(Caracas, 20/10/20).- Los parlamentarios durante la sesión ordinaria, rechazaron de manera categórica el “patrón sistemático de violación de derechos humanos”, que está instaurado en el país, por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro, contra los venezolanos dignos que luchan por el restablecimiento de la democracia y libertad del país; por ende, reiteraron que los responsables de cometer estos “hechos aberrantes”, calificados jurídicamente en el artículo 7 del Estatuto de Roma como “crímenes de lesa humanidad”, serán enjuiciados ante la Corte Penal Internacional.
Aprobado Acuerdo
En virtud de ello, el órgano unicameral aprobó un Acuerdo que contempla: Exhortar el cese inmediato de las atrocidades ejecutadas por el régimen usurpador de Nicolás Maduro en contra de los miembros del Consejo de Defensa Judicial, su secretario y familiares; denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones cometidas en el estado Guárico durante las protestas sociales; y exigir la inmediata liberación de todos los privados de libertad por ejercer su derecho a manifestar pacíficamente y sin armas.
De igual forma, solicitan visita “in loco” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, verificado por el panel de expertos de la Organización de Estados Americanos; a su vez, exhortan al régimen de Nicolás Maduro el cese de los atropellos y arbitrariedades contra la población
La petición también incluye que la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuyo mandato ha sido prorrogado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a documentar estas nuevas violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades individuales que de ellas se derive.
Durante el debate sobre la violación de derechos humanos, represión y persecución de dirigentes políticos y ciudadanos manifestantes, las parlamentarias Delsa Solórzano y Adriana Pichardo repudiaron la violación a la propiedad privada con allanamientos violentos, ilegales e inconstitucionales en contra de los miembros del Consejo de Defensa Judicial y embajadores legítimos del Gobierno Interino, así como también de sus familias.
En ese sentido, se refirieron al caso del padre de David Natera, a quien agentes del Sebin allanó su vivienda por 7 horas y estuvo retenido por varias horas durante un presunto interrogatorio.
“Estos hechos graves de represión, de igual manera, están ocurriendo con otros ciudadanos específicamente, los miembros del Consejo de Defensa, donde ellos y sus familiares están siendo sometidos a persecución, simplemente por asumir un cargo –público- para la defensa y protección de los intereses de la patria”, comentó la diputada Delsa Solórzano presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz.
Los diputados exigieron el fin del acoso y persecución de los miembros del Consejo de Defensa Judicial Alejandro Gallo, Romer Rubio, Arghemar Pérez, Jonathan López, Freddy Orlando y David Natera y de dos integrantes del equipo diplomático: Rafael Domínguez y Estefanía Meléndez.
Procedimientos arbitrarios
La legisladora Solórzano subrayó que la represión, secuestro, persecución, allanamiento, perdida del Estado del Derecho, clandestinidad, “son prácticas consuetudinarias” de las fuerzas de seguridad del régimen para intimidar a la población venezolana, que levanta su voz, a través de las protestas pacíficas exigiendo respeto a su vida y sus derechos humanos.
En la sesión virtual, instó a los funcionarios militares y policiales ponerse de lado de la Constitución y les recordó que sí continúan acatando órdenes del régimen usurpador para reprimir al pueblo tendrán que verse con la justicia.
Reiteró que la calidad de vida de los venezolanos, mejorará hasta que salga el régimen usurpador de Nicolás Maduro del poder.
Observatorio de DD.HH monitorea protestas
Mientras que, la diputada Adriana Pichardo, presidenta del Observatorio DD.HH de la Asamblea Nacional, denunció las detenciones arbitrarias a la dirigencia política y la persecución y asedio al personal médico ocurridas en los estados Guárico y Yaracuy, durante estas últimas semanas, que han proliferado masivas protestas sociales en estas regiones.
Aseguró que desde el observatorio de DD.HH estarán monitoreando la situación de las protestas y la persecución a la dirigencia política en todos los estados del país, que volvió a Venezuela como un patrón sistemático de violación de derechos humanos.
Pichardo denunció que tras la publicación y presentación del informe de la Misión de verificación de hechos de la ONU, el régimen persiste en su política de irrespeto a la Constitución, al Debido Proceso, y sobre todo, a los derechos humanos.
Para finalizar, el primer vicepresidente de la AN, diputado Juan Pablo Guanipa se solidarizó con los ciudadanos venezolanos que han sido víctimas de persecución política y respaldó el ejercicio del derecho constitucional a la protesta como accionar para expresar su disconformidad con lo que ocurre en el país.
