Parlamento Legítimo venezolano, este martes, aprobó Proyecto de Acuerdo que rechaza categóricamente la supuesta llamada “revolución judicial” del sistema de justicia venezolano. Así como, la ilegitimidad de origen que caracteriza la anunciada reforma legislativa impuesta por la dictadura de Nicolás Maduro.
En el Acuerdo, exigen que se apliquen el Protocolo de Minnesota para la investigación exhaustiva, transparencia e independencia “sobre muertes potencialmente ilícitas que han ocurrido hasta ahora en el país”.
Los diputados exhortan a Consejo de DD.HH de la ONU, a mantener un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas de la grave violación de derechos humanos ocurridas en el país hasta que se restablezca la institucionalidad en Venezuela.
De igual forma, el texto expresa que tal como lo ha recomendado la Comisión Internacional de Juristas, exigen el respeto de los derechos humanos y los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial, así como con las decisiones y recomendaciones de diferentes órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de DD.HH.
Ofensiva jurídica-política del régimen
La diputada Deyalitza Aray, vice-presidenta de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional (AN), tachó de “inaceptable” la reforma del sistema de justicia, pues a su juicio estos primeros 60 días transcurridos por la comisión designada por el régimen no ha logrado “liberar el hacinamiento desbordante en las cárceles del país, no es posible, porque aquí no hay un tipo de sistema, que corrobore los estándares internacionales que permita un diagnostico exhaustivo y verdadero para realizar la reforma que se requiere”.
Argumentó que esto ocurre debido a que este “régimen ha demostrado su incapacidad para defender el Estado de Derecho” y afirmó que existe “politización e injerencia del Poder central y de la autoridad para la administración a la justicia, con gravísimas violaciones de los derechos humanos, entre las cuales mencionó, la falta de garantía y respeto por la vida.”
A criterio del diputado Williams Dávila, presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, la ofensiva “política-jurídica” que desarrolla el régimen dictatorial de Nicolás Maduro busca “proyectar el principio de complementariedad positiva de cara a la visita del Fiscal de la CPI, Karim Khan a Venezuela y tratar de eludir sus responsabilidades ante la justicia internacional”.
Por ende, explicó que este Proyecto de Acuerda busca echar por tierra “ese principio de complementariedad positiva que desarrolla Maduro”, que condujo a que la espuria AN aprobará la reforma judicial a través de cinco leyes y a su vez, en un lapso de 60 días, se comprometían a eliminar el retardo judicial. Sin embargo, lo que ha ocurrido es el traslado de presos políticos a cárceles comunes.
Dávila reiteró que la independencia judicial no existe en Venezuela y recordó que los responsables de los delitos de lesa humanidad en Venezuela, tendrán que rendir cuentas ante la justicia nacional e internacional.
La parlamentaria Aray, pidió la autorización del presidente Guaidó para escuchar el audio de un familiar de un preso, que por razones de seguridad no quiso identificarse, quien arremetió contra el “Tribunal Supremo de Justicia chavista, tildándolo de “pésimo” y denunció las irregularidades en el “plan cayapa carcelario”.
