(El Tocuyo, 02/08/21). Dos son las víctimas asesinadas por presuntos funcionarios del FAES y CICPC, en el municipio Morán del estado Lara, sector La Coqueta y caserio Palo Verde, luego de un supuesto operativo de allanamientos por parte de los organismos de seguridad del Estado, que, de acuerdo al relato de familiares, llegaron a las casas sin orden judicial, bajo el esquema de la amenaza y acabaron con la vida de dos jóvenes en el Tocuyo.
El Bloque Parlamentario de la Asamblea Nacional legítima, por el estado Lara, se trasladó hasta el lugar para constatar los hechos, donde estuvieron presentes los diputados Edgar Zambrano, Guillermo Palacios y Macario Gonzáles, en representación.
Edwin Alexander Pérez Parra (24) asesinado el 8 de julio y Keimert José Flores Gutiérrez (24) asesinado el 13 de julio. Ambos deportistas y padres de familia. Sus allegados, aún con la incertidumbre de no saber el motivo real de estos sucesos, cuentan que estas actuaciones lideradas por los mencionados cuerpos de seguridad del municipio, han ocurrido en otras oportunidades. Ante el temor de presentar la denuncia por ser “amedrentados” observan que tal situación se ha hecho norma.
“El jueves 8 de julio a eso de las cuatro de la mañana, llegó una comisión del FAES aproximadamente 40 funcionarios golpeando la puerta. Irrumpieron en mi casa, sector La Coqueta entre calles 10 y 9, nos sacan a mi esposa, yerna y nietos, nos llevan a la población de Palo Verde y nos dejan allá abandonados. Se queda dentro de la casa mi hijo Edwin y a las 6 de la mañana, cuando pudimos llegar de nuevo aquí ya habían asesinado a Edwin, lo matan a tiros en el patio de la casa”, relató Edgar Pérez, padre de Edwin Alexander.
El caso de Keimert Flores, responde básicamente al mismo patrón, su esposa Scarlin Castillo, da testimonio de lo que ocurrió en su presencia, la de su cuñada y su bebé de meses de nacido, también en horas de la madrugada, cuando una comisión del CICPC llegó a su casa “tumbando la puerta de una vez”.
“Ellos entran buscando a Keimert, cuando él escucha los gritos se logra esconder. Me encuentran en el cuarto con el bebé y mi cuñada de 13 años y empiezan a preguntarme que dónde estaba, yo le decía él no está, él no está. Me insultaban, me daban en la cara, me agarraban, me golpeaban en la boca. Mientras nos tienen en el cuarto, entra el comisario y llama a tres funcionarios de los que andaban, da la orden que tumben todo y al levantar el mueble lo encuentran, empiezan a golpearlo con un bate de madera, le daban duro”.
“A él lo mataron a batazos”
Scarlin aseguró que su esposo Keimert Flores, quien además cumplía funciones dentro del servicio militar venezolano, fue víctima de un brutal enseñamiento “lo golpeaban con un bate de madera en la cabeza, eran golpes y golpes”, contó que cuando empezó a sangrar, hubo un momento donde no se movió más, no hablaba, mientras a ella, los funcionarios lograron sacarla de la casa con su bebé y cuñada. “A él lo mataron a punta de batazos, le destrozaron la cabeza, porque nunca se oyó un disparo, fue horrible”, dijo.
Ambas familias coincidieron que el abuso y el atropello por parte de los organismos de seguridad, no sólo quedó en evidencia con las ejecuciones extrajudiciales cometidas, sino también con el robo de sus enseres, comida, bombonas de gas, ropa, zapatos y otros artículos que se llevaron con el allanamiento dentro de sus hogares. “Se llevaron todo, comida, ropa, zapatos, herramientas”, denunciaron.
Justicia y la posibilidad de que estos sucesos no queden impunes son las peticiones de los familiares de las víctimas, ante la comisión del Parlamento Nacional, pues a su juicio los uniformados operan en estos caseríos de El Tocuyo, con total autodeterminación y beligerancia.
Bloque Parlamentario elevará los hechos a instancias internacionales de DDHH
La denuncia fue recibida por la comisión de parlamentarios que acudieron al lugar para sustanciar los hechos y elevar el respectivo informe a la plenaria de la Comisión Delegada del Poder Legislativo, así como a instancias internacionales de DDHH.
"Las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el municipio Morán de Lara, constituyen una violación flagrante de los DDHH, por ello haremos todas las actuaciones correspondientes a fin de que haya justicia en el país", sustentó el Bloque larense.
