo de 7 indígenas asesinados, mas de 70 heridos y casi un centenar de indígenas detenidos y torturados”.
A su juicio, este ataque lo que busca es desalojar por la fuerza a los pemones, sembrar el terror para que le dejen el territorio y puedan explotar los recursos el oro, diamante y coltan.
Recordó que Venezuela es uno de los países con mayor diversidad de etnias en peligro de extinción y el que presenta la mayor crisis migratoria. “Esta calamidad ahora se le suma a los indígenas pemones, cuya población se calcula en unos 30 mil, que habitan desde tiempos inmemoriales ese territorio y, luego de esa masacre, tratan de que se desaloje el Roraima para explotar los recursos naturales”.
Por su parte, el diputado Franklin Duarte señaló que los colectivos armados los llevó el gobernador Justo Noguera para atacar al pueblo Pemón. “Él es responsable directo de los asesinatos y debe haber justicia”.
El debate lo concluyó el diputado Romel Guzamana, quién reclamó justicia en este caso. “Los derechos humanos de los indígenas no los han respetado, menos ahora que estamos en una dictadura, donde persiguen a los indígenas y los están matando”.
Instó al gobierno a que deje de matar a los pueblos indígenas, “es necesario que la clemencia llegue y se acabe con el asedio y la matanza contra esta comunidad”.
Refirió que este es el segundo informe que realizan denunciando esta irregularidad ante los organismos internacionales, “ya se envió uno a la ONU, a la Alta Comisionada Michell Bachelet, pero a ella parece que no le duele los derechos humanos”.
