Dinorat Menessini C/Foto:Julio Rojas
(Caracas, viernes 12 de abril 2019).-El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, diputado Miguel Pizarro informó que el Proyecto de Ley de Garantías Laborales en el Cese de la Usurpación, será un instrumento de lucha de estabilidad para los trabajadores quienes están siendo objeto de persecución y amedrentamiento por parte del régimen.
Estas declaraciones fueron dadas por el parlamentario, en la instalación formal de la Consulta Publica llevada a cabo este vienes en el salón Simón Rodríguez en edificio administrativo de la Asamblea Nacional, actividad que estuvo acompañada del diputado Rafael Veloz y Servando Carbone, coordinador Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, además de representantes de centrales sindicales, corrientes laborales y movimientos sindicalistas de base.
Pizarro aseveró: “este instrumento de Ley es para que usted que está en la administración pública y tiene temor de manifestarse, temor ante la persecución, perder su puesto de trabajo y estabilidad, sepa que aquí en el Parlamento hay una Ley discutida. El inicio de esta consulta pública es para protegerlos y si en el marco de la lucha por el cese de la usurpación, el patrono que hoy usurpa el poder decide romper la relación laboral a través de una calificación de despido, con esta Ley se podrá revertir ese proceso, cuando arranque la transición”.
El diputado señaló que el debate del Proyecto de Ley de Garantías Laborales debe darse en la calle y los dirigentes sindicales, gremiales deben ir a cada portón, puesto de trabajo y ministerios para informar que existe una Ley que les protege y una herramienta de lucha para protestar y alzar la voz.
Indicó que se contará con el instrumento final, la última semana de abril para que dicha Ley sea aprobada ante la AN en paralelo al 01 de mayo del presente año. “Eso es lo que estamos aspirando como fecha y como objetivo político, para que ese día no sea una movilización tradicional, sino una movilización motivada por un instrumento dado por el Presidente (E) Juan Guaidó y la AN para los trabajadores.
Entre tanto, el parlamentario Rafael Veloz e integrante del Parlasur recordó que la AN aprobó en primera discusión el referido Proyecto de Ley el cual consiste en garantizarle a los trabajadores del sector público y privado, los derechos civiles, económicos, sociales y laborales, cuando el régimen atente contra su derechos laborales.
En este sentido, dijo que el sistema de los poderes públicos que actualmente está construido, no actúa en defensa de los derechos de los venezolanos, por el contrario, persigue y criminaliza la protesta, alertó.
Por lo tanto, sugirió que la Asamblea Nacional debe establecer un mecanismo donde una oficina pueda registrar, sustanciar y decidir todos aquellos actos que ejerza el patrono en represión contra los trabajadores que en el ejercicio de la protesta sean perseguidos.
Asimismo informó que la Ley también establece el reguardo de todas aquellas personas que laboran en los medios de comunicación, en caso que se le realicen sanciones por ejercer su derecho a comunicar lo que esté sucediendo en las protestas.
Finalmente, Servando Carbone, coordinador Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Publico, manifestó que entre el 12 y el 26 abril se hará el periodo de consulta para que a finales de este mismo mes la AN apruebe la Ley de Garantías Laborales.
“Este instrumento protegerá a todo trabajador del sector publico que quiera defender la democracia y la libertad y a todo aquel que haya sido despedido por cuestiones políticas. Lo vamos a reconocer, lo vamos a reinsertar, esto se hará al cese de la usurpación”.
Carbone expresó que ante los múltiples atropellos contra los trabajadores, se ha tenido que recurrir a una ley de protección de la administración pública para defender la Constitución, los Derechos humanos políticos y sociales.
Al mismo tiempo, el coordinador Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público le hizo un llamado a todas las plataformas en conflictos, centrales sindicales, federaciones y sindicatos para difundir dicha Ley. ”Todos tienen derecho de opinar porque es un instrumento de lucha contra el gobierno opresor”.
