Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
(Caracas, 01/10/20).- El Parlamento venezolano condena la violación sistemática de los derechos humanos, sociales, político y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen usurpador de Nicolás Maduro, que han sido constatado en los recientes informes realizados por la Misión de Verificación de Hechos de la ONU y por la oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet. De igual forma, exigen a la justicia universal proceder a juzgar a los responsables de los delitos descritos en ambos documentos.
Durante la sesión ordinaria online, la cámara legislativa se refirió al caso de la operación Gedeón, donde la diputada Yajaira Castro, pidió el derecho de palabra revelando que en la Subcomisión de DD.HH de la AN, han recibido graves denuncias del mencionado hecho ocurrido a principios del mes de mayo de este año en las playas del estado Aragua y Vargas, donde fueron asesinadas 8 personas y resultaron varios heridos.
«Estos miembros de la Operación Gedeón, se les violaron sus derechos humanos y quedo evidenciado que las victimas sufrieron tratos crueles e inhumanos», afirmó.
Por tal razón, solicitó al presidente Juan Guaidó, el permiso para un derecho de palabra a Wilmer Azuaje exdiputado y coordinador de Derechos Humanos adscrito a la Comisión de Relaciones Exteriores de la presidencia encargada de Venezuela, quien ha venido denunciando y documentando este caso.
«Quisiéramos que los resultados de esta investigación arrojados hasta este momento sea del conocimiento de esta Asamblea Nacional y del pueblo venezolano», subrayó Castro.
Masacre a miembros de la operación Gedeón
Inmediatamente, el exdiputado Wilmer Azuaje ante la Cámara legislativa, presentó las pruebas criminalísticas de las torturas y ejecuciones extrajudiciales a miembros de la «operación Gedeón» a la cual tildó de «masacre» la cual fue planificada y financiada por la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro, que logró crear un falso positivo y cometer esos crímenes de lesa humanidad.
«Fueron ejecuciones extrajudiciales. Fueron torturados en vida. Sus cuerpos fueron arrastrados, presentan escoriaciones y moretones. Los cuerpos fueron colocados simétricamente luego de ser acribillados. Fueron disparos fijos, en la sien, en el corazón y el pecho», afirmó quien a su vez desmintió la hipótesis de un supuesto enfrentamiento contra las FAES.
Azuaje inició la presentación mostrando los videos de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, quienes admiten que tenían previo conocimiento de la operación Gedeón y en algunas oportunidades brindaron la logística de las reuniones que realizó el grupo.
«Esto evidencia que la operación siempre estuvo infiltrada como lo confesó Diosdado Cabello en unos de sus programas y además de esto, financiada por el régimen de Nicolás Maduro», acotó y a su vez, reiteró que las versiones del régimen no coinciden con las 482 fotos y videos que lograron recopilar.
El funcionario del gobierno encargado anunció que el informe científico, técnico y criminalístico será entregado a la Asamblea Nacional y de igual forma, será presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Alta Comisionada de DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, como pruebas de los innumerables crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo la mirada de Nicolás Maduro.
«El mundo tiene que conocer cómo la estructura criminal de Nicolás Maduro, masacra a su pueblo cometiendo crímenes de lesa humanidad. No hay respeto a la vida», aseveró.
Criminalización a la protesta
Por su parte, el diputado Héctor Cordero, presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, reiteró que la actualización del Informe de la ONU, consolida lo ya conocido por el mundo y Venezuela, que el régimen de Nicolás Maduro, «es un violador de los derechos humanos, es su política de Estado» que usa los cuerpos de seguridad para reprimir y perseguir a ciudadanos que ejercer su derecho legítimo de protestar pacíficamente y disentir contra la usurpación.
Asimismo, denunció que «se ha profundizado la presencia de colectivos armados paramilitares afectos al régimen, como factores de represión y persecución; que marcan las casas de las personas que protestan, hostigan en las redes sociales y en sitios públicos; e intimidan a los ciudadanos que salen a las calles a exigir garantías de sus derechos humanos y constitucionales».
Cordero aboga por la instauración de un gobierno de emergencia nacional que se encargue de concretar unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, verídicas y reponga el respeto de los derechos humanos, sociales y políticos de los venezolanos.
Consideró que la Asamblea Nacional «debe ser la guía y un factor de cambio en búsqueda del bienestar de los venezolanos».
